La ley de las 'telecos'
El mercado español de las telecomunicaciones se encuentra en un momento clave para despejar su futuro. Tras el fracaso del modelo de liberalización y con la crisis bursátil como telón de fondo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha anunciado que va a llevar a cabo una profunda renovación de la legislación en un plazo de 15 meses.
Como primera medida, la titular del departamento, Anna Birulés, pidió a las operadoras competidoras de Telefónica un conjunto de sugerencias destinadas a abrir más el mercado, que en el caso de la telefonía fija está controlado en un 85% por la empresa dominante. Y las compañías, con el respaldo de la patronal Astel, han hecho llegar al Ejecutivo un decálogo de sugerencias.
En ese bloque se incluyen medidas como limitar la cuota de mercado de Telefónica; que la preselección se amplíe a todo tipo de llamadas, con la prohibición expresa de que el operador dominante pueda tratar de recuperar el cliente en un plazo de ocho meses; se pide que Telefónica alquile a terceras empresas más del 25% de sus bucles locales a partir de enero del próximo año o que se impida al grupo que preside César Alierta que ofrezca directamente a sus clientes servicios basados en tecnologías ADSL hasta que estén implantados, con competencia efectiva, servicios mayoristas. Es más, incluso se ha llegado a lanzar la idea, aunque no defendida públicamente por las empresas competidoras, de analizar la posibilidad de dividir Telefónica.
Con esta premisa sobre la mesa, los observadores han apreciado un acercamiento entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología y los operadores alternativos, así como un alineamiento del operador dominante y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).
Por si todo esto fuera poco, la dirección de Telefónica ha amenazado con paralizar las inversiones previstas, que afectan básicamente al desarrollo del ADSL. El mayor grupo de telecomunicaciones español sostiene que la incertidumbre que envuelve el marco regulatorio español no ofrece la confianza suficiente como para acometer un cuantioso plan de inversiones.
Todo parece indicar que durante los próximos meses se va a producir una tensa pugna con intercambio de acusaciones. Los operadores alternativos insistirán en que la competencia es imposible con la actual regulación. Telefónica, por su parte, volverá a la carga con el argumento de que las restricciones planteadas son corporativistas y que, en ningún caso, se van a traducir en mejoras para el cliente.
La pelota está ahora en el alero del Gobierno. Es imprescindible que Ciencia y Tecnología aclare cuanto antes el sentido de la reforma de un sector tan sensible como el que le toca tutelar. Los cambios han de perseguir un aumento real de la competencia y exigir que los planes de inversión actualmente en marcha no se paralicen.