La rigidez normativa frena la repotenciación, clave para revertir el parón en eólica
Las empresas enfrentan la misma burocracia que para empezar con un parque desde cero, pese a heredar el emplazamiento y el acceso a la red de uno ya activo
El sector renovable español enfrenta un reto mayúsculo en los próximos años. Con cada vez más voces alertando del frenazo de la eólica y de los riesgos de descompensación entre paneles solares y aerogeneradores, las empresas del sector afrontan una avalancha de actualización de los primeros parques que entraron en funcionamiento, allá por los primeros años 2000. Solo en 2025 serán 155 instalaciones —con casi 4.200 aeroge...
Para seguir leyendo este artículo de Cinco Días necesitas una suscripción Premium de EL PAÍS
El sector renovable español enfrenta un reto mayúsculo en los próximos años. Con cada vez más voces alertando del frenazo de la eólica y de los riesgos de descompensación entre paneles solares y aerogeneradores, las empresas del sector afrontan una avalancha de actualización de los primeros parques que entraron en funcionamiento, allá por los primeros años 2000. Solo en 2025 serán 155 instalaciones —con casi 4.200 aerogeneradores y 2,3 gigavatios (GW) de potencia— las que alcancen el cuarto de siglo de vida, según las cifras del sector. Ese es el periodo a partir del cual sus dueños afrontan la disyuntiva de reemplazar los aerogeneradores por otros más modernos y potentes, mantener todo tal cual o incluso —en el caso más extremo— desmantelar el parque y centrarse en otros de nuevo cuño, donde los retrasos están siendo enormes.
Repotenciar, como se conoce esta práctica en la jerga energética, consiste en reemplazar la tecnología obsoleta de los molinos que llevan ya una larga vida de giros. Un movimiento que permite para multiplicar su capacidad generación de electricidad sin necesidad de ampliar el terreno utilizado: producir más en el mismo espacio, algo no poco importante en tiempos de creciente contestación social en algunos territorios.
La segunda ventaja tiene que ver con la red eléctrica. Convertida en bien preciado, por su escasez, la modernización tecnológica permite hacer uso de permisos de acceso ya concedidos en lugar de tener que solicitar nuevos. Y hay una tercera, vinculada a los emplazamientos: los primeros parques eólicos, en los que empieza a asomar esta aún incipiente tendencia, son también los mejores desde el punto de vista del recurso (el viento). Algo no menor, habida cuenta de que cada vez quedan menos lugares muy propicios para la eólica.
La promesa es clara: con una creciente oposición social en algunos territorios y varios Gobiernos autonómicos poniendo trabas, la repotenciación permite a los desarrolladores de eólica esquivar el frenazo en nuevas instalaciones y aprovechar las ya existentes para generar mucho más en el mismo espacio. Las trabas, sin embargo, también lo son.
“Debería ser más ágil de tramitar que un parque nuevo, porque para repotenciar no se necesita un estudio de impacto ambiental desde cero, sino uno adicional o diferencial”, desarrolla Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE). “La realidad, sin embargo, es que es igual o, a veces, incluso más difícil. Entre otras cosas, porque no hay una metodología clara y homogénea para todas las comunidades”. Todo, remata, “a pesar de que al disminuir el número de aerogeneradores, el impacto paisajístico también es menor”.
Potencial vs. realidad
Los beneficios de esta práctica quedan eclipsados por una realidad bastante más sombría. Pese a esa brecha de producción entre la tecnología antigua y la nueva, lo más habitual en el sector está siendo la extensión de la vida de los parques eólicos más allá de los 20 años de vida, su ciclo habitual. Patada a seguir. En gran medida, se queja la asociación que representa los intereses de las empresas eólicas, porque “el enfoque normativo y de diseño todavía no garantiza poder poner en valor la oportunidad que supone este cambio tecnológico”.
Hasta la fecha, las repotenciaciones en España han sido escasas, casi testimoniales. Solo han pasado por ese proceso una decena larga de parques —prácticamente todos ellos están por debajo de los 30 megavatios (MW) de potencia, modestos si se comparan con los de última generación— y ubicados, sobre todo, en Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Cádiz y A Coruña.
La gran ola, sin embargo, está a punto de llegar. Cuando termine este año habrá 1,4 gigas de eólica con más de dos décadas y media de antigüedad y, por tanto, más que susceptibles a un lavado de cara. Otros 8,4 tendrán más de 20 años a sus espaldas. Carne de repotenciación, por tanto, aunque con una probabilidad baja de que llegue a término. Al menos, a corto plazo.
Europa, lejos de sus objetivos
Pese a su condición de imprescindible tanto para poder cumplir las metas de descarbonización como para garantizar la independencia estratégica, la eólica camina mucho más lento de lo que debería para cumplir los objetivos europeos. La meta de la UE pasa por alcanzar los 425 GW de potencia instalada en 2030. Pero la realidad es otra, bastante más tozuda y, sobre todo, menos luminosa. Este jueves, la patronal continental WindEurope alertaba de que, al ritmo actual y al previsto para lo que resta de década (22 nuevos gigas al año), se alcanzarán, con suerte, los 350: 296 en tierra y otros 54 en el mar.
“El principal cuello de botella está en la red eléctrica: no se construyen ni se autorizan nuevas conexiones con suficiente rapidez”, critica la asociación sectorial europea. “La autorización de nuevos parques eólicos sigue siendo, además, un problema en muchos países: Alemania avanza a buen ritmo gracias a la aplicación del interés público superior y otras nuevas normas de autorización de la UE, pero la mayoría de los gobiernos aún no las han aplicado”.
El jefe de la AEE también pone el foco en el incumplimiento de los plazos fijados por Bruselas en plena crisis energética para tratar de acelerar el paso en renovables y desligarse antes del gas ruso. “Desde Europa se establece claramente que los tiempos para poner en marcha un parque desde cero deberían ser de máximo seis meses, pero eso, al menos en España, no se está cumpliendo”, se queja al otro lado del teléfono. “Da la sensación de que, independiente de lo que diga la Comisión, la realidad de cada país encorseta la forma de tramitar de forma que es imposible llegar en esos tiempos”.