El Ministerio de Trabajo y los sindicatos alcanzan un acuerdo sobre el Estatuto del Becario sin los empresarios
Tras más de un año de negociaciones, el texto deberá ser tramitado ahora por la Diputación Permanente del Congreso
El Ministerio de Trabajo y los sindicatos CC OO y UGT tienen prácticamente cerrado ya un acuerdo para aprobar el Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, comúnmente conocido como el Estatuto del Becario, que regulará las condiciones laborales de los estudiantes en prácticas, según han informado fuentes de la negociación. La norma establece también sanciones de hasta 225.018 euros por incumplir los nuevos derechos que recoge para los estudiantes en prácticas. Tal y como se esperaba, los empresarios no se han sumado a este pacto tras varios desencuentros por su contenido, especialmente en lo que afecta a las prácticas extracurriculares —aquellas que no están dentro de un Plan de Estudios— y la definición de laboralidad de la relación entre la empresa y el becario. Pero el rechazo patronal también ha estado provocado porque los dirigentes empresariales han considerado que, una vez disueltas las Cortes, no deben sumarse a ningún nuevo pacto social.
En Trabajo aseguran que el documento sobre el que se ultima el acuerdo “define los límites de las prácticas, sin equívoco, para evitar nichos de fraude laboral”. Asimismo, el departamento que dirige Yolanda Díaz ha destacado que esta regulación “limita de forma severa las prácticas extracurriculares”, que los sindicatos quisieron eliminar en un principio. En definitiva, señalan que este estatuto “establecerá un marco que dará seguridad jurídica, que protegerá los derechos de las personas que realicen prácticas en empresas y evitará que las becas puedan encubrir trabajo precario”.
Una vez culmine, el texto deberá ser aprobado previsiblemente en un real decreto ley, que deberá tramitar la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, con cuyos miembros los negociadores también han venido trabajando las últimas semanas para intentar garantizar el apoyo al texto que, por primera vez, reconocerá a los becarios la compensación de gastos como la comida o el transporte.
Según lo acordado entre Trabajo y los sindicatos, el Estatuto del Becario regulará “la formación práctica tutorizada en empresas y organismos equiparados cuando dicha formación esté vinculada a la obtención de grados del sistema de formación profesional y de enseñanzas artísticas o deportivas del sistema educativo”. Asimismo, incluye las prácticas no laborales del sistema nacional de empleo y prácticas académicas externas de las Universidades, tanto curriculares como las más polémicas extracurriculares. Si bien, estas últimas se acotan a las desarrolladas durante los estudios oficiales de grado, máster universitario o, en su caso, doctorado, que no superen el 15% de las horas en que se concreten los créditos ECTS de la titulación, ni 480 horas. Fuentes de la negociación han precisado que este punto ha sido reclamado especialmente por las Universidades.
E igualmente, entre las últimas novedades incluidas en el texto se establece también que la norma afecta igualmente a las prácticas desarrolladas durante los estudios vinculados a títulos propios de las Universidades, cuando la suma total de prácticas curriculares y extracurriculares no supere el 25% de los créditos ECTS de la correspondiente titulación. No obstante, los títulos propios que tengan una duración mínima de 60 créditos ECTS tendrán la posibilidad de establecer prácticas por un periodo de tres meses.
Esta normativa, tal y como se venía recogiendo en los sucesivos borradores que han negociado las partes, establece el derecho de los estudiantes en prácticas a “la compensación de gastos de la empresa o entidad en la que se desarrollen las actividades formativas” en los términos en los que se desarrolle el convenio de colaboración, “por una cuantía mínima suficiente para compensar todos aquellos (gastos) en los que la persona en formación práctica incurra (...) como gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención. Si bien, la empresa no estará obligada a abonar dichos gastos si existen otras becas o ayudas que lo cubran. Y también se entenderá que esta compensación está resarcida si se ponen a disposición del estudiante todos los servicios necesarios, precisa el texto.
Entre las últimas incorporaciones negociadas con los sindicatos está también el régimen sancionador. Así, en el caso de que el incumplimiento de los derechos reconocidos en esta nueva regulación produzca “discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razón de edad o discapacidad o favorables o adversas en materia de retribuciones, jornadas, formación, promoción y demás condiciones de trabajo, por circunstancias de sexo, origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con otros trabajadores en la empresa o lengua dentro del Estado español, así como un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación, tendrá la consideración de infracción muy grave y se sancionará, en su grado mínimo, con multas de 7.501 a 30.000 euros; en su grado medio de 30.001 a 120.005 euros; y en su grado máximo de 120.006 euros a 225.018 euros”.
Reacciones al acuerdo
Tras conocerse que Trabajo y los sindicatos han sellado finalmente este pacto, desde CC OO, el secretario de Juventud de este sindicato, Adrià Junyent, ha precisado que “están muy cerca del acuerdo, pero aún quedan unos pequeños flecos para cerrarlo”, tras lo que ha añadido que “el Ministerio se ha precipitado en darlo ya por hecho”.
Por su parte, desde UGT se han mostrado satisfechos con las negociaciones al considerar que “el texto recogerá gran parte de las demandas sindicales como son la definición clara de las prácticas para evitar fraudes, la compensación de gastos o el establecimiento de un régimen sancionador efectivamente disuasorio”.
Por el contrario, fuentes empresariales han manifestado su posición “contraria” al texto pactado, Primero, aseguran, “por la forma: no es apropiada la aprobación de esta norma en un periodo de disolución de las cámaras ni concurre la urgente y extraordinaria necesidad”. Y, en segundo lugar, la patronal critica que la norma “limite tanto el número de horas e incremente tanto la burocracia que perjudicará la formación práctica del alumnado, algo imprescindible para garantizar su empleabilidad y para tender puentes entre la formación teórica y el mundo del trabajo”.
Junto a esta futura normativa, el Gobierno ya aprobó, a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la obligación de las empresas a cotizar por los estudiantes en prácticas, que entrará en vigor el próximo 1 de octubre. Aunque, en este punto, fuentes de la negociación han precisado que los sindicatos quieren asegurarse de que la Seguridad Social, a petición del Ministerio de Universidades, no retrasa la puesta en marcha de dicha cotización.
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