En busca de la ansiada reforma de la financiación autonómica
El modelo, que no se rediseña desde el año 2009, tiene fallos que desequilibran las cuentas regionales y rompen con el principio de ordinalidad
El modelo de financiación autonómica determina cómo se reparten los ingresos tributarios entre las regiones, que son las que tienen competencias sobre pilares del Estado del bienestar como la educación, la sanidad y la vivienda. De ahí la importancia de lograr un modelo estable, equitativo y suficiente que, sin embargo, según los principales expertos, está muy lejos de conseguirse.
El sistema vigente se aprobó en 2009 tras una dura negociación entre el Gobierno y las comunidades autónomas. El pacto solo llegó después de que el entonces jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, pusiera más dinero encima de la mesa, garantizara que ninguna autonomía saldría perdiendo y se aprobaran fondos adicionales para contentar las distintas sensibilidades. No obstante, las deficiencias han ido acrecentándose con el paso del tiempo y el modelo adolece de innumerables fallos y distorsiones.
La finalidad del sistema, en el que destacan mecanismos correctores como el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, el Fondo de Suficiencia Global, el Fondo de Cooperación Territorial y el Fondo de Compensación Interterritorial, es garantizar la autonomía financiera de las regiones y que todas tengan los mismos recursos para prestar servicios. Si bien, hay varias fallas que desvirtúan el objetivo y que no se han ido corrigiendo con el paso de los años.
Una de ellas es que no se respeta el principio de ordinalidad, ya que los mecanismos de nivelación vigentes revierten en buena medida el ranking de recursos disponibles por persona. Es decir, estas fórmulas, que a priori buscan reducir las diferencias entre las comunidades más ricas y más pobres, terminan por invertir las posiciones.
Según los últimos datos elaborados con cifras de 2020 por el director de Fedea, Ángel de la Fuente, los ajustes del sistema intercambian el ranking de financiación efectiva por habitante.
Madrid, por ejemplo, es la comunidad con mayor capacidad fiscal. Sin embargo, una vez producidos estos ajustes, se sitúa en la décima posición de recursos efectivos per cápita. Algo similar sucede con Cataluña, que pasa del tercer puesto en ingresos tributarios al noveno en financiación efectiva. Lo contrario sucede con Canarias y Extremadura, a la cola en capacidad fiscal pero en la parte alta de la tabla de la financiación por persona.
El respeto al principio de ordinalidad beneficia, como es lógico, a las comunidades con mayor renta y que cuentan con mayor capacidad fiscal, mientras que aquellas con menos ingresos sacan más provecho de los ajustes. Sin embargo, entre la región peor financiada –que en el año 2020 fue Murcia, según los datos de Fedea– y la más beneficiada –Cantabria– hay casi 25 puntos de diferencia tras los ajustes, una brecha que de entrada sería difícil de justificar. País Vasco y Navarra, por su parte, cuentan con un régimen foral propio.
Los expertos suelen coincidir en la necesidad de que estos mecanismos de corrección sigan existiendo. Es la única forma que tiene el sistema de reordenar los recursos y de que las regiones más ricas y que más se benefician de factores como la capitalidad o la migración interna distribuyan parte de sus ganancias. Pero ahora toca replantearse el actual sistema.
El modelo tiene en cuenta varios principios para determinar la financiación. Uno de ellos es, por ejemplo, el de la población ajustada, que toma en consideración criterios de edad, género, nivel educativo y necesidades sanitarias de la población. No es lo mismo una región que precisa de mucho gasto educativo que otra que necesita dinero para la dependencia.
También se tienen en cuenta criterios de renta, de coste efectivo de los servicios públicos fundamentales, de dispersión, de insularidad y de eficiencia, entre otros. El problema es que ni estas fórmulas ni los índices matemáticos que dan forma al sistema se han adaptado a los nuevos tiempos, por lo que las necesidades de financiación han quedado caducas.
El antiguo Gobierno de Mariano Rajoy intentó, sin éxito, rediseñar el modelo. Cualquier reforma que hubiese intentado poner en marcha el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez habría quedado en saco roto tras las sucesivas crisis económicas vividas a lo largo de la legislatura.
Uno de los puntos débiles del sistema, y que el Gobierno de Sánchez sí podría haber intentado corregir, a tenor de las propuestas recogidas en el libro blanco para la reforma fiscal, es la falta de armonización en impuestos como donaciones, sucesiones y patrimonio, de gestión autonómica. Hoy, según los datos del REAF, un soltero de 30 años que herede bienes de su padre por un valor de 800.000 euros pagará en Asturias 103.000 por sucesiones, frente a los 1.500 euros de Madrid.