La siderúrgicas critican que el fin de los descuentos en los peajes eléctricos les costará 40 millones
La prórroga de la exención fiscal estaba incluida en el decreto omnibús para todo 2025
La Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid), que representa a 46 empresas con una plantilla global de 60.000 trabajadores, ha criticado que el rechazo al decreto ómniobus promovido por el Gobierno incluía en su batería de medidas una prórroga de los descuentos en los peajes eléctricos. La exención fiscal, del 80% y que estaba prevista para todo 2025, limitaba el impacto de uno de los costes principales de la industria electrointensiva, como es el caso de la siderurgia, que en España genera un negocio de 15.000 millones.
De acuerdo con los cálculos de Unesid, el bloqueo de la medida supondrá un coste adicional de 40 millones sobre el escenario tarifario anterior a los descuentos. Si los fabricantes de acero tienen un consumo global de energía de 10 TWh, el bloqueo en el Congreso de los Diputados a la medida del Gobierno supone un incremento medio de los precios de 4 euros/MWh para las siderúrgicas. Una subida que “dificulta notablemente la competitividad de un sector clave para la economía española”. Carola Hermoso, que desde este año es directora general de Unesid, ha manifestado que “urge reducir la factura eléctrica mediante peajes justos y costes eficientes para fortalecer la competitividad de nuestra industria en un mercado global cada vez más exigente.”
Hermoso recuerda además que producir acero en España acarrea el doble de costes que en otros países de la Unión Europea, entre los que cita a Francia y Alemania, competidores directos de las fábricas nacionales. Desde Unesid recuerdan que la industria reclama desde hace tiempo la necesidad de mejoras en el marco del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, un mecanismo que permite aplicar tarifas eléctricas más competitivas a las empresas que más energía consumen, como las siderúrgicas.
El estatuto fue diseñado para asegurar una tarifa justa que defendiera la viabilidad del sector fabril, frente a los precios de la electricidad más bajos que se aplican en otros países europeos. Este marco, que debería garantizar una igualdad de condiciones para las empresas españolas en el contexto europeo, se ve ahora desbordado por la falta de un sistema tarifario estable y justo. Unesid defiende que si esta iniciativa no se aplica, las empresas españolas “corren el riesgo” de perder competitividad y “de poner en peligro muchos empleos”.
Los fabricantes de acero argumentan que operan “con altos estándares de sostenibilidad y eficiencia energética”, y que se enfrentan a retos cada vez mayores por la volatilidad de los mercados eléctricos y por la falta de estabilidad regulatoria. La siderurgia vive en Europa una “tormenta perfecta” por la caída de la demanda y la presión de las importaciones, sobre todo con origen en China. El país asiático no ha rebajado sus niveles de producción y el año pasado exportó 100 millones de toneladas de acero. La siderurgia es otro de los sectores industriales que critica el exceso normativo de la UE en materia de emisiones al medio ambiente. “Vivimos un tsunami regulatorio desde hace un lustro”, comentan desde las empresas. Y está por ver el efecto de la política del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no se cansa de avisar que activará más aranceles a las importaciones, en un país que es uno de los mayores consumidores de acero del mundo. En su anterior mandato ya lo hizo. Con este escenario, grupos como ArcelorMittal han frenado las inversiones para producir acero verde, en procesos que generan menos contaminación. En el caso de España, la decisión de la multinacional de la familia Mittal ha paralizado un proyecto de 1.000 millones para el que ya contaba con subvenciones de 450 millones.