La presión de EE UU ha reducido al mínimo la relación de las empresas españolas con Irán
La normativa estadounidense obliga a las empresas que cotizan en Nueva York a detallar a la SEC sus transacciones con el país persa
Estados Unidos somete a un estrecho marcaje las relaciones de las empresas con Irán. Las presiones de Washington, con frecuencia ejercidas a través de su embajada en Madrid, lograron que entidades como el Santander, el Sabadell o el BBVA cerrasen sus oficinas en Irán o que empresas como Repsol o Unión Fenosa (luego integrada en lo que ahora es Naturgy) abandonasen proyectos en el país. Telstar, una firma española, llegó a ser sancionada por sus exportacione...
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Estados Unidos somete a un estrecho marcaje las relaciones de las empresas con Irán. Las presiones de Washington, con frecuencia ejercidas a través de su embajada en Madrid, lograron que entidades como el Santander, el Sabadell o el BBVA cerrasen sus oficinas en Irán o que empresas como Repsol o Unión Fenosa (luego integrada en lo que ahora es Naturgy) abandonasen proyectos en el país. Telstar, una firma española, llegó a ser sancionada por sus exportaciones a Irán, aunque luego la multa fue retirada. Ahora, los inversores han castigado al Santander en Bolsa tras desvelar el Financial Times que empresas pantalla del régimen iraní operaron a través del banco, que defiende que ha cumplido la normativa en vigor. Esa normativa obliga a las empresas que cotizan en Estados Unidos a dar cuenta de sus relaciones con el país persa y Santander, BBVA, Telefónica y Grifols bajan al detalle para explicar sus mínimos lazos.
La Sección 13(r) de la Exchange Act exige que un emisor divulgue si él o alguna de sus filiales ha participado a sabiendas en determinadas actividades, transacciones o tratos relacionados con Irán, incluidas aquellas que no están prohibidas por la legislación estadounidense. De las firmas españolas cotizadas en Nueva York, la que tiene una menor exposición es el grupo BBVA. En su informe anual del ejercicio 2022, registrado ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (la SEC), el banco explica que mantiene una cuenta bancaria en España para un ciudadano español empleado en la embajada iraní en Madrid por la que recibió unos ingresos brutos estimados, incluidas tarifas y comisiones, de 41,98 dólares en 2021. Que BBVA tenga que informar de esa cuenta da una idea del grado de vigilancia a que someten las autoridades estadounidenses a cualquier transacción con Irán.
El Santander ya se enfrentó hace 18 años a la presión del supervisor estadounidense. Su división de Riesgos para la Seguridad Global exigió a la entidad entre agosto de 2006 y abril de 2007 información detallada sobre sus actividades en Irán. La SEC pidió inicialmente al Santander que incluyera una advertencia sobre sus relaciones financieras (muy marginales) con bancos iraníes en su informe anual (20-F), pero el Santander prefirió cortar del todo esa relación y evitar esa advertencia. Sin embargo, sobre todo a través de sus filiales en el extranjero, el banco aún tiene vínculos marginales con el país.
En su último informe anual registrado ante la SEC, el banco explica que su filial británica, Santander UK, que es la que ahora ha estado en el ojo del huracán, mantenía siete cuentas bloqueadas de cinco clientes que actualmente están designados por Estados Unidos en el marco del programa de sanciones contra terroristas globales. Además, Santander Consumer Finance mantiene bloqueadas desde 2008 a través de su sucursal belga siete cuentas de corresponsalía para un banco iraní que actualmente está designado por EE UU en el marco de su programa de sanciones. Santander Brasil, por su parte, mantiene tres cuentas bloqueadas de tres clientes con domicilio en Brasil también señalados.
Santander Consumer Finance también mantenía a través de su sucursal en Grecia un préstamo de financiación de automóviles para un cliente señalado por Washington. La relación se dio por terminada antes del cierre del ejercicio. El grupo Santander también tiene ciertas garantías de cumplimiento heredadas en beneficio de un banco iraní que actualmente está sancionado por Estados Unidos (cartas de crédito para garantizar las obligaciones de contratistas que participaron en licitaciones públicas en Irán) que estaban en vigor antes del 27 de abril de 2007.
En conjunto, todas esas operaciones dieron lugar a ingresos brutos y beneficios netos insignificantes en relación con los del grupo, explica la entidad. “El grupo ha adoptado medidas significativas para retirarse del mercado iraní, como el cierre de su oficina de representación en Irán y el cese de todas las actividades bancarias en dicho país, incluidas las relaciones de corresponsalía, la captación de depósitos de entidades iraníes y la emisión de cartas de crédito a la exportación, con excepción de las operaciones heredadas descritas anteriormente”, explica en su informe anual.
El banco advierte de que no está autorizado contractualmente a cancelar los acuerdos en vigor sin pagar el importe garantizado (en el caso de las garantías de buen fin), o perder los importes pendientes que se le adeuden (en el caso de los créditos a la exportación). Por ello, afirmaba tener la intención de seguir prestando las garantías y manteniendo estos activos de acuerdo con la legislación aplicable.
Itinerancia
En el caso de Telefónica, varias de las filiales del grupo han suscrito acuerdos de itinerancia con empresas de telecomunicaciones iraníes. En virtud de estos acuerdos, los clientes de las empresas del grupo Telefónica pueden utilizar la red iraní en cuestión (itinerancia saliente) y los clientes de estos operadores iraníes pueden utilizar la red de las filiales de Telefónica (itinerancia entrante). En el caso de la itinerancia saliente, Telefónica paga al operador iraní correspondiente las tarifas de itinerancia por el uso de su red por parte de sus clientes, y en el caso de la itinerancia entrante, es el operador iraní el que paga a la filial de Telefónica.
En virtud de esos acuerdos, Telefónica Móviles España ingresó en 2022 un total de 56.994 euros de Mobile Telecommunication Company of Iran (MTCI); Telefónica Germany recibió 5.685 euros procedentes de Irancell; Telefónica Brasil registró 559,37 dólares estadounidenses en ingresos también de Irancell y la brasileña Pegaso PCS otros 185,30 euros. En total, pues, algo más de 63.000 euros, una cifra insignificante también para Telefónica. “La finalidad de todos estos acuerdos es proporcionar a nuestros clientes cobertura en zonas en las que no disponemos de redes propias. A tal efecto, tenemos la intención de seguir manteniendo los acuerdos que aún están en vigor”, explica la empresa. Además de los acuerdos de itinerancia, Telefónica declara que su filial alemana tenía contratos de telefonía móvil minorista e internet con dos clientes luego sancionados por EE UU a los que facturó 300 euros anuales a cada uno “de conformidad con la legislación aplicable”. La filial alemana decidió rescindir esos contratos el año pasado.
Por su parte, Grifols compró en 2022 la alemana Biotest AG, que tiene acuerdos de suministro de productos con cinco entidades iraníes diferentes, en virtud de los cuales las entidades iraníes envían plasma recogido en Irán a Biotest AG para su procesamiento y envía esos productos farmacéuticos a las entidades iraníes. Hace un año, Grifols presentó ante las autoridades estadounidenses una solicitud de orientación interpretativa o, en su defecto, de autorización de licencia. La compañía alegaba que el Reglamento sobre Transacciones y Sanciones contra Irán no debería aplicarse en este caso, pero que si las autoridades creían que sí debía aplicarse, debería autorizar una excepción por motivos humanitarios. La empresa advertía de que las autoridades podrían no estar de acuerdo: “En tal caso, tendríamos que poner fin a las actividades de Biotest AG en Irán y podríamos estar sujetos a sanciones. El cese de las actividades de Biotest AG en Irán no tendría un efecto material adverso sobre nuestras operaciones o situación financiera”, explicaba en su informe anual.
Una presión histórica
Los cables del Departamento de Estado a los que tuvo acceso Wikileaks demostraron que la Embajada de Estados Unidos en España ejerció durante años una permanente presión sobre el Gobierno y las empresas españolas para tratar de limitar al máximo su actividad en Irán. Reuniones y contactos con miembros del Gobierno y altos directivos buscaron frustrar posibles operaciones con el país, disuadir de realizar inversiones o forzar el repliegue de entidades, según las comunicaciones confidenciales estadounidenses.
El primer conflicto serio se produjo con la empresa Telstar, que llegó a ser sancionada por vulnerar la normativa estadounidense de no proliferación que somete a fuertes restricciones desde 2000 el comercio con Irán. Las autoridades españolas y la empresa alegaron que había cumplido la normativa y que las operaciones se habían producido antes de que entrasen en vigor en la UE ciertas restricciones a las exportaciones a Irán. EE UU accedió a retirar la sanción a cambio del compromiso de Telstar de no efectuar más exportaciones a Irán.
Las presiones se intensificaron entre 2006 y 2008. Estados Unidos se mostró contra la posible venta de aviones de Iberia a Iran Air, que no se cerró; presionó por la participación de Repsol en el proyecto de exploración y licuefacción de gas natural Persian LNG, que también descarriló, e insistió en que Santander y Sabadell cortasen su relación con Irán, entre otras muchas presiones.
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