Fuga de casas en alquiler por la ley de vivienda y el límite a la actualización al IPC
La oferta ha caído un 15% en los últimos seis meses, según la FAI El plan contra la inflación ha acelerado la tendencia
Desde que el Consejo de Ministros aprobase el pasado mes de octubre el proyecto de Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda, hoy en trámite parlamentario para la luz verde definitiva, el ritmo de movimiento habitual del mercado del alquiler ha ido frenándose. En estos casi seis meses, según los datos que ofrece la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), la oferta de casas en arrendamiento ha caído en un 15,5% en toda España, con porcentajes superiores, cercanos al 20%, en regiones como Cataluña.
En las últimas semanas, según añade el coordinador general de la federación, José María Alfaro, la caída se ha acelerado más todavía. Desde la FAI lo achacan al plan de choque impulsado por el Gobierno para combatir la crisis inflacionista y que incluye, entre otras medidas, una limitación de la actualización de las rentas del alquiler al IPC. Es decir, durante tres meses únicamente podrán encarecerse los alquileres sujetos a la revisión anual en un 2%.
Los datos, prosigue Alfaro, reflejan el parón que está experimentando el sector desde dos vertientes. Por un lado se encuentran las viviendas que en un principio estaban ofertadas y que han ido saliendo del mercado del alquiler de vivienda habitual hacia otras modalidades de tenencia, como la propiedad, el alquiler turístico o el alquiler de temporada. Por otro están las casas nuevas que en otras condiciones habrían pasado a engrosar las filas de la oferta del arrendamiento, “pero que debido al recelo a una ley intervencionista optan por irse directamente a otras modalidades”, apunta Alfaro.
Según explica el coordinador general, “el ritmo medio” de alquiler de vivienda que veníamos registrado en los últimos años está descendiendo. A la par, el volumen de trasvase de casas arrendadas que se pasan a la compraventa es hoy “el doble que hace un año”.
El gran problema, aseguran desde la federación, es que la oferta de vivienda en alquiler está menguando en un contexto en el que la demanda de casas está en auge tras el parón forzoso de la pandemia. Aunque hay sobre la mesa varias fórmulas diseñadas por el Gobierno central y por varias administraciones autonómicas para ampliar los parques de vivienda pública o asequible mediante la colaboración público-privada, añade Alfaro, tienen un horizonte de realización de medio y largo plazo. Por eso, “todas las medidas que desincentiven la oferta de alquiler de vivienda habitual en el corto plazo perjudican principalmente al inquilino”.
La ley de vivienda, que según el plan enviado a Bruselas debería aprobarse definitivamente en el tercer trimestre de este año, contempla una serie de medidas para fomentar la congelación o el abaratamiento de los precios del alquiler en aquellas zonas de mercado tensionado.
Entre las principales fórmulas se encuentra la posibilidad de que las autonomías que así lo decidan declaren sus zonas calientes como tensionadas, algo que impondría una limitación respecto al índice oficial para las casas de grandes tenedores y una congelación de precios, en referencia al contrato previo, en las viviendas de los pequeños caseros.
Sin embargo, según detalla Alfaro, más que por una bajada de la rentabilidad del alquiler, la fuga de vivienda en arrendamiento tradicional está motivada principalmente por la falta de seguridad jurídica.
Penalización de la inversión
Desde que el Gobierno anunció hace dos semanas la congelación de la actualización de los alquileres al IPC (que cerró marzo rozando el 10%), un 12% de los inversores que estaba pensando en adquirir una vivienda para alquilarla ha decido posponer la compra. Según datos publicados ayer por Idealista, el 34% de los compradores cree que el límite del 2% fijado por el Ejecutivo repercutirá negativamente en el mercado. “La medida supone un nuevo varapalo para los arrendadores, que de nuevo vuelven a ver cómo cambian las reglas a mitad de partido”, explica el portavoz del portal, Francisco Iñareta. “En muchos casos provocará la retirada de sus viviendas del mercado ante la evidente inseguridad legal que supone. El efecto que puede lograr puede ser justo el inverso”.