Correos reduce capital en 211 millones para esquivar la causa de disolución
Amortiza casi el 35% de su capital social con el objetivo de sanear su patrimonio neto
El Grupo Correos ha acordado acometer una reducción de capital por una cantidad de 211,5 millones de euros, casi el 35% de su capital social hasta la fecha, ante la acumulación de pérdidas que ha tenido en los últimos ejercicios, y también por las que incurrirá al cierre de 2024. Con ello, la empresa quiere evitar que su patrimonio neto merme hasta ser inferior a la mitad de su capital social, lo que le haría incurrir en causa de disolución.
Así lo reconoce la propia compañía pública en un anuncio publicado este lunes en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. “La reducción de capital se realiza con la finalidad de sanear el patrimonio neto de la sociedad y compensar las pérdidas acumuladas en los ejercicios anteriores y las previstas para el propio ejercicio 2024″, dice el documento. Además de la reducción, Correos también ha aplicado 61,8 millones de euros que tenía en sus reservas legales para la compensación de pérdidas de años anteriores.
El capital social pasará de 611,5 millones de euros, compuesto por 611.521 acciones de 1.000 euros de valor nominal, a 400 millones. Todas, propiedad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
En 2023, Correos incurrió en una pérdida neta de 120 millones de euros, a las que hay que sumar otros 217 millones en 2022, 105 millones en 2021, y 264 en 2020, aunque estos dos últimos no computan para el cálculo de una potencial causa de disolución por el real decreto de medidas contra el covid que se aprobó en 2020. En total, 706 millones de euros en cuatro ejercicios, que han reducido el patrimonio neto de la compañía postal en un 40%. Unas pérdidas que la memoria corporativa de Correos del último ejercicio atribuye a “la coyuntura donde su negocio tradicional, el envío de cartas, sigue a la baja”.
La propia memoria corporativa de Correos de 2023 alertaba de un fondo de maniobra negativo por 191 millones al acabar el ejercicio, y de la necesidad de tener una “financiación adicional por un importe aproximado de 220 millones para el ejercicio 2024″, cifra muy similar a la que ahora ha amortizado.
En el mismo informe, la empresa ya avisaba de que, por sus proyecciones de negocio, era previsible que incurriese en desequilibrio patrimonial, y, por tanto, en causa de disolución, “durante el ejercicio 2025″, y apuntaba a que en 2024 sería necesaria “la ejecución de medidas para la obtención del reequilibrio patrimonial”. En ese contexto es donde se explica la reducción de capital aflorada hoy.
Correos, presidida desde hace casi un año por Pedro Saura, ha puesto en marcha un nuevo plan estratégico hasta 2028 con el que aspira a volver a beneficios en 2026 y obtener ebitda positivo en 2025. Para ello, el plan marca tres prioridades: la modernización del servicio postal universal, cuya prestación sigue siendo el principal negocio del grupo; el impulso al negocio de paquetería, con el objetivo de que represente más del 30% de la facturación; y el impulso a nuevas vías de ingresos, como la prestación de servicios financieros básicos, como la apertura de una cuenta corriente, al modo que ya lo hizo en su momento Caja Postal y hacen hoy otras compañías postales públicas del entorno europeo, como las de Francia o Italia.
El plan fija como objetivos reducir la dependencia del negocio postal, que en la actualidad representa el 66% de los ingresos, para que pase a ser del 49% en 2028. Por el contrario, crecerá la paquetería, de un 24% a un 35%, y los negocios diversificados representarán el 16%, por el 10% actual.
La compañía también tiene pendiente acometer un plan de rejuvenecimiento de la plantilla, cuya edad media supera los 50 años, así como la aprobación de un nuevo convenio colectivo. El último firmado se remonta a 2011.
Además, este pasado verano la SEPI, Correos y los sindicatos CCOO y UGT firmaron un acuerdo marco que contempla inversiones del Estado de entre 3.000 y 4.000 millones de euros para garantizar la sostenibilidad económica y financiera del operador postal público.