Uber inyecta 5,5 millones en su negocio español de delivery para salvarlo de la causa de disolución
Uber Eats eleva por encima de los 142 millones la provisión por su modelo de contratación de autónomos
La compañía tecnológica Uber salió al rescate de su negocio español de reparto de comida a domicilio, Uber Eats, para impedir su entrada en causa de disolución por las pérdidas acumuladas desde que inició su actividad en el país.
El pasado 18 de diciembre, Uber inyectó 5,5 millones de euros en su filial española, que desarrolla la actividad de delivery a través de la sociedad Portier Eats. Lo hizo para solventar su situación de “desequilibrio patrimonial”, tal y como desvelan las cuentas que esta última ha depositado en el Registro Mercantil. Estas aportan las cifras del ejercicio 2023, aunque fueron formuladas a finales de diciembre y depositadas hace unos días en el registro.
A cierre de ese año, su balance presentaba un patrimonio neto negativo de 119,6 millones de euros, lo que le colocaba en causa de disolución. Una cifra consecuencia de las pérdidas sufridas, sobre todo, en 2020 y 2021, años en los que acumuló unos números rojos de 114,3 millones.
El motivo de los mismos fueron las provisiones que se apuntó por las potenciales multas a la que se enfrenta por el estatus de sus repartidores autónomos. Como publicó CincoDías a finales de diciembre, Uber Eats acumuló 136 millones por contingencias fiscales y legales asociadas a su modelo de contratación. A cierre de 2023, esa cifra se había elevado hasta 142,2 millones, tras ser objeto de nuevas inspecciones laborales.
“Debido principalmente a las contingencias (...), la sociedad ha incurrido en numerosas pérdidas durante los últimos años y, a cierre del ejercicio 2023, se encuentra en incumplimiento del artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital”, que regula la causa de disolución de las empresas, dice en su memoria financiera.
Aunque en el balance su patrimonio neto rozaba los 120 millones en negativo, Uber rescata a su filial española con una aportación de solo 5,5 millones. La compañía echa mano de la Ley 3/2020 de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19.
La misma, en su artículo 13, permite a las empresas no computar las pérdidas de 2020 y 2021, años marcados por la pandemia, para la concurrencia en causa de disolución. Aunque las pérdidas de Uber Eats no se debieron a la pandemia, sino a su modelo laboral como ella misma reconoce, la compañía recurre a esta salvaguarda legal para no tener que hacer una inyección de fondos mayor.
El 30 de julio de 2024, como refleja la memoria financiera, Uber Technologies comunicó a su filial, por escrito, el compromiso de asumir las obligaciones y “proporcionar a la sociedad el respaldo financiero o los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones con terceros”, incluidas las garantías para acceder a los avales bancarios requeridos por la inspección laboral, o la inyección de fondos.
A fecha de formulación de las cuentas, es decir, hace unas semanas, Uber Eats había aportado avales por valor de 66,3 millones de euros ante Inspección de Trabajo por los expedientes abiertos. Además, había pagado más de 500.000 euros en cotizaciones a la Seguridad Social, sanciones e intereses.
En el ejercicio 2023, Portier Eats sufrió una pérdida neta de 3,4 millones, superior a los 2,2 del año anterior. Su facturación superó por primera vez los 100 millones de euros, llegando a 100,8, un 15% más. “En 2023 se amplió nuestra oferta y presencia en España”, dice su informe de gestión. De esos 100,8 millones, 77,2 correspondieron a los contratos firmados con restaurantes y clientes finales por la entrega de pedidos. El resto se clasifican como refacturación de servicios a otras empresas del grupo.
La compañía achaca la pérdida final del ejercicio a las nuevas provisiones registradas, aunque también se observa un fuerte incremento en gastos como el publicitario, que se triplicaron hasta los 14 millones.
También refleja un gasto por la “actividad de mensajería”, vinculada al pago a repartidores, de 20,1 millones, tres veces menos que en el año anterior. Hasta la entrada en vigor en 2021 de la ley rider, Uber Eats operaba con repartidores autónomos, modelo que modificó para subcontratar a terceros flotas de repartidores. Un año después reintrodujo la figura de los autónomos, conviviendo ambos modelos desde entonces.