Transportes refuerza la ayuda a los vuelos de canarios y baleares sin llegar a cubrir la demanda esperada
La partida para las subvenciones sube hasta los 848 millones anuales hasta 2027, un 51% más que en 2023 y 2024
La crisis sufrida en los últimos meses por las aerolíneas con mayor implantación en España, debido al ...
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La crisis sufrida en los últimos meses por las aerolíneas con mayor implantación en España, debido al impago de cientos de millones en subvenciones públicas a los billetes aéreos de los residentes en Canarias y Baleares, ha obligado a un importante incremento en la partida que el Ministerio de Transportes dedica a garantizar la conectividad de las islas con la península.
La subida alcanza el 51% respecto a los 560 millones presupuestados en 2023 y 2024, partiendo en este 2025 con un presupuesto de 848 millones. Una cifra que, en principio, se repetirá en 2026 y 2027, totalizándose 2.546 millones en los tres ejercicios. Pese al refuerzo, en el sector aéreo se da por descontado que la suma volverá a quedarse corta si la demanda de vuelos continúa evolucionando al alza, lo que amenaza con generar nuevas tensiones de tesorería a compañías como Iberia, Binter, Air Europa, Vueling y Ryanair, líderes en este tráfico bonificado.
En este caso llueve sobre mojado. Las aerolíneas, según fuentes del sector, tienen por cobrar unos 200 millones del año pasado, desde una deuda inicial que la Asociación de Líneas Aéreas cifró en 810 millones de euros al cierre del ejercicio. Para tapar el agujero, el PSOE y Coalición Canaria tienen presentada una enmienda al Proyecto de Ley de reforma de las leyes de Navegación Aérea y de Seguridad Aérea en la que se incluye una partida de 319 millones de euros para cubrir el déficit en las subvenciones de 2024. El Partido Popular, por su parte, intenta elevar la partida extraordinaria a 1.200 millones en su enmienda ante el Senado, mientras que Junts también defiende el reequilibrio presupuestario sin fijar una cantidad concreta. Distintas aerolíneas consultadas prevén que la ley sea aprobada a la vuelta del verano incorporando la iniciativa del PSOE ante la capacidad de veto que tiene la mesa del Congreso a la enmienda popular por el significativo incremento que conlleva en el gasto.
Más allá de lo sucedido con las certificaciones de 2024, las empresas comienzan a temer por las de 2025. La subvención del 75% en el precio de los billetes, cota a la que se subió en 2018 desde el 50% anterior, tiene disparada la demanda de vuelos y deja muy corta la previsión presupuestaria en los últimos años. La suma consignada fue de 641 millones en 2022, cuando se ejecutaron finalmente subvenciones por 736 millones. Pese a ello, la partida bajó a los citados 560 millones en 2023, frente a un nivel de ejecución de 939 millones, y en el ejercicio 2024, con Presupuestos Generales del Estado prorrogados, se repitió el cálculo de 560 millones mientras que las aerolíneas pasaron liquidaciones por encima de los 1.200 millones. La cifra definitiva está aún por cerrar por parte de Transportes, que canaliza los pagos a las compañías aéreas a través de la Dirección General de Aviación Civil.
Pese al antecedente de deuda, las aerolíneas no han hecho más que incrementar su oferta de asientos entre los aeropuertos de las islas y los de la península. Cada una de las empresas, tenidas por la Administración como agentes colaboradoras, cobra al viajero el 25% del importe del billete en el momento de la reserva y envía a Aviación Civil la liquidación del 75% restante. Los más de nueve meses de retraso en el cobro que llegaron a acumularse en 2024 fueron explicados por fuentes cercanas a Transportes por la prórroga en los presupuestos y la situación de emergencia que supuso la dana a efectos de reconducir fondos públicos. Las compañías, entretanto, no dejaban de atender costes recurrentes como el del combustible o el del personal.
A la vista de que el respaldo público a estos billetes aéreos se va muy por encima de los 1.000 millones de euros al año, el agujero puede gestionarse porque se trata de créditos ampliables. De hecho, el pasado septiembre ya se tiró del Fondo de Contingencia con una modificación de crédito por 170 millones para zanjar parte del desfase de 2024.
Desde ALA se advirtió a mediados de marzo que la situación estaba comprometiendo “la sostenibilidad financiera de varias aerolíneas hasta el punto de que, si esto sigue así, podría hacer inviable la operación de algunas de estas rutas, afectando gravemente a la conectividad de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla y, por tanto, a su desarrollo económico y generación de empleo”.
La oferta de conectividad aérea de la península con Canarias aumentó un 18% en 2024 respecto a 2019, hasta rozar los 62 millones de asientos, mientras que la de Baleares subió un 13% frente al año anterior a la pandemia, alcanzando 55 millones de plazas. Según datos de Aviación Civil, entre enero y mayo de este año se han contabilizado ya 9,4 millones de viajeros entre la península y los territorios extrapeninsulares (fueron 13 millones en todo 2023), lo que supone un incremento del 2,2% respecto al mismo periodo de 2024. Los cálculos de ALA ya auguran 1.500 millones de posible deuda de la Administración con el sector a la conclusión del presente curso si no se aborda el asunto.
Las subvenciones se explican por la dificultad para la movilidad de los residentes en territorios extrapeninsulares. Las aerolíneas participantes en el programa de subvenciones comparten sus programaciones y tarifas con Aviación Civil, que posteriormente valida los billetes vendidos, cupón por cupón, antes de realizar los pagos. El sistema de liquidación está regulado por el Real Decreto 1316/2001, en el que se exige la “verificación exhaustiva” de las condiciones que deben cumplir tanto el ciudadano que se beneficia de la rebaja como las compañías aéreas. La dirección general de Aviación Civil también cuenta con un plan de control para prevenir fraudes, tal y como dicta la Ley General de Subvenciones (38/2003).