Holaluz entrega la auditoría de sus cuentas a BME lo que le permitirá volver a cotizar
La comercializadora de energías renovables sigue negociando un préstamo con la Generalitat para evitar el preconcurso de acreedores
Holaluz entregó el viernes por la noche a BME Growth el informe de auditoría de las cuentas de 2023, que tenía pendiente de publicar después de que dos de sus accionistas, los fondos Axon y Geroa, rechazaran las cuentas del año pasado. El miércoles, día 1, la compañía, cuyo consejo de administración ha aprobado presentar un preconcurso de acreedores si no logra la financiación que tiene prevista, Holaluz comunicó que, debido al rechazo de dos de sus siete consejeros, el auditor debía abordar una serie de trámites administrativos, por lo que BME decidió suspender su cotización. Según el hecho relevante del viernes, dichos trámites ya han terminado y la documentación pendiente entregada, lo que permitiría a la sociedad volver a cotizar el lunes.
La comercializadora catalana tenía también previsto realizar una presentación de sus cuentas ante analistas el viernes por la mañana, pero, finalmente la ha aplazado al día 9 de mayo.
En el informe de sus cuentas consolidadas, que se conocen desde el miércoles, Holaluz señala que, “dada la situación actual del grupo, existen algunas circunstancias que podrían generar dudas sobre la capacidad del mismo para continuar como empresa en funcionamiento, existiendo no obstante circunstancias mitigantes”. A 31 de diciembre de 2023 el balance consolidado presenta un fondo de maniobra negativo de 44,3 millones de euros (cuando en 2022 era negativo por valor de 28,9 millones de euros). La compañía registró el año pasado unas pérdidas de 26 millones de euros (quintuplicando los 5 millones de euros que se dejó en el ejercicio anterior).
Los ingresos también se derrumbaron un 33%, hasta 614,6 millones y el ebitda normalizado fue de 4,3 millones frente a los 14,3 millones de 2022, cifras que la comercializadora atribuye “al entorno bajista de precios de la energía”. A pesar de esta situación, indica el informe, la compañía “tiene pólizas de crédito y líneas de financiación no dispuestas por seis millones de euros al cierre del 2023, con vencimiento en 2025, a lo que habría que añadir la materialización de la parte a corto plazo de los contratos de PPAs (compra de electricidad a precio fijo no registrada en balance según normativa vigente), cuya valoración al cierre asciende a 5,2 millones de euros”.
La clave está en lograr la financiación prevista: varios préstamos a ser concedidos por distintas instituciones y una potencial ampliación de capital con inversores privados, por un importe global conjunto de 20 millones de euros, así como la confirmación de otras alternativas de financiación, que a la fecha están en fase de negociación” (en alusión a un posible préstamo de 10 millones de la Generalitat de Cataluña, a través del Institut Català de Finances -ICF-).
Holaluz destaca también que la auditoria, que ha sido firmado por EY, no tiene salvedades. Sin embargo el auditor en su informe insiste en que la situación financiera de la compañía “indica la existencia de una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad del grupo para continuar como empresa en funcionamiento”.
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