Interconexión eléctrica con Francia, ¿una huida hacia adelante?

La CNMC y su homólogo francés alcanzan un acuerdo para el reparto del coste del proyecto marino, que se ha disparado hasta los 3.100 millones

El pasado 28 de febrero el pleno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) respaldaba el acuerdo al que había llegado con su homólogo francés, la Comission de Régulation de l’Energie (CRE), sobre un nuevo reparto de los costes entre España y Francia del proyecto de interconexión eléctrica submarina por el Golfo de Vizcaya, de casi 400 kilómetros. Se trata del segundo acuerdo en menos de tres meses entre ambos organismos sobre la distribución de la inversión entre los dos países que, desde que comenzaron las primeras consultas, se ha disparado un 80%, hasta 3.100 millones de euros (el capex se estima en 2.850 millones con una provisión adicional de riesgos de 250 millones).

A mediados de diciembre, el pleno del organismo que preside Cani Fernández, aprobó un acuerdo de nuevo reparto por el que Francia asumía algo más del porcentaje inicial (un 27%, frente al 43% de España y un 30% en ayudas de la Unión Europea), se desentendía de futuras desviaciones y se mantenían al 50% las llamadas rentas de congestión, que debería cobrar en mayor medida el país que se beneficie de una energía más barata en la interconexión.

El acuerdo de diciembre se basó en el sobrecoste que había calculado en septiembre Red Eléctrica de España (REE), que fijó el presupuesto en 2.700 millones. Sin embargo, el operador del sistema y transportista, encargado, junto con su homóloga francesa, RTE, de la construcción y posterior explotación (que les será retribuida vía peajes de la luz de los consumidores) se destapó en enero con una nueva desviación respecto a la de septiembre: hasta 3.100 millones de euros. Ante semejante encarecimiento, que podría no tener freno, la CNMC revocó su propio acuerdo de diciembre y comenzó una nueva negociación con la CRE.

Con un acuerdo tan reciente, que seguía favoreciendo a Francia, el regulador galo se mantuvo fuerte en un principio. De hecho, se considera que esa disposición de España ha sido su mayor baza. Por contra, una cierta corriente de opinión apuntando por primera vez al posible salida de España de un proyecto excesivamente caro y desfavorable para el consumidor español o que reclamase un nuevo acuerdo, hizo recapacitar a la CRE. No en vano, el propio presidente, Emmanuel Macron, la había declarado infraestructura “prioritaria”.

Dinamitar el acuerdo inicial de 2017 sobre el reparto de financiación (calculada entonces en 1.700 millones) de la interconexión submarina, no convenía nadie, porque habría implicado alargar el proceso durante años. Además, quedaba en suspenso la ayuda europea, por valor de 578 millones de euros, que la UE aprobó en 2013 al considerarlo un proyecto de interés común (PIC) y que será necesario revisar antes de 2026, año en que estaba prevista la puesta en marcha del enlace eléctrico. El plazo se podría haber cumplido de no haberse encarecido, por las subidas desorbitadas de precios de los componentes del cable (con una capacidad de 1.000 MW en dos sentidos) o las empresas suministradoras de los servicios y la tecnología necesarios para desarrollar el proyecto.

Aunque la UE ha sido remisa a asumir ningún sobrecoste, el acuerdo que se conoció el jueves pasado deja la puerta abierta a nuevas subvenciones. El pacto es el siguiente: se actualiza el coste a 2.390 millones de euros (excluida la ayuda europea), que se divide entre los dos transportistas al 50% y los sobrecostes por encima de ese importe, hasta 2.700 millones, los soportará REE en un 62,5% y RTE en el 37,5%. Además, cualquier desviación por encima de los citados 2.700 millones, volvería a distribuirse al 50% entre las partes.

El reparto medio queda, pues, en un 55% para España y un 45% para Francia. Y se establece que si se reciben nuevas subvenciones comunitarias, estas se destinarán a compensar a España, hasta llegar al equilibrio del 50% entre los dos países.

Opacidad oficial

Fuentes conocedoras del proceso consideran que el pacto “ni es óptimo ni justo, pero con los antecedentes del acuerdo de 2017 y el del pasado diciembre, era complicado arrancar un mayor compromiso a Francia”. Por otro lado, resultaba complicado asumir “el coste político” de abandonar un proyecto que, a cambio, puede tener “un gran coste económico para los usuarios españoles”, critican las mismas fuentes.

Un misterio del proceso es sobre qué análisis coste-beneficio se ha calculado el nuevo reparto de financiación. Al parecer, aunque es algo que ni la CNMC ni la CRE han desvelado, los organismos han elaborado varios escenarios sobre la rentabilidad de interconexión para cada parte, y se ha optado por un término medio. Cuando se aprobó el acuerdo de 2017, España cedió, y asumió un mayor coste proporcional, pese a que ya por entonces parecía evidente que la más favorecida por la conexión sería Francia por el mayor desarrollo previsto de las renovables en España. Sin embargo, en aquel momento, se justificó la ventaja gala en que España podría comprar energía nuclear a Francia.

En estos momentos, ya no hay duda de que la tendencia es que será el país vecino el que importe más electricidad barata, procedente de las renovables españolas. Aun así, las rentas de congestión se mantienen en el 50% para cada parte. España se consuela con el hecho de que podrá vender a Francia una sobreproducción verde para la que no habrá demanda. El pico de consumo en España es de 45 GW, cuando la capacidad renovable prevista supera ese nivel: una vez y media el consumo interno.

En cualquier caso, hay voces críticas por la falta de transparencia del Gobierno y el regulador sobre los argumentos técnicos que han llevado al reparto final. Y, yendo más allá, el problema ya no es tanto la distribución de costes, sino los propios costes.

REE estaba ya con el agua al cuello pues este mes termina el plazo para poder activar los contratos con las empresas suministradoras de componentes y servicios. La propia presidenta de la compañía, Beatriz Corredor, reconocía la semana pasada en la presentación de los resultados anuales que en cuanto se firmase el acuerdo, que calificó de “inminente”, REE lanzaría los contratos pendientes. La compañía tenía un segundo problema: qué hacer con las inversiones de su plan estratégico 2021-2025, que despejado el acuerdo, mantiene sin cambios. En septiembre, el operador pidió a la CNMC un cambio en los parámetros retributivos de la interconexión.

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