Trabajo acusa a Hacienda de dinamitar la reforma de la Inspección laboral por motivos políticos
“Profundo malestar” en el departamento de Díaz por el descarrilamiento de las negociaciones con los sindicatos para reformar la relación de puestos de trabajo de la Inspección de Trabajo
La cercanía de las elecciones del domingo ha terminado por contaminar algunas negociaciones interministeriales. La sorpresa ha saltado hoy al conocerse el “profundo malestar” de los responsables del Ministerio de Trabajo con los del Ministerio de Hacienda, por la posición de este último en las negociaciones para reformar la Inspección de Trabajo. Así lo han informado fuentes de la negociación que aseguran que en el departamento que dirige la vicepresidenta, Yolanda Díaz, culpan a Hacienda del descarrilamiento de estas negociaciones por motivos políticos, por estar a cuatro días de las elecciones y porque Trabajo es un departamento de Unidas Podemos dentro de la coalición de Gobierno.
De hecho, en la reunión mantenida hoy por el secretario de estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, con la plataforma de sindicatos que están discutiendo esta reforma de la Inspección laboral, el responsable de Trabajo ha explicado a los representantes de los trabajadores que sorpresivamente Hacienda ya no respalda la reforma de la relación de puestos de trabajo ni las nuevas retribuciones y carreras profesionales para el colectivo de inspectores y subinspectores de trabajo.
El argumento de que el silencio de Hacienda a este respecto que impide el acuerdo con los sindicatos es de carácter político está basado, entre otras cosas, en que no hace falta un presupuesto extraordinario para llevar a cabo dicha reforma --el presupuesto de la Inspección ya se ha incrementado un 50% y con ello se puede costear las nuevas contrataciones-- sino que solo se necesita la aceptación del ministerio de María Jesús Montero porque es quien tiene las competencias de modificar la normativa de la función pública.
Esta tensión entre Trabajo y Hacienda podría empeorar las actuales negociaciones con los sindicatos que representan a los trabajadores de la Inspección y que, ya antes de saberse estas dificultades, habían convocado paros parciales y una huelga total la semana del 26 de junio, que no descartan que se convierta en indefinida.
Además, fuentes conocedoras de este malestar en Trabajo aseguran que otra evidencia del trasfondo político de la actitud de Hacienda está en el hecho de que en mucho menos tiempo y sin apenas negociaciones --a diferencia de la reforma de la Inspección sobre la que se lleva discutiendo más de un año-- otras partes socialistas del Gobierno sí han dado solución a los conflictos que tenían con sus trabajadores, como es el caso de los trabajadores de la Justicia y de la Seguridad Social.
Roces con Escrivá
Por otra parte, y tras conocerse la semana pasada que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha rebajado los requisitos del arraigo por formación para regular la situación de inmigrantes que se formen reglamentariamente para ingresar en el mercado laboral, desde Trabajo han alertado también que dicha flexibilidad “no debe de empeorar la calidad formativa que necesitan las empresas”.
Es más, fuentes de este departamento sí se han mostrado firmemente en contra de otra pretensión del departamento que dirige José Luis Escrivá, y es el de abrir nuevos cupos de contratación en origen para traer mano de obra a España en sectores que lo están demandando, como puede ser el transporte, la hostelería o algunos perfiles cualificados para la construcción, tal y como reclaman las patronales de estas actividades.
Sin embargo, desde Trabajo niegan la mayor y aseguran que esta falta de mano de obra no existe. Y para hacer esta afirmación se remiten a la encuesta trimestral de costes laborales, que es la única que según este departamento mide oficialmente el número de vacantes del mercado laboral español y que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) tras consultar a 28.000 empresas. Esta estadística, que desde Trabajo califican de “muy representativa y robusta”, indica que en España existen apenas 140.000 puestos de trabajo vacantes porque las empresas no pueden cubrirlos.
Ante este “irrelevante” número de vacantes --que incluso se reducirían al entorno de las 70.000 porque el resto se registran en el sector público o actividades donde el empleo público es mayoritario-- en Trabajo aseguran que existen tres millones de parados, por lo que traer inmigrantes para cubrir estos puestos, como reclaman las patronales y ve con buenos ojos Escrivá, solo serviría para rebajar las condiciones laborales de los trabajadores extranjeros que los ocuparan.
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