Competencia vuelve a cargar contra el monopolio de los taxis

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha admitido a trámite los recursos interpuestos por la CNMC (Comisión Nacional de Mercados y Competencia) contra las Ordenanzas del taxi de Málaga y Córdoba.

Según un comunicado de la CNMC, el organismo considera que restringen la competencia y encarece el servicio en contra del bienestar de los ciudadanos.

Previamente a la interposición del recurso, el pasado 23 de julio la CNMC formuló un requerimiento previo a los Ayuntamientos de Málaga y de Córdoba para que modificaran o anularan las modificaciones que habían introducido en sus ordenanzas. Dicho requerimiento no fue atendido y, en consecuencia, la CNMC ha impugnado las dos Ordenanzas ante el TSJA.

De acuerdo con el documento, las principales restricciones que se han impugnado son las siguientes:

• Restricciones cuantitativas a la entrada de taxis. Los Ayuntamientos han fijado un número máximo de licencias de taxi que pueden operar en los términos municipales. Tal decisión limita la entrada, fracciona el mercado, reduce la disponibilidad y variedad de vehículos, aumenta el tiempo medio de espera, y limita la competencia entre los operadores.
• Restricciones al libre establecimiento del precio. La normativa incluye un precio fijo que impide a los operadores competir libremente y bajar o modificar precios de los servicios en perjuicio de los usuarios.
• Participación de las asociaciones de titulares de licencias de taxi en las decisiones administrativas sobre el número de taxis o el nivel de los precios. Este procedimiento administrativo captura al regulador y evita que los operadores compitan entre sí, perjudicando a los usuarios.
• Requisitos injustificados sobre la organización de los operadores. Entre otras, se exige que el titular de una licencia sea una persona física o bien un miembro de una cooperativa, que sólo pueda disponer de una licencia como máximo y que se dedique exclusivamente a la prestación de servicios de taxi.
• Requisitos injustificados relativos a la calidad y seguridad, tales como que el vehículo no tenga más de dos años de antigüedad, entre otros.

La CNMC asegura que "todas estas restricciones limitan la innovación tecnológica y frenan los nuevos servicios que proporciona la economía colaborativa que están modernizando el transporte de viajeros y abaratando los servicios a los ciudadanos. Los nuevos límites introducidos son un ejemplo de mala regulación que configuran un régimen de monopolio en los servicios de taxi que resulta muy costoso en términos de bienestar"

 Así explica que los Informes Económicos realizados indican que podrían tener un coste para los usuarios al menos de 4,4 millones de euros al año en Málaga y de 2,5 millones de euros al año en Córdoba. Estas estimaciones económicas son conservadoras, en la medida en que no incorporan otros perjuicios como un mayor tiempo medio de espera para los usuarios o las ineficiencias que provoca un régimen de monopolio.