La rebelión de los ‘cesantes’ contra Feijóo tras el caso Banco de España
Génova explora fórmulas para aterrizar su política de ejemplaridad en las designaciones y genera inquietud entre sus cuadros del sector público empresarial
La elección de Fernando Fernández como consejero del Banco de España por parte del PP aparca por ahora la crisis sobre los nombramientos que ha golpeado en estos días al partido conservador. La intención declarada por su presidente, Alberto Núñez Feijóo, de designar perfiles independientes para cargos claves en organismos autónomos de la administración hizo agua de primeras con el nombramiento como consejero del Banco de España de Antonio Cabrales. El profesor de la Universidad Carlos III resultó ser tan autónomo que en 2018 firmó una carta de apoyo a la prófuga consejera de la Generalitat, Clara Ponsatí. Fernández, un profesional respetado y con criterio propio, responde mejor a los guardianes de las esencias populares desde su perfil netamente liberal. Aunque el movimiento aplaca las críticas internas, lo cierto es que el episodio ha dejado un poso de inquietud entre los ejecutivos próximos al partido que aspiran a cargos relevantes si el PP accede al poder a principios de año. También ha destapado cierta falta de coordinación entre diferentes núcleos de poder en el partido.
Fuentes oficiales de Génova preguntadas por la rectificación en el Banco de España, los límites de la independencia y los criterios que seguirá a partir de ahora la formación en la renovación de cargos que le afecten, se remiten al Plan de Calidad Institucional presentado por Feijóo a finales de enero. En dicho documento, se establece de forma genérica la necesidad de “garantizar la independencia, conocimiento experto, rigor y profesionalidad en el nombramiento de directores o presidentes de organismos reguladores, autoridades independientes y organismos o entidades públicas”. Además, se contempla una suerte de designación reforzada en instituciones “que presentan una alta capacidad de influencia” o en “sectores regulados de la economía”. En la casa resumen el relato con cultivar una “política de ejemplaridad” en cargos e instituciones estratégicas.
Esta declaración de intenciones, con su mera redacción, ya levantó suspicacias entre quienes aspiran a encontrar acomodo en puestos de designación política si el PP gana las elecciones. Pero además, ha terminado de provocar con su errática plasmación en el Banco de España toda una reacción contraria entre cuadros populares actualmente sin destino y afines ahora relegados en el sector público empresarial que aguardan la dirección general o el consejo de rigor. Se trata de un remedo contemporáneo de la figura del cesante que con maestría describió Benito Pérez Galdós en Miau y después en Fortunata y Jacinta; es decir, perfiles de alta cualificación y con adscripción política insertos en la administración, cuya suerte en posición y salario depende normalmente de los cambios y los turnos entre los dos principales partidos políticos. La posibilidad de que Feijóo tire de muchos Cabrales y menos Fernández limita sus posibilidades y aumenta sus temores, al punto de generar el caldo de cultivo para que quienes hasta ahora han sido leales alienten el fuego amigo.
La sensibilidad de la cúpula y del núcleo duro venido de Galicia con el expresidente de la Xunta no es, empero, la única que existe en el partido, donde conviven gallegos, andaluces y versos sueltos con acceso ilimitado a la planta séptima de Génova como Esteban González Pons. Fuentes conocedoras del episodio explican que Juan Bravo, vicesecretario de economía del PP, se ha interesado ampliamente por la problemática de los nombramientos y por formar opinión más allá del plan Feijóo. Una inquietud surgida en previsión de una victoria en las elecciones y el aluvión de renovaciones que implicaría. La cuestión incluso precede al fiasco en el Banco de España. No en vano, han circulado por Génova diferentes opciones, más o menos ortodoxas, para aquilatar los nombramientos y dotarles de esa pátina de ejemplaridad que requiere la dirección.
En esta línea, hay quien en la casa aboga por poner en marcha un comité de evaluación que aborde las designaciones, en línea con la denominada Comissao de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública (Cresap) que opera en Portugal. El organismo, que lleva en vigor una década y que ha sido puesto por auditoras y estudios académicos como ejemplo de despolitización de la planta administrativa en la empresa pública, nació de las obligaciones impuestas al gobierno luso dentro del Memorándum de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) firmado con el Ecofin y los ministros del Eurogrupo para cubrir las necesidades financieras del país tras la crisis financiera que arrancó con el hundimiento de Lehman Brothers. Su base de funcionamiento es confrontar la decisión gubernamental con una opinión técnica no vinculante pero transparente, ofrecida por una comisión independiente. Se busca dotar a la opinión publica de argumentos para determinar hasta qué punto una elección tiene un sustrato esencialmente político.
Es difícil, empero, que el modelo coja vuelo en tanto satélites del PP han insistido al área económica en que cualquier planteamiento de esa envergadura podría generar un cuello de botella importante cuando en apenas semanas deben generarse decenas de salidas y entradas de directivos vía Boletín Oficial del Estado (BOE). Además, insisten en la fina línea que separa la independencia de los propios de la dependencia del contrario, como habría demostrado la operación con Cabrales. La dialéctica electoral, en todo caso, ya está en marcha. Unos, para aferrarse a las instuciones y dejar a los suyos bien colocados si salen: otros, para tomar posiciones por si hay cambio de guardia. ¿Y si, pese a todos los cálculos, el Partido Popular no hace buenas tantas encuestas y pierde las elecciones? Como dice con ironía un buen conocedor de la casa, la tarta se reparte antes, y si se pierde, no come nadie.
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