Telefónica seguirá prestando el servicio universal de telecomunicaciones dos años más
La CNMC propone que se eleve a 100 Mbps la velocidad mínima de descarga a Internet para todos los usuarios
Telefónica continuará hasta el 31 de diciembre de 2026 como el operador encargado en España de la prestación del servicio universal de telecomunicaciones al no haberse presentado ninguna compañía a la licitación pública para cubrir este servicio, según ha informado este miércoles la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC).
Tras el informe favorable de este organismo, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública designará de forma directa por orden ministerial a Telefónica para que se haga cargo de este servicio por un periodo de dos años. Se trata ya de un procedimiento habitual puesto que todos los anteriores concursos desde la liberalización de las telecomunicaciones han quedado desiertos. Ninguna de las operadoras con red está interesada en prestar este servicio al considerarlo deficitario, por lo que es el Gobierno el que se ve en la obligación de designar por decreto a Telefónica para cubrirlo año a año.
El informe de la CNMC señala que, aunque lo ideal sería convocar una licitación, la designación directa de Telefónica es adecuada en este momento para garantizar la continuidad del servicio universal, y propone al Ministerio que dicte un decreto con las nuevas condiciones que debe asumir el servicio. “La medida permitirá mantener la conectividad en todo el territorio nacional, especialmente en las zonas más remotas, donde la rentabilidad de las infraestructuras es menor”, precisa el organismo que preside Cani Fernández.
El servicio universal de telecomunicaciones garantiza que todos los ciudadanos tengan acceso a Internet y a servicios de voz en ubicaciones fijas, con independencia de su localización, a precios asequibles y con calidad determinada. Actualmente, la velocidad mínima de conexión se fija en 10 megabits por segundo (Mbps) de descarga, pero la CNMC considera necesario elevar este umbral, dada la evolución tecnológica y las necesidades actuales de los usuarios.
Precisamente, el último informe de la CNMC plantea elevar esa velocidad mínima de acceso a Internet a los 100 Mbps, argumentando que actualmente el 93,3% del total de accesos activos de banda ancha fija en España disponían de una velocidad igual o superior a esos 100 Mbps según los últimos datos de diciembre de 2023. Competencia también propone aumentar el volumen máximo de datos hasta los 45 gigabits (GB) al mes para la conexión de banda ancha mediante tecnologías móviles o por satélite, toda vez que el programa público Conecta35, que también se presta por satélite, incluye un límite de 150 GB mensuales.
La CNMC precisa además que es importante definir las condiciones de prestación del servicio universal, por ejemplo, si la velocidad mínima debe garantizarse en cualquier circunstancia, durante la mayoría del tiempo o bajo ciertas condiciones técnicas de la red. Por último, propone que toda la información sobre el servicio universal (condiciones, tarifas y proceso de contratación) esté claramente agrupada y visible en la web comercial de Telefónica.
Desaparición del servicio
La CNMC evalúa anualmente el coste de la prestación del servicio universal, y luego se reparte entre los operadores con facturación anual mayor de 100 millones, por lo que lo sufragan especialmente, Masorange, Vodafone, Digi y la propia Telefónica. La tendencia general en los principales países europeos es a la desaparición de este servicio porque el nivel de competencia entre las compañías privadas lo hace innecesario.
De hecho, a comienzos de noviembre el Ministerio para la Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, lanzó una consulta pública sobre si la prestación del servicio universal de telecomunicaciones debe seguir siendo una obligación de servicio público a partir de 2025.
Ya desde 2023 se excluyó del servicio universal la obligación de disponer y mantener un mínimo de cabinas telefónicas según la población de cada municipio y la de editar guías de teléfonos fijos, aunque se elevó la exigencia de que la velocidad mínima de acceso a Internet sea de 10 Mbps.