Las empresas de EE UU exigen recortes fiscales para mantener la inversión en España
Es tiempo de competencia global y deslocalizaciones, así que el Gobierno tendrá que aprobar rebajas fiscales para que las firmas estadounidenses mantengan la inversión y el empleo creado en España. æpermil;se es el resumen del argumentario que acaba de presentar la Cámara de Comercio Americana en España, por el que se reclama una revisión radical del convenio de doble imposición firmado entre los dos países en 1990.
El lobby empresarial se apoya en un documento elaborado por Baker & McKenzie, Deloitte, Ernst & Young, Garrigues, KPMG, PricewaterhouseCoopers y Uría Menéndez. El presidente de la Cámara, Jaime Malet, sostiene que el convenio en vigor "castiga a España como destino inversor de empresas estadounidenses en comparación con otros países europeos que gozan de mejores convenios, y supone un lastre para los grupos españoles cuyas filiales compiten con filiales de otros países en Estados Unidos".
Las empresas reclaman una tributación cero por los dividendos generados por participaciones superiores al 10% y mantenidos al menos un año (hoy se gravan, por lo general, al 15%), y también una exención de retenciones por intereses pagados a residentes en Estados Unidos. Además, piden que se sinteticen las actuales categorías de cánones (cesiones de tecnología o derechos de autor, entre otros) en una sola, a la que se aplicaría un gravamen único menor del 5%. El escrito insta también a eliminar la tributación en la transmisión de acciones y otros derechos de capital en casos de participación sustancial o, alternativamente, a permitir el diferimiento de la ganancia en casos de reorganización empresarial.
Mientras, en EE UU, la Casa Blanca está estudiando la posibilidad de ofrecer créditos fiscales a las empresas que creen empleo, según informó ayer The New York Times. Ese tipo de medida, destinada a frenar una tasa de paro que se acerca al 10%, no se aplica desde los años setenta, pero contaría con el apoyo republicano.
La Cámara Americana destaca que la capacidad de atracción inversora española está limitada por el convenio: según sus cifras, de los 44.500 millones de euros de stock de inversión neta estadounidense que tienen a España por país de destino último, sólo 15.700 millones lo hacen de forma directa. El 64% restante (casi dos tercios del total) lo hacen a través de un tercer país europeo que actúa como intermediario. Desde sociedades base radicadas, principalmente, en el Benelux, las inversiones logran eludir, según la Cámara, el exceso de fiscalidad español.