Holaluz arrastra en su crisis a 14 bancos que se suman a la lucha por evitar la quiebra
CaixaBank, Santander, BBVA Sabadell, Bankinter, Unicaja, Ibercaja, Deutsche Bank, Cajamar, Banca March, Caja de Ingenieros, Abanca, Arquia Banco y el ICF dan un balón de oxígeno hasta diciembre a la comercializadora
Al menos 14 entidades financieras se han visto atrapadas en la crisis de Holaluz. Según varias fuentes financieras al tanto de su situación, CaixaBank, Santander, BBVA, Sabadell, Bankinter, Unicaja, Ibercaja, Deutsche Bank, Cajamar, Banca March, Caja de Ingenieros, Abanca, Arquia Banco y el ICF han sido las entidades firmantes del acuerdo por el que conceden a la comercializadora de luz un plazo de espera hasta el 18 de diciembre para reordenar su deuda y asumir sus compromisos de pago. Desde Holaluz han declinado hac...
Para seguir leyendo este artículo de Cinco Días necesitas una suscripción Premium de EL PAÍS
Al menos 14 entidades financieras se han visto atrapadas en la crisis de Holaluz. Según varias fuentes financieras al tanto de su situación, CaixaBank, Santander, BBVA, Sabadell, Bankinter, Unicaja, Ibercaja, Deutsche Bank, Cajamar, Banca March, Caja de Ingenieros, Abanca, Arquia Banco y el ICF han sido las entidades firmantes del acuerdo por el que conceden a la comercializadora de luz un plazo de espera hasta el 18 de diciembre para reordenar su deuda y asumir sus compromisos de pago. Desde Holaluz han declinado hacer comentarios.
Sin embargo, este balón de oxígeno a la firma liderada por Carlota Pi, que ha contado con la asesoría de PwC y fue firmado el pasado viernes por la última entidad, no ha sido sellado por el 100% delos acreedores de la compañía, que ha revelado que un 6% de los mismos no ha sellado el acuerdo.
Con este pacto, suscrito bajo la fórmula de stand still, las entidades financieras se comprometen a seguir financiando el circulante de la empresa hasta dentro de dos meses mientras han concedido una carencia en la amortización del principal de sus restantes préstamos por la misma duración. Además, los bancos han aceptado otras medidas para favorecer la continuidad de la actividad ordinaria de la compañía.
Holaluz ha revelado al mercado que, hasta el 18 de diciembre, las entidades financieras y la empresa “evaluarán, y negociarán la reordenación de la deuda financiera”.
Este acuerdo se produce en un contexto de crisis de una empresa que lleva meses luchando por sobrevivir. El pasado mes de mayo, el auditor señaló “dudas significativas” sobre la viabilidad de la compañía, que desde su nacimiento y también tras su salida a bolsa nunca ha logrado cerrar un año en ganancias y se ha visto obligada a emitir varios profit warnings por incumplimiento de sus previsiones de crecimiento.
Todo ello le ha llevado a hundirse en bolsa. Actualmente sus acciones cotizan en 1,14 euros, su mínimo histórico desde que salió a cotizar. En junio de 2021, hace poco más de tres años, sus títulos rozaron los 15 euros.
Esa valoración bursátil de 25 millones de euros contrasta con los casi 60 millones de euros de deuda que ahora está intentando reestructurar. La banca ya ha admitido ampliar plazos de pago hasta diciembre, sin que por ahora se hayan planteado quitas. El hundimiento bursátil también ha generado un duro enfrentamiento con varios de sus accionistas, que llegaron a pedir el cese de Carlota Pi como máxima responsable ejecutiva de la firma. En los últimos años, la empresa ha perdido a algunos de los responsables del equipo de dirección más cercanos a la consejera delegada. Mientras tanto, la firma se puso en manos de Mckinsey.
La cuestión ha terminado con la expulsión del consejo de administración de los representantes de Axon Capital, un fondo de venture capital que lleva ligado a la firma desde 2016, y de Geroa Pentsionak, el vehículo de inversión de los trabajadores del metal de Gipuzkoa que entró en la compañía en 2019, antes de la salida a bolsa. La empresa argumentó estos ceses por deslealtad y traición. Pocos días después, se rompieron los pactos entre accionistas firmados por los fundadores y estos inversores en 2019.
Para tratar de evitar el naufragio, Holaluz está tomando diversas medidas, algunas de ellas drásticas, como la ejecución de un ERE a finales de 2023 para despedir a 200 personas, lo que suponía un 27% de su plantilla. Este recorte trataba de ajustar las expectativas respecto del autoconsumo, que tras lo peor de la crisis energética ha sufrido un bajón de demanda. Además, se vio obligada a vender sus contratos de gas ante la fuerte volatilidad de precios, lo que también le generó un impacto negativo sobre sus cuentas.
La firma subraya que cuenta con siete millones de euros de financiación en forma de pagarés de su programa de pagarés verdes del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), la obtención de 4,1 millones de euros gracias a la venta de un paquete de préstamos de sus clientes y otros cuatro millones de euros que le otorgó el Institut Català de Finances (ICF).
Esa operación con el ICF es sólo una parte de lo pretendido por Holaluz. En abril comunicaba que “tenía todo preparado” para levantar de esta entidad dependiente de la Generalitat de Catalunya y de Avançsa, otra firma de financiación de la autonomía catalana, hasta 13 millones de euros, que iban acompañados de capital procedente de otros inversores, que suponía en total una inyección de 21 millones de euros. Sin embargo, a la fecha actual, casi cinco meses después, aún no ha encontrado inversores, ni industriales, ni financieros, para lograr esos fondos.
En estos meses, Holaluz ha tocado la puerta de empresas como Naturgy, Repsol o al dueño de Audax, José Elías, entre otros, sin que por ahora haya conseguido un inversor que permita desatascar la situación. Para la búsqueda de inversores, la firma trabaja con Morgan Stanley, según fuentes del mercado.
Ahora está por ver si el ICF y Avançsa terminan por conceder los fondos que requiere la compañía. Desde que se produjo el comunicado de Holaluz, el 22 de abril, se ha producido un cambio de gobierno autonómico. El PSC de Salvador Illa ha sustituido en la Generalitat a la ERC de Pere Aragonès. Mientras fuentes próximas a Holaluz aseveraban que con el nuevo gobierno socialista podrían acabar sellando ese acuerdo, otros creen que el Ejecutivo de Illa está aún sondeando la situación y cuestionándose si deben intervenir las entidades públicas de financiación dependientes del ente autonómico.