Carlos Sáez Gallego “No tiene sentido pagar más al presidente y recortar plantilla”
El responsable del proxy Georgeson en España advierte que los inversores miran con lupa las retribuciones de los consejos, en especial en banca y energéticas
Es la cara visible en España de uno de los principales asesores de voto (proxy solicitor en la jerga) que colabora desde hace años con las compañías cotizadas para movilizar el voto en sus juntas de accionistas y apoyarlas con su asesoramiento en temas de gobierno corporativo. Carlos Sáez Gallego, country head de Georgeson, trabaja ya con las empresas ante el inminente arranque de la temporada de juntas para movilizar el voto de los fondos de inversión y prepararse para las posibles críticas por las remuneraciones de las cúpulas, que en los últimos años han cogido una fuerza especial.
Pregunta. Tras un 2022 de beneficios récords en banca y energéticas, ¿se espera una temporada ardua de juntas de accionistas?
Respuesta. Aún es pronto para conocer el detalle de los elementos que se tratarán durante esta campaña. Los temas más relevantes para los inversores serán los relativos a las retribuciones de las cúpulas. Desde la pandemia los inversores se han vuelto mucho más estrictos con los elementos retributivos de las compañías cotizadas, no solo en España sino a nivel global. Los inversores están analizando que la retribución de los primeros ejecutivos esté en línea con el resto de los grupos de interés, porque no tiene mucho sentido que se esté planteando una subida de la retribución de un consejero delegado o un presidente si la compañía está despidiendo a trabajadores o ha recortado el dividendo... Desde la pandemia se han incorporado estos criterios a los esquemas retributivos y los inversores ya no solo miran que estos temas estén incorporados en la retribución a corto plazo sino también en la retribución a largo plazo.
P. ¿Cuáles van a ser los otros puntos calientes?
R. Los relativos a la independencia en el consejo de administración. El estándar internacional se sitúa en un 50% de consejeros en las compañías no controladas por ningún accionista de referencia y en un 33% cuando haya un accionista de control con más del 50% del capital. También estarán muy pendientes de los temas de diversidad de género, en línea con las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de la CNMV [y de la nueva ley que va a impulsar el Gobierno]. Los inversores van a penalizar a aquellas compañías que no llegan al 40% de dos formas: por un lado, dificultando o mostrando su rechazo a la reelección del presidente de la comisión de nombramientos y retribuciones, en el caso de que esté en el orden del día de la junta, o incluso penalizando al presidente de la empresa.
P. Los accionistas fueron muy críticos años atrás con las remuneraciones del sector bancario. Tras un 2022 de récords... ¿Cómo va a ser la acogida de los inversores?
R. Cualquier sector va a estar en el punto de mira de los inversores, porque van a mirar con lupa los temas retributivos. La banca es un sector regulado por el Banco Central Europeo, que les obliga a cumplir unos requisitos muy exigentes. La temporada de juntas está comenzando y habrá que esperar a junio para conocer el balance. Otro de los sectores que estarán en el punto de mira será el energético. Estamos a la expectativa de ver cómo reaccionan los accionistas en las juntas en los próximos meses.
P. ¿Qué lectura darán los accionistas de Ferrovial a su decisión de llevar su domicilio fiscal a Holanda?
R. Veremos. Uno de sus accionistas de referencia –TCI– ya se ha manifestado a favor de esta decisión. Hay que esperar a ver cómo reaccionan los demás en la junta y si siguen la opinión de este inversor.
P. Las empresas españolas quedan fuera de las grandes campañas de inversores activistas en Europa. ¿A qué se debe?
R. Es verdad que el peso de España a nivel empresarial en Europa y en el resto del mundo no es el más alto, pero hasta hace unos años los inversores activistas no nos miraban y eso ha cambiado. En el mercado español ha habido casos de activismo accionarial relevante, quizá no con un volumen tan elevado como en los mercados anglosajones, pero hay que tener en cuenta que muchas cotizadas españolas suelen tener un accionista de control. Eso no significa que no exista el riesgo de que un inversor pueda intentar cambiar aspectos de una empresa o dar un giro radical al día a día.
P. ¿Qué papel van a tener en las juntas las reclamaciones ligadas al cambio climático?
R. Estamos a la espera aún de conocer cuántas empresas lo van a someter a voto en las juntas. En los últimos dos años solo tres empresas han llevado este asunto a votación a las juntas cada ejercicio y estamos viendo que cada vez hay más inversores que están empezando a demandar que las compañías incorporen este tipo de resoluciones en el orden del día.
P. ¿Las dudas sobre la normativa europea pueden dejar a un lado los criterios ambientales, sociales y de buena gobernanza?
R. Personalmente considero que la preocupación por los criterios ESG ha venido para quedarse y debe ser tenida en cuenta.
P. Bruselas está sondeando cómo acotar los posibles conflictos de interés de los asesores de voto. ¿Falta claridad en este mercado?
R. Este es un tema recurrente desde hace varios años en la Unión Europea que estamos siguiendo porque, de alguna manera, nos afecta a nuestro trabajo diario. El papel de los asesores de voto también está bajo el foco de la CNMV, que lo incluye en el reciente código de buenas prácticas de los inversores.
P. ¿Qué aporta al mercado español el código de buenas prácticas impulsado por la CNMV?
R. Era un documento necesario para España que se va a traducir en una mayor implicación de los inversores institucionales domésticos en las juntas de accionistas, dado que había una brecha entre los inversores institucionales domésticos y los extranjeros.
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