Nadal rechaza todas las propuestas relevantes de la directiva de renovables

Pide que los incentivos a las energías verdes se puedan revisar Dice que el autoconsumo hará subir los precios y pone en peligro el suministro

Álvaro Nadal, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital.

El Gobierno, a través del Ministerio de Energía, remitió la semana pasada al Consejo de la UE un alegato sobre el proyecto de directiva de renovables que supone una enmienda casi a la totalidad a las propuestas de la Comisión Europea y, sobre todo, al endurecimiento que reclama el Parlamento Europeo.

La directiva forma parte del llamado paquete de energía limpia, en proceso de negociación en las instituciones europeas. Y el escrito del Gobierno se traduce en un no a todas las medidas relevantes que plantea la UE para alcanzar los objetivos medioambientales hasta 2030.

El Ejecutivo ataca de entrada la intención del ponente del Parlamento Europeo, el eurodiputado socialista José Blanco, de establecer objetivos nacionales vinculantes para la reducción de emisiones de CO2. La propuesta supondría para España un objetivo del 36% en 2030, más del doble de la producción actual.

El Gobierno aboga por mantener un objetivo general del 27% sin ninguna obligación nacional, tal y como defiende el comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete.

Tanto en el punto sobre las contribuciones nacionales como en otras exigencias, el departamento que dirige Álvaro Nadal, recurre a la letanía de que se tenga en cuenta el nivel de conexión eléctrica:“Un país con pocas interconexiones como España no puede comprometerse a alcanzar un nivel de renovables que otros más interconectados”, alega el Gobierno.

Otro tanto plantea sobre el artículo 5 de la directiva, que permitiría abrir los mecanismos de apoyo a las energías verdes a otros Estados miembros. Esto es, que una instalación española (y viceversa) pueda acudir a subastas de incentivos en Portugal o Francia, por ejemplo. En este caso, la UE propone que se destinen a estos intercambios un 10% de la nueva capacidad renovable entre 2021 y 2025 y, al menos, un 15%, de 2026 a 2030.

Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy pide que no se aplique esta medida a los países que no hayan alcanzado un 10% de interconexión entre 2021 y 2025 y del 15% en 2030.

España da otro no rotundo a que la CE evalúe cada cuatro años la efectividad del apoyo a las renovables. El Gobierno considera que ese control supondría una burocracia excesiva. Acto seguido, sin embargo, rechaza también el concepto de ventanilla única que existe en otros países y la obligación de tramitar en el plazo de 1 año la puesta en marcha de plantas renovables, como sugiere Blanco. Pide, en cambio un máximo de 3,5 años, y descarta que los pequeños proyectos de menos de 50 MW se pongan en marcha con una simple notificación, como ocurre en Portugal.

Retroactividad

Pero quizás los dos artículos más polémicos y relevantes contra los que el Gobierno arremete son los referidos a “la estabilidad del apoyo financiero [seguridad jurídica] a las renovables” (artículo 6) y al autoconsumo (artículo 21), que tan escasa simpatía suscita al titular de Energía.

En el primer caso, la directiva prohíbe medidas que impacten negativamente en los proyectos, mientras que el Ejecutivo propone lisa y llanamente eliminar este artículo. En su lugar, plantea que se “adapte la remuneración a las circunstancias del mercado u otras revisiones del marco general del Estado” en vigor en la fecha de concesión de la ayuda. En resumen, sostiene que el esquema de apoyo no puede estar congelado toda la vida útil de la planta y debe ser revisado para ajustar la remuneración. Unas modificaciones de la retribución que deben “internalizar” los inversores cuando afronten los proyectos.

En cuanto al autoconsumo, insiste en que deben estar sujetas a las mismas condiciones que el resto de instalaciones. El departamento de Nadal, que exige un registro de instalaciones, advierte que si no se controla el autoconsumo, “subirán los precios, incrementará la volatilidad del mercado y causará problemas a la seguridad de suministro y la operación del sistema. En esta línea, pide medidas restrictivas a las cooperativas o comunidades de energía, que deben pagar los peajes y cargos del sistema como el resto de usuarios.

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