La crisis de los médicos tensiona aún más la sanidad pública

Los profesionales piden más salario y mejores condiciones de trabajo

Manifestación en Madrid de los médicos de atención primaria en el inicio de la huelga el pasado día 21 de noviembre.Efe

Crisis en el sistema sanitario público, sobre todo en atención primaria, por la falta de médicos, la sobrecarga de trabajo y la precariedad laboral. La primera manifestación masiva se celebró en Madrid el pasado 13 de noviembre y desde entonces el contagio no ha parado. Aragón, Navarra, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura se han sumado a las protestas.

En algunas de ellas los profesionales han convocado incluso huelgas para diciembre, enero y febrero, tras el paro a principios del pasado mes en las urgencias extrahospitalarias madrileñas –ya desconvocado– y que se mantiene aún de forma indefinida en centros de atención primaria desde el pasado día 21.

“No hay un déficit de médicos, sino de especialistas”, aclara Gabriel Pozo, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), quien afirma que “la situación es mala en cualquier comunidad autónoma”. Medicina de familia, anestesia y reanimación, geriatría, psiquiatría y radiodiagnóstico, cita, son las áreas más deficitarias.

Un informe de Sanidad cifra el déficit de especialistas en 9.000 en cinco años

En cambio, Javier Elola, presidente del Comité de Profesionalismo del Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem), cree que lo que hace falta son mejores condiciones laborales y profesionales. “No existe un déficit en general. Si analizamos los datos de la OCDE y Eurostat, España tiene más facultativos por habitante que la mayor parte de los países con economías avanzadas. El promedio en la OCDE por cada 1.000 habitantes era de 3,6 en 2020, última cifra disponible. Mientras que en España había 4,6, un 30% más”, aduce.

E insiste en que “los problemas de la supuesta escasez no hay que buscarlos en su número, sino en el tipo de vinculación de los profesionales con el sistema, su nula autonomía para organizar y gestionar los servicios sanitarios, estructuras jerárquicas poco flexibles, pobres incentivos y escasa participación en la elaboración de las políticas sanitarias...”.

Hay dos cuestiones complejas por solucionar, a su juicio: “Primero, ¿cómo se deben configurar los equipos y servicios asistenciales para atender a una demanda creciente por el aumento de la población mayor, con más cronicidad, discapacidad, dependencia y fragilidad? ¿Qué papel deben desempeñar los médicos en esa atención? (...) Y segundo, la no participación de la profesión médica en la planificación de los especialistas; en el informe del Ministerio de Sanidad sobre oferta y demanda no se ha consultado ni a las sociedades científico-médicas ni a la organización médico-colegial”.

Dicho informe, publicado a principios de año y elaborado por la Universidad de Las Palmas, señala que en 2035 se necesitarán más especialistas para tratar patologías crónicas y pacientes pluripatológicos complejos que pediatras. “La medicina de familia y la medicina interna serán piezas más esenciales”, recalca. Y cifra el déficit en 9.000 especialistas en cinco años. “No sé si somos conscientes, pero suena alarmante”, alerta Pilar Sánchez, portavoz del grupo CTO.

Remedios Martín, presidenta de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), critica que la planificación del número de médicos de familia necesarios en el sistema nacional de salud no haya sido atendida. “Actualmente faltan médicos y médicas de familia por la ola de jubilaciones de los primeros especialistas; es un tema sobre el que empezamos a alertar hace 10 años. Entonces, en 2010, había margen de maniobra, pero la falta de previsión y los errores en la gestión han provocado que esa ola se haya convertido en tsunami”, sostiene.

Los bajos salarios son otra de las razones de las movilizaciones. “Francia, Inglaterra y Alemania tienen el doble o el triple de sueldos”, lamenta Pozo, del CESM. Esta baja retribución, la sobrecarga de trabajo –“hay médicos de familia que ven 60 pacientes en una mañana porque como no se cubren las bajas, te ponen 30 de tu cupo y 30 del compañero. Más las urgencias que llegan a la consulta y las a domicilio”, cuenta una médica de familia de Castilla-La Mancha–; la precariedad laboral –contratos por día, horas y cuatro meses– o las peores condiciones de conciliación y formación hacen que se produzcan trasvases entre comunidades, que se vayan a la sanidad privada, al extranjero o que rechacen zonas rurales, costeras o Madrid.

“Cada vez tenemos más fugas de talento al exterior, dadas las condiciones laborales y salariales que existen en España, y esto es peligroso si recordamos los 70.000 médicos que se van a jubilar dentro de poco”, recuerda Sánchez, de CTO.

Martín, de Semfyc, considera que en el sector público hay que equipar el salario medio bruto del médico de familia, 69.880 euros en 2020, al del médico especialista, 76.477. Además, incide en que más allá del problema retributivo, hay otro de fondo: la sobrecarga laboral y la necesidad de optimizar el número de profesionales. “Hay que dar estabilidad, evitar la sobresaturación y prestigiar la especialidad”, subraya.

Más plazas MIR, ¿la solución?

Pozo, del CESM, cree que ayuda en el largo plazo, no a corto, y carga contra la prueba exigida a los profesionales, “no debe existir una nota de corte porque ya son médicos. El examen debe ser para colocarlos en orden: el que más preguntas saca es el primero y el que menos, el último”, y el nuevo sistema de elección telemática, que no es en tiempo real, “hace una asignación, no una elección de plaza”.

Y atribuye a esta decisión que 311 plazas se quedaran desiertas en 2021.“Si la cojo y al mes de incorporarme no me gusta y me voy, no queda cubierta ese año”, explica. Sánchez, de CTO, opina que “es lícito no querer elegir una que no sea de tu agrado. Una causa es la precariedad laboral y las malas condiciones retributivas, sobre todo en atención primaria”.

Si bien desde 2016 el número de plazas MIR ha aumentado progresivamente, Sánchez resalta una paradoja. “No puede ser que el número de egresados por facultad crezca en un porcentaje más alto que el aumento del número de plazas ofertadas por año”. Y con respecto al cupo de extranjeros, que ya se ha aumentado del 4% al 6% de las plazas, cree que lo ideal es que pudieran quedarse y seguir aportando conocimiento y valor al sistema nacional de salud, tras su periodo de formación.

Propuestas a corto y a largo plazo

Mejora de los incentivos, no solo económicos; conceder tiempo y recursos a atención primaria, eliminar la burocracia (los médicos se quejan de que asumen muchas tareas administrativas, como la gestión del alud de bajas por la pandemia); recuperar los tiempos de consulta, 10 minutos por paciente, y ver un número limitado para no sobrecargar las urgencias hospitalarias; más recursos a la sanidad y que se planifiquen las necesidades del sistema, reclaman desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos.

Desde el Colegio Oficial de Médicos, que prepara varios informes sobre esta problemática, creen clave propiciar un debate que involucre a médicos, asociaciones de pacientes y a la sociedad española para una reforma profunda del sistema sanitario. Desde CTO sugieren mejorar el modelo sanitario y hacer un estudio claro sobre sus necesidades.

En la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria están convencidos de que los problemas en atención primaria se resuelven con más atención primaria y con su vertiente comunitaria. “Hay que cambiar el modelo y evolucionar en cuestiones tan importantes como la creación de equipos en base al principio de subsidiariedad, el desarrollo de competencias de todos los perfiles, la creación de carteras de servicios óptimas y la inversión en transformación digital de los centros”, detallan. 

Y ponen un ejemplo: “Si todos los médicos de familia  tuvieran un ecógrafo en consulta, se podría reducir en un 60% las derivaciones hospitalarias”. Además, recalcan el tema burocrático. “Es un sinsentido formar a médicos especialistas durante 10 años para tenerles haciendo certificados o para que se ocupen de procesos de renovación de partes de incapacidad temporal”. Por todo esto piden un pacto para su sostenibilidad y calidad y una ley específica.