UGT pide a Bolaños que cese al representante de España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales
El sindicato denuncia las interferencias del Gobierno en su reclamación sobre la indemnización por despido
UGT aumenta los decibelios de su protesta contra las interferencias del Gobierno en su reclamación europea sobre la indemnización por despido. En un comunicado difundido este viernes, el sindicato reclama el cese del representante de España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS). Lo hace porque éste pidió la recusación de la experta española de dicho Comité. “La maniobra, insólita en el Consejo [de Europa, organismo del que depende el Comité] pues es la primera vez que ocurre en sus más de 50 años de existencia, estaba destinada a influir en la decisión de fondo que se tiene que emitir con respecto a la reclamación colectiva que UGT presentó en marzo de 2022, en el que el sindicato denunciaba la no adecuación de la legislación española en materia de despido improcedente a la Carta Social Europea Revisada”, dice UGT.
El escrito de recusación lleva la firma de Alfonso Brezmes, en el cargo desde 2018 y nombrado por el Ejecutivo del popular Mariano Rajoy. Los sucesivos gobiernos que han pasado desde entonces le han mantenido en el cargo. Su posición depende del Ministerio de Justicia, al que este periódico lleva días pidiendo alguna explicación pormenorizada al respecto pero se niega a ofrecer. Justicia pide la recusación porque en julio de 2022, cuatro meses antes de ser nombrada tras la recomendación del propio Ejecutivo español, la experta española (que no representa al país, cada miembro es independiente) escribió un artículo en el que sostenía que la normativa actual no se adecúa a la Carta, justo el asunto que dirimirá el Comité a petición de UGT.
“Como se recordará, el representante de España presentó a finales del año pasado —pero antes de la constitución del actual gabinete— una recusación de la miembro española del referido Comité. La acción del agente ha causado grave alarma en el concierto europeo”, indica UGT en su comunicado. Preguntado al respecto este miércoles en el Congreso, Bolaños se limitó a negar cualquier tipo de obstruccionismo.
“Para evitar actuaciones similares, salvaguardar la independencia del Comité y el compromiso de España con la libertad de criterio y actuación que deben de tener todos y cada uno de los miembros que lo componen”, continúa UGT, “se hace inevitable que finalice de inmediato la representación que ostenta desde 2018 el alto representante español. Nuestro país debe despejar cualquier sombra sobre su actuación, respetando la plena autonomía del Comité Europeo de Derechos Sociales a la hora de resolver las reclamaciones colectivas efectuadas contra España, como lo es la de UGT en relación a la regulación del despido”.
En su escrito, el sindicato destaca las conclusiones presentadas por el Comité el miércoles, en las que hace una interpretación sobre la indemnización por despido en España que, considera, apuntala su tesis. Es decir, que el sistema tasado español no siempre resarce adecuadamente el daño causado por un despido improcedente. La Carta establece “el derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada”. Y el máximo de 33 días por año trabajado del sistema tasado español, interpretan, no siempre es “adecuado” o “reparador”.
“En las conclusiones, conocidas este 20 de marzo de 2024, el CEDS ha establecido, en consonancia con la reclamación colectiva presentada por UGT, que el ordenamiento jurídico español es contrario a la Carta porque no permite dar una indemnización más elevada en función de todas las circunstancias que puedan concurrir. El Comité señala que el límite en las escalas de compensación no permite otorgar a un empleado una cantidad mayor de compensación en función de todas las circunstancias, ya que los tribunales solo pueden ordenar una compensación dentro de los límites de la escala”, reflexiona el sindicato. CC OO ha presentado otra reclamación parecida, que tardará algo más en resolverse.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, que coincide con los sindicatos en su interpretación sobre la no adecuación de la indemnización por despido a la Carta Social Europea, pidió por escrito a Bolaños que cese en ese intento.
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