Repsol pide financiación a Europa antes de decidir si invierte 900 millones en su macroproyecto hidráulico
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) estudia conceder un préstamo blando para ampliar la central hidroeléctrica de Aguayo (Cantabria), que se convertiría en un referente de almacenamiento
Repsol busca reforzar financieramente uno de sus proyectos de inversión en energías limpias más ambicioso. La filial de renovables de la multinacional ha pedido un crédito millonario al Banco Europeo de Inversiones (BEI) antes de decidir si finalmente invierte 900 millones de euros en la macroampliación de su central hidráulica ubicada en San Miguel de Aguayo (Cantabria), uno de los ...
Para seguir leyendo este artículo de Cinco Días necesitas una suscripción Premium de EL PAÍS
Repsol busca reforzar financieramente uno de sus proyectos de inversión en energías limpias más ambicioso. La filial de renovables de la multinacional ha pedido un crédito millonario al Banco Europeo de Inversiones (BEI) antes de decidir si finalmente invierte 900 millones de euros en la macroampliación de su central hidráulica ubicada en San Miguel de Aguayo (Cantabria), uno de los activos estrella que compró a Viesgo en 2018 en el afán de convertirse en una multienergética desde su posición de petrolera.
El proyecto busca cuadruplicar la potencia instalada gracias a una central de bombeo ubicada en el alto Ebro, una de las zonas con mayor potencial hidráulico de España. Aguayo II, como lo ha denominado la empresa, pasaría de 360 megavatios (MW) a alrededor de 1.400 MW y prevé tenerlos operativos en 2030. Esto le convertiría en la segunda central de bombeo más grande de España y la tercera de Europa, capaz de suministrar electricidad libre de emisiones a 800.000 hogares, más que toda la población de Cantabria.
La ejecución del proyecto es un reto, por lo que la compañía quiere optimizarla desde el punto de vista financiero en un momento de subida de tipos. De ahí que haya presentado al brazo financiero de la Unión Europea el denominado Proyecto Escudo, en referencia al puerto de montaña próximo a la central que linda con Castilla y León.
El BEI, liderado por la exvicepresidenta y exministra de Economía, Nadia Calviño, concede financiación blanda a proyectos que considera estratégicos para la Unión Europea. Habitualmente, los préstamos que da esta entidad comunitaria facilitan la entrada de la banca comercial en proyectos complejos como el que está bajo evaluación. Todo ello contribuye a aumentar la rentabilidad sobre el capital invertido del promotor.
La documentación que maneja el BEI destaca que “el proyecto contribuye a incrementar la capacidad de almacenamiento de energía en España mediante la provisión de almacenamiento por bombeo de larga duración en un sistema que enfrenta un rápido aumento de las cuotas de energías renovables variables y necesidades de flexibilidad estructural”.
Entre los objetivos, la entidad con sede en Luxemburgo asegura que Aguayo II “ayudará a reducir las emisiones de CO2 y otras emisiones del sector eléctrico, facilitará la integración de altas cuotas de generación eólica y solar, y mejorará la calidad de la energía y apoyar la seguridad del suministro eléctrico”. Además, se desarrolla y genera empleo en una zona amenazada por la despoblación, otro de los objetivos que persigue el banco europeo con el desembolso de fondos. Durante su construcción, Repsol prevé la creación de unos 1.000 puestos de trabajo.
Desde el punto de vista climático, el BEI espera que “el proyecto contribuya a los objetivos de acción climática y sostenibilidad ambiental, en particular a la mitigación del cambio climático y la prevención y el control de la contaminación”.
La tramitación medioambiental es uno de los principales retos para un proceso de ampliación de una central hidráulica, dado el impacto que tiene sobre el territorio. En este caso, el proyecto de ampliación de Aguayo lleva más de una década de trámites administrativos. Repsol busca ampliar la central mediante la instalación subterránea de nuevas conducciones y turbinas reversibles, aprovechando los embalses existentes, sin aumentar su tamaño, y minimizando el impacto visual. Actualmente, la empresa cuenta con un permiso de explotación de Aguayo hasta 2058, según datos de la secretaría de Estado de Medioambiente.
Además del BEI, Repsol ha recurrido a otras vías de ayuda pública para desplegar esta infraestructura. Aguayo II fue incluido en 2023 como Proyecto de Interés Común por la UE (PCI, en sus siglas en inglés). A principios de este año, el proyecto fue seleccionado para recibir 180 millones de euros. Los fondos CEF son un instrumento europeo que apoya infraestructuras energéticas clave para integrar los mercados, descarbonizar la economía y fortalecer la seguridad del suministro eléctrico.
Uno de los últimos hitos logrados por la empresa viene del Gobierno de España. El Ministerio para la Transición Ecológica ha aprobado recientemente la Autorización Administrativa Previa y la de Construcción de Aguayo II, tras completar la información pública de los ajustes del proyecto. También ha emitido la Declaración de Utilidad Pública. No obstante, aún queda tramitación administrativa pendiente.
Para España y para el Gobierno, este tipo de proyectos cuenta con varias ventajas. Además de contribuir a los objetivos de descarbonización, la hidráulica de bombeo apoya la seguridad de suministro y se convierte en el activo no emisor más idóneo para la sustitución de otras tecnologías como el carbón, ya clausurado, o las plantas de gas y nuclear, para las que el Gobierno tiene previsto el cierre a medio plazo.
En paralelo a la concesión de los permisos administrativos exigidos, Repsol ha iniciado este mes de junio los primeros trabajos asociados al proyecto Aguayo II. Estas actuaciones iniciales consistirán en intervenciones de carácter preliminar, fundamentalmente centradas en el acondicionamiento de una plataforma para instalaciones temporales necesaria para el desarrollo futuro del proyecto. Se trata de trabajos de alcance limitado, tareas preparatorias esenciales para garantizar una ejecución ordenada y eficiente en fases posteriores. La ejecución de estos trabajos iniciales correr a cargo de la empresa Copsesa, dedicada a la obra civil y una destacada implantación en Cantabria.
Esta no es la primera vez que el BEI concede financiación a Repsol para proyectos de transición energética. En 2022, la multinacional dirigida por Josu Jon Imaz obtuvo 120 millones de euros para financiar la primera planta de biocombustibles avanzados en España.
Un año después, en 2023, la entidad financiera de la Unión Europea prestó 575 millones de euros a Repsol para el despliegue y puesta en operación en España de parques eólicos y plantas fotovoltaicas con una capacidad total de 1,1 GW y que se preveía tener operativos antes de finales de 2025. Ahora la empresa acaba de anunciar la venta del 49% de su mayor cartera de renovables en España (705 MW) a Masdar, empresa propiedad del emirato de Abu Dabi. Una operación cerrada semanas antes, tal y como avanzó este medio a principios de mayo.
Ni el BEI ni Repsol han comunicado hasta ahora cuánta financiación se ha solicitado para la ampliación de Aguayo ni cuánto se otorgará finalmente, ya que está aún en fase de estudio. Pero en otros proyectos, la entidad comunitaria suele llegar hasta un máximo de la mitad del total invertido, por lo que se espera que, sin finalmente da su ok, el crédito sea de varios cientos de millones de euros.