Una respuesta financiera a los ayuntamientos
Las corporaciones locales tienen un serio problema de financiación como consecuencia de la fortísima caída de sus ingresos fiscales, sobre todo por la gran dependencia de éstos del sector inmobiliario. Así, los impagos a proveedores son la norma, y la excepción es encontrar ayuntamientos que puedan abonar sin problemas las facturas e incluso las nóminas de sus funcionarios. Tal situación ha hecho temer al Gobierno, con razón, que los alcaldes caigan en la tentación de endeudar a sus ayuntamientos, con el consiguiente empeoramiento del déficit público, lo que no admitiría Bruselas. Para evitarlo ha optado por prohibir a partir del 1 de enero endeudamiento nuevo a plazos superiores al año.
La medida es acertada: es preciso evitar el empeoramiento de las finanzas públicas. Pero lo cierto es que no soluciona el serio problema de liquidez de los ayuntamientos. La situación es tan grave que si la ley permitiese a las Administraciones públicas entrar en concurso de acreedores, lo más probable es que muchos alcaldes instarían la tutela judicial de sus corporaciones. Para sobrevivir, muchas entidades locales han acudido a la banca en busca de créditos a corto plazo que les doten de liquidez para afrontar los gastos corrientes. Sólo en el primer trimestre, los préstamos a menos de 12 meses se han disparado en 1.500 millones de euros (un 60%), según los datos registrados por el Banco de España. Es una solución perentoria que no resuelve la dificultad de fondo. Porque la situación está llevando a que algunos ayuntamientos, desesperados, rastreen nuevos ingresos con ocurrencias de dudosa legalidad, como la iniciada por la corporación de La Línea de la Concepción (PP), que cobrará peaje a los automóviles que quieran entrar en Gibraltar. Los más sensatos han recortado más el gasto, una política acertada e imprescindible.
Aun así, el problema sigue desbordado, por lo que el Gobierno debe negociar una solución realista. La entrada de la nueva línea de crédito del ICO con 3.000 millones deberá ser un balón de oxígeno, aunque incluso dentro del propio organismo adviertan de los problemas burocráticos que conlleva. Sería un grave error que este mecanismo no llegase a surtir efecto por unas exigencias difíciles de cumplir por los ayuntamientos más pequeños. También parece sensata la pretensión de la FEMP de que la prohibición de endeudarse a largo se module en función del nivel de apalancamiento de cada corporación. Es injusto que ayuntamientos bien gestionados con deudas bajas sean tratadas con el mismo rasero que los que han dilapidado.
Pero sobre todo, urge que Gobierno, autonomías y Administración local diseñen un sistema de financiación municipal largamente aplazado. Para ello, es determinante acelerar el catálogo de servicios que deben prestar los ayuntamientos y establecer la financiación para costearlos.