En busca de la fórmula que rebaje la factura del supermercado
Toda la cadena alimentaria indaga hoy con el ministro Planas cómo poner fin a los galopantes precios de la alimentación
Hoy es el ‘Día D’. Hoy el Gobierno y todos los agentes sociales involucrados: industria alimentaria, supermercados, hipermercados, productores y consumidores se ven las caras en el Observatorio de la Cadena Alimentaria convocado por el ministro de Agricultura, Luis Planas, y cruzarán ideas en busca de un acuerdo colegiado si es posible sobre la mejor forma de atacar la galopante subida de precios de la alimentación en España.Encima de la mesa todo tipo de ideas más o menos brillantes para lograrlo.
Sin duda la que más miedo da es la pretensión verbalizada por representantes políticos muy cercanos al ala izquierda del Gobierno de coalición, que han venido defendiendo la necesidad de establecer un tope al precio de determinados productos básicos. Podría parecer que limitar la libre formación de precio es una medida de castigo a los márgenes de la distribución organizada, pero es todo lo contrario.
Analistas del sector no dejan ni una brizna de duda: “Topar por ley el precio de un producto en el que sus costes de producción siguen subiendo y no se pueden repercutir a la tarifa final, origina inmediatamente que el precio del producto en cuestión se sitúe en pérdidas”, afirman. “Sería una absoluta ocurrencia. Se tuvo que construir una ley hace años para prohibir estas prácticas depredatorias, entonces muy generalizadas por parte de la gran distribución organizada, que atacaban directamente la viabilidad de otras cadenas más pequeñas y tiendas de proximidad a las que se les imposibilitaba competir”.
Además ¿quien y como lo aplicaría? ¿Se limitaria su puesta en marcha a determinado tipo de tiendas. ¿Permitiría esa limitación el que mucha población de ámbito rural o de pequeños pueblos no se beneficiara?
Volver a la jungla
Sería volver al lema que hacía furor en los años 90; “Lagrimas de pérdidas en océanos de beneficios”, ya que los productos con precio por debajo de mercado actuarían como reclamo en los consumidores para adquirir no solo esos sino otros productos de la tienda en cuestión. “Volveriamos a la jungla. Nos cargariamos sin remedio todo lo que hemos construído durante los últimos años en relación a responsabilidad social corporativa y cuidado de la cadena de valor”, afirman los expertos consultados.
La otra idea sobre la mesa, aportada recientemente por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, es la que el Gobierno subvencione, con cargo a un impuesto que se cobraría a las grandes superficies en virtud de sus beneficios extraordinarios, el precio de una cesta de productos fijados previamente. El sistema sería similar al que se llevó a cabo con los carburantes hasta finales del año pasado. Aquí las opiniones sobre la viabilidad y eficacia de implementarla varian, si bien la crítica más contundente aflora desde el lado de la distribución como es natural. “Nadie, ninguna empresa está teniendo beneficios extraordinarias derivados de esta situación, similares a los que está teniendo el sector energético o el financiero. No tenemos margen practicamente de ganancia, nuestros resultados afloran del gran volumen de ventas que tenemos no del margen. Entender y comprobar algo que ha sido así siempre, es muy importante,
También se podría seguir insitiendo desde la vertiente fiscal con mayores y más amplias y generalizadas rebajas de IVA, ya que la aplicada hasta ahora se ha notado levemente y durante poco tiempo. “Y que se podrían haber mantenido en el tiempo si el Gobierno se hubiera coordinado minimamente y no hubiese comenzado a cobrar el impuesto al plástico, que busca recaudar 700 millones de euros, absorbiendo en su totalidad la rebaja de IVA que se llevó a cabo el año pasado.
Actuar en costes
“No hay más remeido que actuar en los costes, es donde que hay que seguir incidiendo. Dando información precisa y cumplida sobre como están evolucionando para que los distintos agentes que intervienen en la cadena reaccionen inmediatamente y ajusten precios dando respuesta a su evolución de los costes. Y ahí se verá quien cumple y quien no”.
En todo caso tampoco hay que descartar lo que asegura un analista del sector de la distribución alimentaria que defiende que es probable que estemos ante una realidad en la que poca gente repara. “Ahora los alimentos valen en la calle lo que tienen que valer”. Ya que reflejan con precisión toda su estructura de costes y márgenes. Y no lo que teníamos hace unos años con unos precios de leche y aceite de oliva, por ejemplo, totalmente irreales e irresponsables.
Ahora con la ley de la cadena alimentaria la distribución no puede negarse a no transferir al precio final un incremento de costes de la industria si el proveedor comunica y demuestra fehacientemente que está teniendo una subida en sus costes de producción.
Por eso todas las partes involucradas dan un valor muy alto a la información que este dispuesto a dar el ministro Planas al mercado. “Es que a lo mejor los costes han dejado de crecer, se han parado y si nos dice y demuestra eso, las empresas de distribución y toda la cadena alimentaria en cualquiera de sus elementos estarán obligadas a ser responsables y empezar a bajar precios”.
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