Un instrumento para la estabilidad económica
El nuevo modelo conceptual de la política presupuestaria de los Estados miembros de la Unión Monetaria quedó configurado por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
En el contexto de una política fiscal estricta como la diseñada en el Pacto de Estabilidad, que limita a corto plazo la función estabilizadora del Presupuesto, especialmente en una recesión con tipos de cambio fijos y escasa movilidad de la mano de obra, surge la pregunta de cómo puede salir de la crisis un país de la Unión Monetaria.
Los mecanismos de ajuste macroeconómicos quedarán reducidos básicamente a la flexibilidad de precios y salarios; la salida de la crisis solo será posible si los agentes sociales (empresarios y trabajadores) toman conciencia de la necesidad de un reajuste en precios (beneficio) y salarios; en caso contrario, el ajuste se producirá vía aumento de paro. Es lo que ha sucedido en España sin que la política fiscal haya intervenido para modular los desequilibrios entre rentas y precios.
La aprobación de la Ley General Presupuestaria parece abrir el camino para que en el nuevo entorno de la Unión Económica y Monetaria se reconozca en España al presupuesto como instrumento para conseguir la estabilidad de la economía.
Los Presupuestos Generales del Estado presentados van en la línea de reducir el déficit público de la Administración central del Estado en 2012 al 3,5% del PIB, que, sumado a los previstos para la Seguridad Social, comunidades autónomas y ayuntamientos, alcanzaría el 5,3% del PIB, según las encuestas remitidas por el Gobierno español a la Unión Europea, quedando por tanto un déficit máximo de 2,3 puntos de producto interior bruto (PIB) para reducir en 2013 por todos los agentes de las Administraciones públicas.
Es de suponer que el Gobierno haya comunicado al comienzo del presente año a todos y cada uno de los agentes de las Administraciones públicas la reducción del déficit a realizar en 2012, ya que ha transcurrido un trimestre del ejercicio y dada la cuantía del ajuste, este ha debido empezar a hacerse realidad desde primeros de enero.
El total del gasto no financiero del Presupuesto del Estado asciende a 122.083 millones de euros, que supone una reducción del 9,6% con relación al Presupuesto de 2011, con el objetivo de que en 2013 el déficit del conjunto de las Administraciones públicas no sobrepase el 3% del PIB.
En la información publicada por la prensa aparece un cuadro de gastos no financiero del Estado (fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) que incluye la rúbrica activos financieros, que por su propia denominación es un gasto financiero y, por tanto, no debe aparecer en dicho cuadro, lo que da lugar a que el gasto no financiero del Estado aparezca sobrevalorado.
El ministerio que aparece con mayor asignación de recursos es el de Empleo y Seguridad Social, con 22.593 millones de euros. Los Presupuestos de 2012 mantienen el gasto social y permanece el subsidio por desempleo, congelándose el sueldo de los funcionarios.
Por último, tenemos que citar la amnistía fiscal aprobada. El Ministerio de Hacienda ha manifestado que la medida no le gustaba pero que es necesaria para reducir el déficit y cumplir lo dispuesto por la Comisión Europea; se espera recaudar 2.500 millones de euros. Reconociendo que es necesaria dicha medida por razones de eficiencia, sin embargo, choca fuertemente con el principio de equidad.
Para que todas las medidas acordadas tengan efecto sobre la reducción del déficit, es necesario que se pongan en ejecución inmediatamente, implantando simultáneamente un control de seguimiento y de resultados.
Nos jugamos tanto en conseguir que el déficit público del conjunto de las Administraciones públicas no sobrepase en el corriente año el 5,3% del PIB que he quedado perplejo que a finales de marzo del corriente año no se hayan aprobado todos los presupuestos de los entes públicos administrativos y que de los mismos no se desprenda claramente el cumplimiento del déficit fijado por la Comisión Europea.
El Gobierno debería publicar un cuadro para cada organismo público que ponga de manifiesto el traspaso del déficit presupuestario al de contabilidad nacional y si de todo ello resulta que la suma de los déficits en contabilidad nacional cumple con lo fijado por la Comisión Europea.
José Barea Tejeiro. Catedrático emérito de la UAM