Las empresas no cotizadas se acercan a las mejores prácticas de gobernanza
Aenor crea una certificación para el buen gobierno de compañías que no operan en los mercados de valores. La solución nace con la intención de que estas sociedades generen seguridad y valor
El buen gobierno corporativo, el conjunto de principios y prácticas que rigen la gestión de una empresa, ha pasado de ser una obligación para las compañías cotizadas a convertirse en una herramienta necesaria para cualquier tipo de empresa. Mediante su aplicación se garantiza la transparencia, la responsabilidad y la equidad en la relación con los grupos de interés, condición indispensable para el éxito empresarial.
Aenor, que en 2021 lanzó la primera solución de certificación en materia de buen gobierno corporativo, enfocada en las sociedades cotizadas, tras el éxito y el creciente interés por las buenas prácticas en este ámbito, ha visto la necesidad de que empresas que no cotizan en el mercado de valores, como es el caso de las familiares, verifiquen su buena gestión corporativa. Por eso ha creado una certificación para el buen gobierno y gobernanza en empresas no cotizadas.
El buen gobierno es una de las bases del enfoque ESG (factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo), por ello es necesario que desde los órganos de mando de cualquier organización se impulsen y se lideren las estrategias orientadas a su sostenibilidad. La solución de buen gobierno y gobernanza de Aenor es una certificación diseñada para mejorar y respaldar las prácticas de gobernanza en todo tipo de organizaciones, con independencia del sector al que pertenezcan, incluyendo sociedades mercantiles, asociaciones, fundaciones y cooperativas. Está basada en las normas UNE ISO 37000 y UNE ISO 37004, así como en las guías especializadas en la materia.
Mayrata Conesa, mánager de ESG, compliance y buen gobierno de Aenor, explica que “la solución de buen gobierno y gobernanza está orientada a aquellas empresas que, no operando en el mercado de valores, tienen una creciente preocupación por cuestiones de buen gobierno, siendo conscientes de la importancia de abordar la G [ESG] como base para la sostenibilidad de la organización”.
El nuevo certificado nace con la intención de que empresas y otras entidades jurídico privadas puedan generar seguridad y valor, sobre todo de cara a sus grupos de interés, ya que, según un estudio reciente de Esade, el 88% de las empresas españolas no cotizadas define el gobierno corporativo como un ámbito prioritario para su organización. De hecho, las propias empresas reconocen que existe un mayor acercamiento a los requisitos de buen gobierno, aspectos ya exigidos por normativa para las empresas cotizadas y el sector financiero. Si bien aún hay claras diferencias entre la valoración media de la importancia que se le otorga a los diferentes aspectos del gobierno corporativo, así como a su desarrollo e implantación en la empresa.
Grupos de interés
Esta versión de la certificación recoge las mejores prácticas actualizadas en buen gobierno y mejora su contenido, permitiendo que las empresas demuestren su buen desempeño en este campo ante sus grupos de interés: inversores, proxies, clientes, empleados, el propio regulador y la sociedad en general. Así, se consideran las relaciones entre los principales órganos directivos de una compañía, esto es, consejo de administración, junta directiva e inversores principales, así como las pautas de actuación a la hora de tomar decisiones que afecten a la empresa y a todas las partes interesadas.
“La solución propone un sistema de gestión orientado a la mejora continua y sus requisitos giran en torno a los principios de buen gobierno y gobernanza (como por ejemplo el propósito, la gestión de riesgos o la relación con los grupos de interés), el funcionamiento y las competencias de los órganos de gobierno y el modelo de evaluación para asegurar que el sistema se mantiene en constante evolución y adecuación”, detalla Conesa.
Para las sociedades cotizadas, el buen gobierno ya no es algo elegible, deben cumplir una serie de obligaciones y alinearse con las recomendaciones que marca la CNMV. Sin embargo, es fundamental que las organizaciones vayan profesionalizando y evolucionando sus modelos de buen gobierno como garantía de sostenibilidad a largo plazo, es una responsabilidad de todas las organizaciones siempre de manera adecuada y proporcional. Por ello, se han establecido cuatro puntos clave:
-Mejora continua: implementación de un sistema de gestión que promueve el perfeccionamiento constante en las prácticas relacionadas con la solución;
-Reconocimiento: la certificación avala las buenas prácticas de gobernanza y buen gobierno ante terceros, incluyendo a los accionistas y al resto de partes interesadas.
-Adaptabilidad: solución flexible que se adapta a diferentes tipos de organizaciones y estructuras de gobierno.
-Cumplimiento normativo: ayuda a las organizaciones a cumplir con las normativas y expectativas crecientes en materia de gobernanza y reporte no financiero.
Obligaciones y recomendaciones
Actualmente, cuando se abordan cuestiones de buen gobierno corporativo, el foco se pone sobre las sociedades cotizadas, ante la necesidad de reforzar la confianza de sus estructuras y del funcionamiento de sus órganos de gobierno, para poder operar con garantías en los mercados de valores. Así, en 2021 Aenor lanzó la primera solución de certificación en materia de buen gobierno corporativo que, a día de hoy, ha respaldado las buenas prácticas de empresas de gran calado dentro la Bolsa española como Prosegur, Banco Santander, CaixaBank o Enagás, entre otras.
La certificación se compone de 9 variables y estas, a su vez, contienen 41 indicadores. Para cada indicador se han establecido los criterios de medición y las puntuaciones correspondientes. Cada variable acumula la puntuación obtenida en sus indicadores y la suma de los resultados de todas las variables permite llegar al resultado final con un máximo de 1.000 puntos.
Las obligaciones en la materia las impone especialmente la Ley de Sociedades de Capital de 2014, que va incrementando el nivel de exigencia, como hizo con la reforma de 2021. Para completar estas obligaciones, la CNMV ha establecido una serie de recomendaciones en su Código de Buen Gobierno, actualizado en 2020. Este código ha sentado las bases para la aplicación de buenas prácticas en este ámbito, y contiene una evolución de las obligaciones hacia las mejores prácticas en la materia.