La jueza cita como imputado a Corcóstegui por el cobro de 110 millones del SCH
La Audiencia Nacional ha citado para el próximo 3 de abril al ex consejero delegado y ex vicepresidente del Santander Central Hispano (SCH) Ángel Corcóstegui para que declare como imputado con relación 'al pago de una cantidad superior a 110 millones de euros' recibida a su salida del banco en febrero de 2002.
En una providencia, la Audiencia solicita a Corcóstegui que aporte el contrato en virtud del cual se le abonó dicho dinero y toda la documentación 'relacionada con el pago de una cantidad superior a 110 millones de euros'.
Esta citación se produce después de que la jueza Teresa Palacios, instructora del caso, decidiera unir la investigación de este pago a la que ya tramitaba sobre los 43,75 millones de euros cobrados por el ex presidente del banco José María Amusátegui al abandonar el banco unos meses antes (en agosto de 2001) que Corcóstegui.
Tanto Amusátegui como el presidente del SCH, Emilio Botín, están imputados en esta primera investigación, a raíz de una querella presentada por el abogado y accionista del banco Francisco Franco Otegui (vinculado al ex consejero de Banesto Rafael Pérez Escolar, condenado por el caso Conde) el pasado mes de octubre.
La declaración de Corcóstegui se produce una vez que Teresa Palacios admitió a trámite una querella presentada por Pérez Escolar -también dirigida contra el presidente del SCH, Emilio Botín- al considerar que este pago es constitutivo de un delito societario o de apropiación indebida 'por el indudable y grave perjuicio causado a todos los accionistas'.
La jueza ha citado a declarar también para el mismo día, aunque en calidad de testigo, al consejero y presidente de la comisión de nombramientos y retribuciones del SCH, Fernando de Asúa, a quien previsiblemente interrogará sobre la legalidad de estos desembolsos y la forma en que deben anotarse en las cuentas.
Además, Palacios ha requerido al banco que aporte toda la documentación relacionada con el pago a Corcóstegui, desde el contrato hasta la forma en que se contabilizó esta partida en su contabilidad.
Fuentes financieras aseguran que Corcóstegui pactó con el SCH un bonus de jubilación de unos 116 millones de euros cuando abandonó el banco. Las mismas fuentes aseguran que fue a raíz de la salida de Amusátegui, en agosto de 2001, cuando Corcóstegui cambió su contrato, una vez que estaba clara la salida de Amusátegui.
Pérez Escolar y Franco Otegui, de forma concertada con la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes (ADIC), han presentado un total de 24 demandas, recursos y querellas contra el Santander y Banesto, que no han prosperado, según recuerdan en el banco.
Botín y Amusátegui declararon como imputados por el cobro de 43,7 millones de euros por la salida del ex presidente del banco el pasado 29 de enero. En sus declaraciones, tanto Botín como Amusátegui alegaron ante la jueza que el pago estaba supervisado por el Banco de España. Y negaron que fuera una indemnización por adelantar la salida de Amusátegui.
También declararon que el pago corresponde a un bonus de jubilación y que el contrato fue aprobado por unanimidad por el consejo de administración posterior a la fusión, celebrado el 17 de abril de 1999; en el del 16 de agosto de 2001, fecha en la que Amusátegui renuncia a seguir como copresidente; en el consejo de marzo de 2002, en el que se aprueban las cuentas de 2001, y se volvió a dar cuenta del asunto al consejo hace unos meses a raíz de la interposición de la querella.
El 13 de febrero declaró como testigo en el caso José María Lamamie de Clairac, inspector del Banco de España, que fue jefe del grupo de supervisión de la entidad fusionada hasta octubre de 2000. Lamamie de Clairac aseguró ante Palacios que hasta la fecha en que abandonó su responsabilidad no tuvo conocimiento del contrato privado entre el SCH y Amusátegui.