Frente común de las telecos contra Telefónica para que Bruselas regule los conductos
Las operadoras alertan en una carta a la Comisión de la “remonopolización” y piden que la ley Digital fije unos alquileres justos
Los principales operadores de telecomunicaciones que operan en España han conformado un frente común ante la Comisión Europea para solicitar que la futura Ley de Redes Digitales (Digital Networks Act o DNA) garantice la regulación del acceso a las infraestructuras físicas de Telefónica. En una carta enviada el 15 de abril de 2026, y a la que ha tenido acceso EL PAÍS / Cinco Días, los directivos de estas compañías expresaron su preocupación por el tratamiento de los mercados donde no ha emergido una competencia efectiva, subrayando que el acceso a los conductos subterráneos es un punto c...
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Los principales operadores de telecomunicaciones que operan en España han conformado un frente común ante la Comisión Europea para solicitar que la futura Ley de Redes Digitales (Digital Networks Act o DNA) garantice la regulación del acceso a las infraestructuras físicas de Telefónica. En una carta enviada el 15 de abril de 2026, y a la que ha tenido acceso EL PAÍS / Cinco Días, los directivos de estas compañías expresaron su preocupación por el tratamiento de los mercados donde no ha emergido una competencia efectiva, subrayando que el acceso a los conductos subterráneos es un punto crítico para el despliegue de redes.
Este posicionamiento conjunto refuerza la postura ya manifestada por el sector en una primera carta previa enviada el 17 de noviembre de 2025, en la que se definía la infraestructura física en España como un monopolio natural cuyo éxito en el despliegue de fibra óptica ha dependido de un régimen de acceso predecible y precios orientados a costes. Según los firmantes, la compañía que preside Marc Murtra se aprovecha de esta situación para intentar cobrar ahora unos precios desmesurados por el uso de esos ductos, heredados del antiguo monopolio público, por lo que piden a Bruselas que imponga unos precios regulados orientados a costes.
Los operadores firmantes, entre los que se encuentran los máximos responsables de MasOrange, Vodafone España, Digi, Adamo y Avatel, defienden que debilitar el marco actual expondría las inversiones a la discreción del operador dominante. Según la misiva, esto socavaría la seguridad jurídica y la confianza de los inversores, poniendo en riesgo el desarrollo sostenible del mercado.
Por ello, el sector apoya explícitamente que la DNA preserve el test de los tres criterios y la regulación ex-ante basada en el Poder Significativo de Mercado (SMP por sus siglas en inglés) en aquellos segmentos donde persisten fallos estructurales. Los operadores sostienen que la simplificación o desregulación solo son adecuadas cuando existe una competencia clara, y no en mercados con barreras de entrada duraderas y condiciones de monopolio natural, como ocurre con los conductos en España.
La existencia de esa infraestructura pasiva con conductos subterráneos que recorren las ciudades y localidades de toda España ha permitido el rápido despliegue de varias redes de fibra óptica cuyo coste se ha abaratado notablemente gracias a esa red de ductos que se creó para las líneas de cobre cuando Telefónica era un monopolio público y que se ha usado para desplegar las de fibra. Actualmente, unas 370 compañías utilizan este servicio para acceder a más de 120.000 kilómetros de subconductos o más de dos millones de arquetas, por el que Telefónica ingresa unos 70 millones de euros al año.
Salvaguardas efectivas
Uno de los puntos centrales de la demanda a Bruselas es la necesidad de incluir salvaguardas más efectivas para el acceso a la infraestructura física de los operadores con SMP. Las telecos alertan de que, sin protecciones claras, existe el riesgo de debilitar la regulación y permitir resultados regulatorios inapropiados que consoliden el monopolio natural.
Específicamente, solicitan que la DNA incluya en sus disposiciones operativas la obligación de establecer precios orientados a costes, basados en costes históricos indexados. Actualmente, esta referencia solo aparece en los considerandos 206 y 211 del proyecto, lo que a juicio de los operadores podría ser aprovechado por Telefónica para debilitar la eficacia y aplicabilidad de la regulación asimétrica.
“Un cambio en las condiciones económicas de acceso a este recurso esencial y no replicable alteraría sustancialmente los supuestos económicos sobre los que se basan los despliegues existentes, erosionando la viabilidad competitiva de otros operadores y conduciendo potencialmente a un proceso de remonopolización, en el que Telefónica podría acabar reabsorbiendo activos, clientes o ambos", dice la misiva.
Además de la fijación de precios, las empresas exigen que se mantenga la obligación de la Comisión Europea de adoptar Recomendaciones sobre Mercados Relevantes. Bajo la propuesta actual del Artículo 72, esta adopción sería meramente opcional, lo cual consideran insuficiente para asegurar la consistencia y la eficacia de la acción de los reguladores nacionales ante fallos de mercado persistentes.
La carta está dirigida a altos cargos de la Comisión, incluyendo a Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, y a Teresa Ribera, vicepresidenta Ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva. También firman el documento los responsables de asociaciones como Acutelan y Aotec, así como directivos de Colt Technology, Elanta, Lyntia Networks, Onivia y PremiumFiber .
El colectivo concluye que preservar el enfoque regulatorio actual es esencial para evitar vacíos normativos y sostener la inversión a largo plazo, instando a la Comisión a asegurar un acceso a la infraestructura que sea ejecutable y orientado a costes en mercados donde la competencia aún no se ha desarrollado plenamente
La CNMC aprobó en junio de 2025 una revisión al alza de los precios de la oferta mayorista de acceso a infraestructuras físicas de Telefónica (MARCo), los conductos por donde se meten los cables de fibra óptica de todos los operadores y por cuyo uso deben pagar estos un alquiler. El regulador aumentó entre un 11% y un 14,6% los precios que abonan a Telefónica el resto de sus rivales, una subida menor del 20% de media que esperaba el sector cuando se abrió la consulta pública. Aun así sigue siendo considerada abusiva por los competidores de Telefónica.