Los funcionarios disparan las consultas sobre seguros privados de salud ante las dudas por Muface
Las aseguradoras están aún estudiando la propuesta de convenio que consideran claramente infrafinanciada
Los funcionarios que están dentro del convenio de Muface para recibir atención médica han disparado las consultas a seguros privados, ante la incertidumbre sobre la viabilidad del modelo. La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado gestiona ahora el seguro de salud de 1,49 millones de empleados públicos —en activo y jubilados— y de sus familiares. El Gobierno ha propuesto una mejora del 17% en las primas que recibirán las aseguradoras interesadas en participar, pero las entidades que ahora daban el servicio —Adeslas, Asisa y DKV— insisten en que el incremento es insuficiente y que no les compensa.
Carmen, una funcionaria que trabaja para el ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, explica que “lleva unas semanas pensando en qué hacer por si finalmente las aseguradoras no siguen dando el servicio”. En su caso, su plan es contratar un seguro privado, al margen de Muface, para garantizarse que puede seguir acudiendo a los mismos especialistas a los que iba antes. “Siempre me quedará la sanidad pública para cosas más graves”, subraya.
Los profesores, policías o funcionarios de prisiones cubiertos por el régimen de Muface podían elegir hasta ahora cada año si querían tener una cobertura sanitaria pública o hacerlo a través de las compañías privadas que firmaban el convenio bianual. La subida de la inflación en 2022 y el aumento de las consultas y gastos médicos han hecho que este concierto público-privado generase unas pérdidas anuales de 200 millones de euros a estas aseguradoras.
Desde el sector asegurador reconocen que en las últimas semanas se han disparado las consultas para contratar nuevos productos y las preguntas sobre qué pasará con Muface. “Evidentemente, hay una gran inquietud sobre qué va a ocurrir con el modelo, porque muchísimos funcionarios ya estaban muy acostumbrados a recibir este servicio”, explica una directiva de una de las entidades que ahora están en el convenio.
Las compañías de seguros médicos interesadas en participar en el convenio de Muface 2025-2026 tienen hasta el 5 de noviembre para decidir si se presentan o no. En caso de que ninguna lo hiciera, el margen para abrir un nuevo concurso público con otras condiciones es mínimo, puesto que el 1 de enero ya tiene que estar vigente el nuevo concierto.
La situación en Muface es muy similar a la que tienen otras dos mutualidades de funcionarios: Isfas, de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil; y Mugeju, de jueces, fiscales y otros empleados de la Administración de Justicia. El primero abarca a cerca de 500.000 beneficiarios y el segundo a 91.000. En ambos casos, la fecha tope para presentarse al convenio es el 8 de noviembre.
“La situación es un poco diferente con estas mutualidades respecto a Muface”, explica una fuente del sector. “En el caso de Isfas, el colectivo tiene una edad media sensiblemente inferior, lo que hace que los gastos médicos sean inferiores. Y en el caso de Mugeju, se trata de un grupo de funcionarios que tradicionalmente ha tenido una siniestralidad sanitaria inferior”. De hecho, Sanitas sí que participa en este último convenio.
En cualquier caso, las cuentas parecen muy justas. Desde Adeslas ya se aseguró que con el incremento del 17% propuesto (que supondría un colosal desembolso de 2.681 millones de euros) no bastaría para cubrir los gastos. Además, el nuevo pliego de contrataciones incluye nuevos tratamientos oncológicos y servicios de salud bucodental, que harán aumentar la factura. En la última década, aseguradoras como Caser, Sanitas o el Igualatorio de Cantabria ya dejaron Muface porque no le salían las cuentas.
Cada año, el empleado público que está en una mutualidad escoge si quiere tener sanidad pública o privada y, en el segundo caso, qué compañía privada quiere que le atienda. De media, el 78% elige privada. En el caso de los militares el porcentaje llega al 90%. En caso de que ninguna aseguradora se presentara al convenio, provocaría una avalancha de paciente a los hospitales y centros de atención primaria gestionados por las Comunidades Autónomas, que colapsaría la maltrecha sanidad pública.
Las consejerías autonómicas de Salud, de hecho, ya están empezando a echar cuentas sobre cómo podrían dar cabida a todos los funcionarios y familiares que hasta ahora recibían servicios de salud a través de las aseguradoras del concierto de Muface. Una de las áreas que más se vería tensionada es la de la atención primaria, que ya está muy saturada en casi todas las comunidades.
Todos los sindicatos generales y de funcionarios, junto con asociaciones de jueces, militares o Guardias Civiles, han mostrado su profunda preocupación por la falta de aseguradoras candidatas a cubrir el nuevo concierto de Muface. También han recordado que, al tratarse de una mutualidad, todos los funcionarios adscritos a este modelo tienen que pagar una cuota mensual para acceder a estos servicios sanitarios.
La tensión sobre la renovación del convenio también afecta a los proveedores de atención médica: hospitales privados, clínicas, centros de diagnóstico, facultativos autónomos. La estrechez de la aportación pública al modelo de Muface ha llevado a las aseguradoras a ser muy cicateras con lo que pagan a estas empresas y profesionales, que reclaman para sí el quedarse con más de la mitad de la subida de primas pactada por el Gobierno. Si ninguna compañía de seguros se presentara al concierto, la viabilidad de algunas clínicas y hospitales pequeños quedaría en entredicho, porque dependen de los funcionarios de Muface.