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En colaboración conLa Ley

Estos son los deberes que el sector legal pone al próximo ministro de Justicia

La abogacía exigirá la aprobación de la Ley de Derecho de Defensa y dignificar el Turno de Oficio

La sede del Ministerio de Justicia, en Madrid.
La sede del Ministerio de Justicia, en Madrid. Pablo Monge

El próximo inquilino del Ministerio de Justicia no lo va a tener nada fácil. Son muchas las demandas que los operadores del sector pondrán sobre la mesa del nuevo Notario Mayor del Reino una vez tome posesión de su cargo. Después de unas legislaturas especialmente conflictivas en el seno de la Administración de Justicia, muchas de las reclamaciones siguen a la espera de ser abordadas. Algunas son de tipo organizativo y otras de carácter presupuestario. En 2019, la partida para Justicia es de 1.838 millones de euros, un 4,8% más que en 2018.

Estos son los deberes que los principales actores del sector legal ponen al nuevo ministro.

Las propuestas de los partidos

 

Partido Popular. Entre sus propuestas electorales está que los jueces sean quienes elijan a los vocales del Poder Judicial y reforzar las incompatibilidades que impidan movilidad entre política y judicatura. Además, optan por crear un sistema digital de seguimiento del estado de los procesos judiciales, invertir en las sedes judiciales, incluir ciberdelitos en el Código Penal y mantener la prisión permanente revisable.

Partido Socialista. En su programa electoral incluye el impulso de una Carta de Derechos Digitales que reconozca los nuevos derechos de la sociedad digital y la aprobación de un plan de modernización de la justicia y de agilización de los expedientes judiciales.

Unidas Podemos. La formación morada incluye dignificar el turno de oficio y su retribución, derogar la reforma del Constitucional de 2015 para evitar que sea una jurisdicción más, así como que los vocales del Poder Judicial los elija el Congreso. Además, cambiar el acceso a la carrera judicial con una formación universitaria de posgrado.

Ciudadanos. El partido propone una profunda reorganización de la planta judicial, dada la dispersión competencial, y modificar la Ley de Acceso a la Abogacía para diferenciar entre abogacía y procura. Además, despolitizar el Poder Judicial tras las exigencias de Europa.

 

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