<i>Previsiones del Gobierno, errores y renuncias</i>
Juan Manuel Eguiagaray Ucelay asegura que, si se analizan las deficiencias pendientes de cubrir en la economía española, la estrategia que ha diseñado el Gobierno resulta realmente conservadora.
El Gobierno, como estaba previsto, ha modificado sus previsiones de crecimiento para el próximo año. Las iniciales, no vale la pena insistir en ello, eran increíbles. Probablemente no será la última modificación, dada la escasa magnitud de la corrección llevada a cabo. Sin embargo, en plena incoherencia, el Gobierno no modificará las previsiones contenidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2002, que se aprobarán por el Congreso en los próximos días sin modificaciones de sus principales cifras agregadas ni de sus estimaciones de ingresos y gastos públicos.
De este modo, por imposición gubernamental, el Parlamento se situará fuera de la realidad, los PGE serán un documento de dudosa utilidad y nuestra democracia habrá dado un paso más en el decidido empeño del partido mayoritario por reducir a la irrelevancia cualquier institución distinta del propio Gobierno.
Las modificaciones llevadas a cabo se han incorporado al Programa de Estabilidad del Reino de España 2001-2005, actualización de la serie de documentos que, bajo este epígrafe, se vienen elaborando por imperativo de la Unión Económica y Monetaria (UEM) desde 1998. Como es conocido, esos documentos son una expresión cifrada de la coherencia de los diversos objetivos de la política económica de los países de la UEM y, de modo especial, de la sostenibilidad de sus finanzas públicas. Contienen, en consecuencia, una buena síntesis de las posibilidades y ambiciones de las diferentes economías europeas.
Como es sabido, en el caso de España se ha aceptado una reducción del crecimiento del PIB desde el 3% de 2001 al 2,4% para 2002 ( frente al 2,9% contenido en los Presupuestos), para reiniciar en 2003 una senda de crecimiento sostenido al 3% hasta 2005.
En el horizonte de la convergencia real de la economía española con la media de la UE, una de las primeras y principales discusiones versa acerca del crecimiento sostenible o, en otros términos, de la determinación de su crecimiento potencial. Si pudiéramos elevar el potencial de la economía española respecto del actual, el diferencial de crecimiento con los países europeos podría ser mayor a lo largo del tiempo y la convergencia en la renta por habitante se produciría en un tiempo menor.
De seguir creciendo a los ritmos medios hasta ahora registrados, España tardaría entre 25 y 30 años en alcanzar la renta media por habitante de la UE. Aumentar el potencial de nuestra economía tiene bastante que ver con las medidas de oferta dirigidas a mejorar la flexibilidad -reformas estructurales- y con las necesarias para elevar nuestra dotación de capital físico, humano y tecnológico. Si nos atenemos a las cifras conocidas, el stock de capital total por empleo de la economía española era en 1999 el 89,6% de la media de la UE y el de capital público en relación con la población era sólo del 70,5% de la cifra europea. Datos que, aunque distantes, eran mucho mejores que los correspondientes indicadores del capital humano ( 71,7% de la UE) y del capital tecnológico (40,8% de la UE).
Como tantas veces se ha dicho, hay un amplio espacio para una estrategia de dotación acelerada de capital, susceptible de elevar nuestro potencial y, por ende, nuestro crecimiento a medio plazo. La conveniencia de esta estrategia viene avalada, además, por las más recientes estimaciones en torno al crecimiento potencial de la economía española, que ponen de relieve una reducción en los últimos años respecto de las cifras alcanzadas en el quinquenio 1991-1996. Si el crecimiento potencial español se sitúa, a largo plazo, en una senda del 2,5% frente a un potencial europeo ligeramente mejorado, estimado en el entorno del 2,2%, las posibilidades de convergencia en el tiempo se dilatan de modo extraordinario.
De lo dicho, resulta evidente el carácter crítico que, en el escenario de medio plazo, adquiere la prioridad otorgada a la formación bruta de capital fijo (FBCF) de la economía y la contribución que a su elevación puede y debe hacer el sector público.
La escasa ambición de los Programas de Estabilidad de años anteriores se ve corroborada por el que acaba de presentarse. Como ha venido ocurriendo desde 1998, el objetivo de recuperar la contribución de las Administraciones públicas a la FBCF ha cedido permanentemente al objetivo de adelantar en el tiempo el equilibrio presupuestario. A modo de recordatorio, el Programa de Estabilidad 1998-2002 fijaba en el año 2002 el momento en que la FBCF de las Administraciones públicas alcanzase el 3,8% del PIB, es decir, el nivel más bajo alcanzado por la anterior Administración socialista. Téngase en cuenta que en 1990 la FBCF de las Administraciones públicas alcanzó la cifra récord del 5%, lo que hoy resulta inimaginable.
Pues bien, en cada una de las actualizaciones sucesivas del Programa de Estabilidad ese objetivo se ha venido desplazando un año, a la vez que se adelantaban los objetivos de equilibrio presupuestario -verdadera obsesión del Gobierno-, respecto de las previsiones. De este modo, el proyectado objetivo del 3,8% del PIB ha quedado pospuesto en la última versión del Programa de Estabilidad, una vez más, para el año 2005. Para resumir la estrategia gubernamental: un comportamiento de la economía que ha sido, en general, mejor que lo inicialmente proyectado, no se ha utilizado para recuperar nuestra capacidad de inversión hasta niveles en consonancia con las necesidades de la convergencia real, sino para acelerar la consolidación presupuestaria mediante el sacrificio, entre otras cosas, de la inversión.
Para que el lector valore adecuadamente la importancia de "apenas unas centésimas de PIB", vale la pena recordar que, si se hubiera querido cumplir con el objetivo trazado en 1997 y siguientes por el Gobierno, la FBCF de las Administraciones públicas en 2002 sería unos 340.000 millones de pesetas más alta que la ahora prevista por el Gobierno. Pero, de igual modo, la inversión de 2001 hubiera superado a la efectivamente realizada en unos 217.000 millones de pesetas. Y, para no mirar al pasado, sino al futuro, entre 2002 y 2005 podríamos aspirar a una acumulación de capital público -pongamos que en capital tecnológico o en capital humano- adicional al previsto ahora por el Gobierno de casi 700.000 millones de pesetas constantes de 2002.
Cuando se analizan las deficiencias pendientes de cubrir en nuestra economía y la necesidad de dar pasos urgentes hacia un escenario más parecido al diseñado por la UE en Lisboa, más próximo de las exigencias de la nueva economía y, por tanto, más proclive a garantizar el crecimiento a largo plazo y la convergencia real con los países más avanzados de Europa, la estrategia del Gobierno parece realmente conservadora. Al fin y a la postre se trataba de alcanzar solamente el nivel de inversión más bajo del periodo socialista. No parecía mucho pedir. Y por si fuera poco, ese objetivo era compatible con el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Pacto de Estabilidad, con la reducción del déficit y con la disminución del stock de deuda pública.
Esos deberes no se han cumplido. Ahora, a pesar del persistente optimismo oficial, vienen tiempos peores. ¿Volverá a ser sacrificada la inversión en el altar de la estabilidad presupuestaria? A la vista de los precedentes y la ausencia de ambiciones, no sería de extrañar.