Las energéticas pescan en el río revuelto del Gobierno y sus socios
Las compañías llevan meses de discretos acercamientos con los socios del Ejecutivo para tratar de tumbar los tributos específicos que pagan en la actualidad
Las grandes compañías energéticas están cada vez más cerca de rebajar la factura fiscal con la que cargan en la actualidad. La falta de mayoría progresista en el Congreso, el talón de aquiles con el que tiene que lidiar este Ejecutivo, está siendo la palanca más efectiva que han encontrado eléctricas y petroleras para hacer valer los intereses de sus accionistas.
Al choque frontal y explícito al que están acostumbrados compañías como Repsol o Iberdrola, se están sumando ahora otras grandes firmas mucho menos proclives a las afrentas públicas con el regulador. La influencia ejercida sobre nacionalistas e independentistas en materia fiscal está dando sus frutos para estas empresas. El Ejecutivo está cada vez más convencido de que no podrá hacer permanente el gravamen que instauró hace dos años, tal y como había pactado con Sumar y otras formaciones de izquierdas para esta legislatura.
No sólo eso, sino que esta semana ese trabajo discreto de algunas compañías del sector han devuelto una imagen parlamentaria imposible desde hace muchos años: una alianza entre PP, PNV y Junts, incluso con la mano tendida de ERC, para tumbar el impuesto sobre la generación eléctrica, una reivindicación de hace más de una década del sector.
Un golpe inesperado para el Ejecutivo que le puede hacer un roto a la reforma fiscal pactada con Bruselas para recibir otra inyección de fondos europeos de más de 7.200 millones, ayudas claves en el mantenimiento del ciclo virtuoso en el que se encuentra actualmente la economía española. De ahí que la semana pasada suspendiera la comisión que pretendía tumbar este gravamen.
Para llegar a ese pacto de grupos políticos irreconciliables en lo que al modelo territorial de España se refiere, ha contribuido de manera decisiva la labor bajo el radar de las energéticas para convencerles de que eliminar este gravamen y el denominado por estas compañías como impuestazo es la manera de salvaguardar parte de la prosperidad empresarial de la que gozan tanto Cataluña como País Vasco.
Ya era conocida la postura de Repsol y su consejero delegado Josu Jon Imaz. El que fuera número uno del PNV antes de dar el salto al sector privado ya ha advertido en varias ocasiones de que el gravamen que llegó tras la guerra de Ucrania, cuando la compañía logró los mejores resultados de su historia, tendría consecuencias en términos de inversión tanto en su refinería de Vizcaya como en su complejo industrial de Tarragona.
A la voz de Repsol se sumó Cepsa, que antes de cambiar su nombre a Moeve también advirtió que las milmillonarias inversiones previstas para Andalucía estaban en cuestión. Una amenaza para el Gobierno pero con consecuencias para el principal partido de la oposición.
A nadie se le escapa que la ambición inversora de Cepsa en Huelva y Cádiz, uno de los lugares más castigados por el paro en España, incumbe directamente a una figura al alza dentro de los populares como el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, apuesta política personal de la que fuera todopoderosa vicepresidenta del último Gobierno del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, que desde este año es consejera de Cepsa.
Pero la clave más allá del PP sigue siendo el apoyo de PNV y Junts a las propuestas de las energéticas. Y ahí se está revelando como clave el papel de Endesa, pese a su deliberada intención de jugar lejos de los focos. Su papel es clave. Se trata de la eléctrica que domina el sector en Cataluña. Controla las redes de baja distribución en dicho territorio desde la compra de Fuerzas Eléctricas de Cataluña SA (Fecsa). Y no sólo eso, es también la firma que controla los reactores nucleares más importantes de España, ubicados en Tarragona. Las plantas de Ascó y Vandellós son claves para la estabilidad y la seguridad de suministro de todo el país y suponen una parte importante de la prosperidad de la región catalana de la desembocadura del Ebro.
La labor de los lobistas capaces de sentar a la mesa a eléctricas y dirigentes de Junts supone una clave en los plantones que el grupo de Puigdemont está dando al Gobierno, afirman fuentes al tanto de los encuentros entre el grupo catalán con siete diputados en el Congreso y las empresas. Desde su reciente congreso, la formación ha decidido que quiere jugar la partida económica también en Madrid.
A lo anterior hay que sumar la sensibilidad que está mostrando la formación con su industria. Precisamente es como justifican su apoyo a la eliminación de la tasa eléctrica. Sin olvidar que varias de las comercializadoras de luz independientes en España proceden en gran medida de Cataluña y también tienen su eco y su fuerza con las patronales que defienden sus intereses y susurran al oído de la antigua Convergencia Democrática de Catalunya.
Con el PNV muy alineado históricamente a los intereses de lo que consideran sus energética, Iberdrola y Petronor (controlada por Repsol), ahora se suma la fuerza de Endesa. Y a ello nunca se puede descartar la omnipresencia de La Caixa, primer accionista de Naturgy, igualmente afectado por las tasas sectoriales. La propia energética advertía a sus inversores internacionales del riesgo que supone el impuestazo en documentación remitida esta misma semana a la Bolsa de Luxemburgo.
Con este panorama, cada vez el Gobierno tiene más difícil convencer a sus socios y cuadrar el círculo parlamentario con el que tiene que convivir. Con la espada de Damocles de Bruselas, que le exige elevar los ingresos fiscales, según asegura la vicepresidenta Primera María Jesús Montero, todo parece abocado a que la solución no estará en el bolsillo de las grandes energéticas sino en el de los consumidores de combustibles. Concretamente los de diésel. Antes de final de año podría haber una subida de casi 10 céntimos por litro del carburante más consumido en España, aunque de dicha subida se libre el transporte profesional para evitar otra bola de nieve de inflación. Mientras, otros impuestos del sector pueden morir. Habrá que ver hasta donde es capaz de llegar Podemos en su pulso.