España tendrá que ajustar casi 12.000 millones en pensiones, según los datos de la Comisión Europea
El informe sobre envejecimiento que publica Bruselas y la previsión de ingresos que hace la Autoridad Fiscal abocan a tomar medidas para reducir el desequilibrio en la Seguridad Social en 2025, como está legislado en la reforma de Escrivá
España tendrá que abordar un ajuste del 0,8% del PIB anual en las pensiones entre 2026 y 2030. Así se desprende del cálculo que ha publicado este viernes la Comisión Europea en su informe sobre el impacto del envejecimiento, conocido como Ageing Report. En 2025, tal y como está ya recogido en la legislación, se llevará a cabo una evaluación de la reforma de pensiones que se aprobó entre 2021 y 2023 para comprobar si se está desviando el gasto sobre las previsiones. De hacerlo, se tendrán que aprobar medidas para corregir el desfase o, en su defecto, habrá una subida automática de las cotizaciones que pagan empresas y trabajadores a lo largo de cinco años, es decir, a razón de una quinta parte del incremento por año.
El 0,8% de ajuste equivale a unos 11.700 millones de euros con el actual PIB. Para dar una idea, la nómina mensual de pensiones alcanza ahora mismo en catorce pagas unos 13.000 millones incluyendo las clases pasivas de funcionarios. La reforma pactada con Bruselas establece que el gasto corregido por las medidas de ingresos no debe superar el 13,3% del PIB en el promedio entre 2022 y 2050. Y para este dato se tomará, por un lado, el gasto proyectado por este informe de envejecimiento publicado por la Comisión. Y, por otro, la valoración que haga la Autoridad Fiscal española (Airef) de las medidas aprobadas de ingresos. Esta institución ya elaboró un examen previo que arrojaba que estas subidas de cotizaciones suponían un 1% del PIB al año en media entre 2022 y 2050. Dado que el informe europeo calcula que el gasto llegará en promedio al 15,1%, si se resta el cálculo de la Autoridad Fiscal, los compromisos se colocarán en el 14,1% del PIB. Se da, por tanto, un desfase del 0,8% del PIB que se tendrá que cubrir. Esta estimación del 15,1% del PIB se hace teniendo en cuenta la revisión al alza del producto interior bruto que publicó el INE en septiembre del año pasado.
El Gobierno, por su parte, hizo un informe en el que defendía que no haría falta hacer ajustes. Estimaba que las medidas de ingresos aprobadas alcanzaban el 1,2% del PIB. Estas son el destope de la cotización, el recargo en la cotización del mecanismo de equidad, la cuota de solidaridad aplicada a los sueldos altos y el aumento de cotizaciones de los autónomos. Pero además esgrimía que había que tener en cuenta otros factores como la reforma laboral, el afloramiento de la economía sumergida y el impacto de las subidas del SMI en los ingresos por cotizaciones: por todos estos elementos consideraba que se podrían conseguir ahorros del 0,6% del PIB al año. Es decir, calculaba que las medidas de ingresos representaban el 1,8% del PIB. Con esta cifra no haría falta abordar un ajuste en 2025. De forma que ahora la presión ya se está volcando sobre la Autoridad Fiscal para que modifique sus cálculos. El Ejecutivo tratará de convencer a la institución que preside Cristina Herrero para que tenga en cuenta esos elementos que no había contemplado: las alzas del SMI, los efectos de la reforma laboral o del afloramiento. Y así evitar el ajuste de pensiones a partir de 2025.
El Gobierno alega además que la coyuntura económica está yendo mucho mejor de lo que se preveía hace solo un año, con un más de 21 millones de afiliados y más de un millón de inmigrantes recibidos solo en 2023. Señala que la Airef todavía tendrá que volver a hacer los cálculos y publicarlos en 2025. A juicio del Ejecutivo, estos deberían recoger la mejora estructural que está teniendo la recaudación por cotizaciones. Y recuerdan que esta cláusula de seguimiento del gasto en pensiones la introdujo el propio Gobierno para dar garantías. En todo caso, mantienen que no hay ninguna inquietud respecto a la evolución de las pensiones.
Instituciones como la OCDE, el FMI o el Banco de España ya habían alertado de que se tendrán que adoptar medidas adicionales para solventar el reto de la jubilación del baby boom, aquella generación de españoles más numerosa nacida entre finales de los cincuenta y finales de los setenta del siglo pasado. Una vez estos se retiren, las prestaciones pasarán de los 10 millones de la actualidad hasta los 15 millones en 2050. Sin la revisión del PIB que hizo el INE, el gasto medio llegará al 15,4% entre 2022 y 2050. Con estos datos se puede comparar con otros países, y parece evidente que el informe sobre envejecimiento deja a España como uno de los peor preparados de Europa para afrontar el problema. Es el Estado de la UE con el mayor gasto medio en pensiones durante el periodo comprendido entre 2022 y 2070, año hasta el que llega el informe. Y junto a Italia es el único cuyos desembolsos en prestaciones de jubilación superan el 15% del PIB en promedio.
España tendrá su pico en pensiones en 2050. El gasto escalará en ese año hasta el 17,3% del PIB (16,8% con el PIB actualizado), frente al 13,1% que se registró en 2022, según las cifras del informe comunitario. En cambio, en el mismo periodo la variación en la Unión Europea será mucho más moderada: del 11,4% en 2022 al 12,1% en 2050. De acuerdo con este informe, las cuentas de la Seguridad Social estarán en rojo todos los años. El déficit más elevado será del 3,1% del PIB en el ejercicio 2053. Según los expertos, este comportamiento obedece a que la pensión en España es muy elevada respecto al salario medio y el último salario. Y además se espera que la ratio entre trabajadores y pensionistas sea muy pobre.
La Comisión Europea ha pactado esta reforma con el Gobierno, pero todavía tiene que cerrarse la valoración que se hará como parte del cuarto pago de fondos europeos dentro de casi dos meses. La Comisión tendrá que defender con sus proyecciones estos números en el Consejo de líderes de la UE. Y cada vez parece más evidente que la reforma que diseñó el ministro José Luis Escrivá se ha cerrado en falso. De acuerdo con estos números de la Comisión y del Ministerio de Economía, esta reforma aumentará el gasto anual en pensiones en más de 3 puntos de PIB debido a la vuelta a las actualizaciones con el IPC y a la supresión del llamado factor de sostenibilidad, que reducía la prestación inicial si subía la esperanza de vida.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado desde Washington, donde acude a las reuniones del FMI, que el informe de la Comisión no supone ninguna sorpresa para el Gobierno y que, de hecho, las previsiones de gasto que incorporan del 15,1% del PIB de promedio entre 2022 y 2050 están en línea con el 15% que estimaba el Ejecutivo, informa Miguel Jiménez. “La reforma tiene una cláusula de sostenibilidad incluida en el propio texto, que hace que en 2025 la Airef tenga que valorar la evolución de este gasto, también comparándola con la evolución de los ingresos y además una actualización de la situación económica y de la evolución de las cotizaciones, y a partir de ahí se verá si se necesitan medidas adicionales o no”, ha dicho.
“Nosotros no hacemos o no anticipamos ninguna necesidad de ajuste adicional y esperaremos y trabajaremos junto con Airef, igual que hacemos por la Comisión, a la hora de ayudarles en su valoración el año que viene”, ha añadido, subrayando que el marco en el que se mueve el Gobierno es garantizar la sostenibilidad de las pensiones, pero también garantizar que las prestaciones vayan evolucionando de forma acorde a la evolución de la inflación.
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