Abertis ha dado un paso definitivo en la operación de desembarco en la antigua OHL Brasil, hoy Arteris, con el nombramiento de su director general de Autopistas para América, David Díaz, como consejero delegado.
El tráfico en las autopistas estatales de peaje se ha desplomado un 30% desde los máximos de 2006, hasta contabilizar una media diaria de 16.641 vehículos en 2012
Las ventas crecen un 29% y el ebitda un 23%
Las nuevas autopistas brasileñas y chilenas aportan 244 millones de facturación
El tráfico en España cae un 8,4% y el descenso en Francia es del 2,1%
La facturación cae un 3,8%, hasta 1.642 millones
El ebitda, de 181 millones, es un 6% menor
Los dividendos y plusvalías impulsan las ganancias
El grupo aumenta su deuda neta en 650 millones desde diciembre
Busca activos en Norteamérica, misión que ha encomendado a José María López de Fuentes
Refuerza OHL México con un nuevo Director General
Nombra nuevos responsables del área Económico-Financiero
Ronda de contactos con las constructoras y concesionarias
El Ministerio de Fomento ha abierto una ronda de contactos con las constructoras y concesionarias que están en el accionariado de la decena de autopistas en riesgo de quiebra para tratar sobre la solución que diseña para estas vías.
Obtendrá este año el 62% de su Ebitda fuera de España
Fomento va a garantizar ingresos mínimos a las autopistas, ante la caída generalizada del tráfico de pago, con la ampliación de las cuentas de compensación hasta 2021. La medida hará que la banca aplace vencimientos millonarios de deuda y generará confianza de cara a próximos proyectos de infraestructuras en régimen de concesión.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, se ha comprometido esta mañana a solucionar el desequilibrio de las autopistas en concesión en un plazo de seis meses. El ministerio baraja distintas soluciones.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha desvelado en el Congreso las grandes líneas del nuevo Plan de Infraestructuras del Transporte y Vivienda (PITVI), en el que se prevén obras en carreteras y ferrocarril por 77.000 millones hasta 2024.
La asociación de compañías y entidades financieras con intereses en el sector de las infraestructuras, Foro PPP, ha propuesto la creación de una empresa estatal que asuma la deuda de las autopistas en riesgo de quiebra. Se trataría de rescatar el modelo de la antigua Empresa Nacional de Autopistas (ENA).
A la concesionaria de la autopista Cartagena-Vera, Aucosta, se le agota hoy martes el plazo para refinanciar su deuda de 500 millones. Sus accionistas buscan un acuerdo de mínimos con la banca.
Los primeros contactos entre empresas y el entorno del PP apuntan a un cambio de modelo en la explotación de infraestructuras. Se aparcan privatizaciones por la falta de liquidez y se apuesta por la concesión generalizada. Los concursos de Barajas y El Prat se ampliarán con la inclusión de nuevas terminales, se definirán corredores de carga ferroviaria para su adjudicación a operadores privados y se implantará la tarificación en autovías libres de peaje.
Con este contrato, Indra refuerza su posición en el negocio del transporte y el tráfico en Estados Unidos, donde ya ha implantado sistemas similares y de 'tiketing' en varios proyectos.
Los grandes bancos y cajas han trasladado a Fomento la necesidad de ampliar el actual marco de ayudas a las autopistas en riesgo de quiebra. El sector financiero aprecia una grave amenaza de impagos de deuda y negocia con el ministerio una cuenta de compensación de 15 años para asegurar los ingresos de las concesionarias ante la falta de tráfico.
La Generalitat de Cataluña escenificó ayer el giro de su política en materia de autopistas ante un nutrido foro de empresarios del sector concesional. El secretario de Territorio y Sostenibilidad, Francesc Damià Calvet, les contó que 344 kilómetros de carreteras con peaje en sombra evolucionarán hacia peaje explícito.
Las concesionarias urgen la aplicación de la Euroviñeta
El sector concesional, a través de la patronal Aseta, estima que el cobro de la tasa Euroviñeta a los vehículos pesados ofrecería unos ingresos de 3.062 millones al Estado durante el primer ejercicio. Una cifra que se elevaría hasta 62.000 millones en un periodo de 15 años. Se da por hecho que no se decidirá la implantación hasta la próxima legislatura.