La CE rechaza sufragar el canje de preferentes en los bancos con ayudas

Bruselas pone la patata caliente de las preferentes encima del tejado del Gobierno español. La Comisión Europea (CE) considera que los inversores afectados por el rescate de entidades pueden ser compensados con dinero del Estado pero no con las ayudas comunitarias.

Joaquín Almunia hizo ayer una finta dialéctica al Gobierno español y tocó donde duele. El comisario de Competencia aprueba que se compense a los titulares de las participaciones preferentes afectados por los rescates bancarios. Simplemente, se opone a que se haga con dinero comunitario.

La Comisión Europea exige que antes de que llegue cualquier ayuda externa para una entidad en apuros (bail out) se consuma primero el dinero invertido en ella por sus accionistas y por los tenedores de su deuda (bail in).

Fernando Jiménez Latorre, secretario de Estado de Economía, reclamó el pasado lunes que se exima de este sacrificio a los titulares de preferentes. Argumentó que muchos son particulares que contrataron aquellos títulos de deuda subordinada y perpetua pensando que se trataba de simples imposiciones a plazo.

La intención del Gobierno de España es negociar con Europa para dulcificar sus costes para los miles de pequeños ahorradores que suscribieron preferentes de entidades hoy en apuros. Sin embargo, Almunia lanzó ayer un jarro de agua fría sobre estas expectativas durante su intervención en un curso organizado por la APIE en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

El comisario sostuvo que "una entidad rescatada no puede usar el dinero público para convertir preferentes a un precio distinto al de mercado (la mayoría cotiza muy por debajo de su valor nominal)". Si se quiere mejorar los términos del canje, "se puede crear una línea con cargo al presupuesto del Estado o de una comunidad autónoma".

En ese caso, a ojos de Bruselas, no se produce una distorsión de la competencia bancaria. Simplemente, se trata de un "subsidio a un particular". El problema es que tanto la Administración Central como las regiones están inmersas en un fuerte programa de recorte del gasto público y estaría por ver de dónde sacarían el dinero.

La UE se opone a que las entidades auxiliadas jueguen con ventaja. Por eso, además de compensar el pago de preferentes les prohíbe repartir dividendos, les impide acometer compras, limita su política comercial y también pone topes a la retribución de sus ejecutivos.

Las palabras que pronunció Almunia abrieron una incógnita en torno a los canjes de preferentes que barajan las entidades bajo la órbita del FROB como Bankia, Catalunya Caixa o Novagalicia.

Bankia tiene repartidos unos 3.000 millones de euros en preferentes desde 2009 entre miles de clientes particulares de Caja Madrid, Caja Rioja y Caixa Laietana. El grupo no ha dado los detalles del canje que ofrecerá porque, según un portavoz oficial, "se está a la espera de la autorización de Bruselas". Su intención es "dar a los titulares de preferentes la solución más satisfactoria posible" y entre las opciones que se manejan se encuentra el canje por un depósito.

La situación de Catalunya Caixa es idéntica. Tiene preferentes por 500 millones que fueron distribuidas en 2005. Su canje está a la espera de la aprobación de la CE. Novagalicia, entre tanto, debe buscar una solución para unos 961 millones de euros.

Algunos altos directivos de banca han reconocido que la comercialización entre inversores particulares no cualificados fue inadecuada por tratarse de productos de inversión sofisticados. El comisario de Competencia rehusó de plano equiparar su situación con la de las personas atrapadas en los sellos de Fórum y Afinsa. En su opinión, es viable compensar a quienes suscribieron las preferentes porque se trataba de productos regulados y supervisados. Almunia remató su intervención insistiendo en que "no me gusta que se diga que Bruselas es quien bloquea la compensación de las preferentes porque no es verdad".

Popular: "Dotar el préstamo sano cortará el crédito"

Banco Popular ve contraproducente exigir dotaciones por la cartera de préstamos sanos a empresas que tiene otorgados la banca española. Así lo hizo saber ayer Roberto Higuera, vicepresidente de la entidad. En su opinión, "imponer dotaciones sobre los créditos al corriente de pago de las pymes perjudicaría al tejido productivo". El ejecutivo vaticinó que exigir esto "supondría una caída de la financiación y eso amenazaría, a su vez, a la propia recuperación de la economía nacional". En suma, "sería una medida procíclica".Sin embargo, Oliver Wyman piensa diferente. Esta consultora denunciaba en su reciente informe sobre la banca española que "partes significativas de los créditos para la promoción y construcción inmobiliaria han sido mal clasificados como créditos empresariales corrientes". En su examen, la firma considera que un 20% de los préstamos a empresas son realmente créditos a promotores y los evaluó como tales.Con el fin de atajar el problema de la exposición al ladrillo, el Gobierno ha aprobado dos reales decretos en lo que va de año imponiendo provisiones adicionales sobre préstamos sanos al considerar que muchos son meras refinanciaciones destinadas a ocultar préstamos en mora.Roberto Higuera estima, en cambio, que las exigencias gubernamentales han sido excesivas. El ejecutivo consideró durante su intervención en la UIMP que los activos inmobiliarios están "sobreprovisionados". En esta misma línea se pronunció el lunes Mario Fernández, presidente de Kutxabank, en el mismo foro.A pesar del anuncio del rescate a la banca española, la voluntad de Banco Popular es reforzar su balance por vías privadas. Higuera descartó que figure entre sus planes pedir ayudas públicas. "Es una idea que nos repugna", afirmó.

Unión bancaria en europa

SUPERVISIâN. El comisario de Competencia cree que Europa debe lograr una unión bancaria plena. Por eso reclamó que se constituya un supervisor común. "La Autoridad Bancaria Europea (ABE) actúa como coordinador, pero la realidad es que la supervisión es, hoy por hoy, una labor nacional", dijo.

Al menos los 17 países. El ámbito de actuación del nuevo supervisor está por definir. A juicio de Almunia, "lo ideal es que tuviera poder sobre los 27 países de la UE. Pero si no es posible, debe abarcar al menos los 17 Estados de la eurozona".

40 entidades. El supervisor comenzaría controlando a las entidades transfronterizas de Europa. Almunia estimó que "si, para empezar, se supervisara a las 40 firmas más grandes de la región, sería un paso enorme".

Garantías. Una unión bancaria exigiría otorgar a los depositantes de toda la UE las mismas garantías. Por eso, tal y como explicó el responsable de Competencia, "debe existir un único Fondo de Garantía de Depósitos para evitar que los ahorradores vayan con su dinero de un lado para otro".

BCE o ABE. Europa tiene que decidir qué institución ejercerá de macrosupervisor regional. ¿Conviene que sea un organismo independiente o debe quedar encuadrada en el seno del BCE, la autoridad monetaria?