Regulación, ética y negocio: el triángulo de la IA
Las empresas tienen la oportunidad de convertir las exigencias regulatorias en ventajas competitivas
En Europa, la inteligencia artificial (IA) ya no es un terreno sin reglas. Con la reciente aprobación del Reglamento europeo de IA, las empresas se enfrentan a un marco normativo pionero a nivel mundial, que pone el foco en la protección de los derechos fundamentales. La norma busca garantizar que el desarrollo y uso de las tecnologías que empleen inteligencia artificial se haga con respeto a los derechos fundamentales de las personas, estableciendo distintos niveles de riesgo de IA –desde los sistemas prohibidos hasta los considerados de alto riesgo o uso general–, y marcando obligaciones técnicas, organizativas y documentales que variarán en función del tipo de sistema, su propósito y el rol que tenga cada empresa: desarrolladora, distribuidora, importadora o usuaria.
El objetivo es claro: evitar usos que refuercen sesgos, comprometan libertades o pongan en riesgo a colectivos vulnerables o los derechos fundamentales. Hablamos de sistemas que pueden condicionar decisiones sobre empleo, crédito o servicios esenciales. Y de aplicaciones que, si no se controlan, pueden facilitar la manipulación, la discriminación, ser usadas para ciberataques o afectar de forma importante a los datos personales. Y es que la privacidad e IA son ya dos caras de la misma moneda. Por eso, la Unión Europea ha trazado una línea que separa los usos aceptables de aquellos que entrañan un riesgo inasumible. Es una decisión valiente, necesaria y, sin duda, compleja.
Pero regular no basta. Como recordó el informe Draghi ante la Comisión Europea, si Europa quiere ser relevante en la revolución digital, debe combinar seguridad jurídica con impulso económico. Necesita atraer talento, fomentar la inversión y generar condiciones para escalar proyectos tecnológicos con ambición. De lo contrario, el esfuerzo regulador quedará en papel mojado. Y como advertía Ortega y Gasset, el esfuerzo inútil conduce a la melancolía.
Aunque el Reglamento de IA nace con voluntad de generar confianza, lo cierto es que no facilita especialmente el camino a startups y pymes, pese a que serán grandes usuarias de esta tecnología, que deberán hacer frente a obligaciones exigentes: identificar los sistemas que utilizan, auditar a sus proveedores, informar con transparencia y, en algunos supuestos, asumir responsabilidades conjuntas.
Pese a que pueda parecer que tanta legislación es un lastre para la innovación, debemos reorientar nuestro enfoque: las empresas en España y Europa tienen la oportunidad de convertir estas exigencias en ventajas competitivas, donde la confianza, la ética y el respeto por los derechos sean factores diferenciales. Las que se anticipen, las que lideren el cambio legal y organizativo, estarán mejor posicionadas no solo para cumplir, sino para competir con una hoja de ruta clara hacia una inteligencia artificial sostenible, transparente y humana. Y es que, en este nuevo mercado, la confianza será una ventaja competitiva que hay que trabajar y explotar.
Adaptarse a este nuevo entorno exige a las empresas algo más que cumplimiento jurídico: implica adoptar un enfoque estratégico, invertir en talento y construir modelos de gobernanza de la IA alineados con la privacidad. No basta con reaccionar ante las exigencias normativas: hay que anticiparse, entender los riesgos, tomar decisiones informadas y establecer criterios éticos que acompañen la innovación y destacar en competitividad y confianza.
En este camino, los profesionales de la privacidad y los delegados de protección de datos están llamados a liderar este proceso. Su experiencia práctica, su formación jurídica y tecnológica, su visión transversal de los procesos y su posición privilegiada en el asesoramiento a todo tipo de empresas los convierte en los perfectos guías en esta transición. Son, en definitiva, perfiles imprescindibles para convertir el cumplimiento en una ventaja competitiva y para asegurar que el desarrollo de la inteligencia artificial se haga con garantías para las personas.