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La Audiencia investiga una querella de 600 afectados por las supuestas irregularidades de Abengoa

Los inversores señalan a la antigua cúpula y cifran el perjuicio en casi 32 millones

Una torre de Abengoa en la planta solar de Sanlucar la Mayor, en Sevilla.
Una torre de Abengoa en la planta solar de Sanlucar la Mayor, en Sevilla.
CINCO DÍAS

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Ismael Moreno ha acordado este lunes la incoación de diligencias previas tras la presentación por parte de 594 supuestos afectados por las presuntas irregularidades que se habrían cometido en el seno de la multinacional española Abengoa y que habrían supuesto pérdidas de casi 32 millones de euros.

Así lo ha confirmado a Europa Press el despacho Iuris&Factor, encargado de la querella de más de 50.000 páginas de documental, que también ha solicitado al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 la apertura de una pieza de responsabilidad civil, medidas cautelares y que se practiquen más de un centenar de diligencias.

La firma considera que sus clientes, pequeños inversores que invirtieron sus ahorros en Abengoa, se han visto afectados por la comisión de presuntos delitos de falsedad documental, estafa, administración desleal, alzamiento de bienes, insolvencia punible, corrupción entre particulares, estafa de inversores y de falsificación de documento privado entre otros.

El despacho señala como presuntos autores de los mismos a 24 personas, entre las que se incluyen el expresidente de Abengoa Gonzalo Urquijo y varios exmiembros del consejo de administración como los exministros Josep Borrell y Josep Piqué. Además, la querella también señala al Banco Santander, a Abenewco y a Terramar.

"La historia reciente de las pérdidas millonarias de todos los accionistas minoritarios que, en concreto y para nuestros clientes, superan los 31.900.000 de euros, es la historia de una maniobra para descapitalizar la empresa y pasar las líneas rentables de negocio a otras mercantiles, filiales, arrebatándole el control, que ha culminado, desgraciadamente, de forma exitosa", relatan desde Iuris&Factor.

El despacho asegura que "todo comenzó tras las reestructuraciones financieras de la empresa, que supusieron la asunción de pérdida de valor del capital flotante del 95%, es decir de los inversionistas que adquirieron sus acciones en bolsa, y el traspaso de ciertos activos a empresas de nueva creación que finalmente fueron, Abengoa Abenewco 2 SA, Abengoa Abenewco 2 Bis SA y Abengoa Abenewco 1 SA".

Perjudicados y beneficiados

"Pero manteniendo buena parte del pasivo en Abengoa SA, favoreciendo a ciertos acreedores, en perjuicio de los intereses que institucionalmente deberían haberse protegido, a Abengoa SA y a sus inversionistas minoritarios", añade el despacho, que apunta "que si salieron perjudicados es porque otros fueron beneficiados, otorgándoles instrumentos financieros para hacerse con la titularidad de empresas rentables de Abengoa".

La firma señala que ahora, en sede concursal, en el que se encuentran 26 filiales junto con la matriz Abengoa Abenewco 1 SA, "se pretende transmitir a terceros el negocio que había sido de Abengoa SA, sus unidades productivas, sin que lo obtenido sirva para sufragar las pérdidas de los accionistas de Abengoa".

"En los últimos años, se compraron voluntades y se preparó al menos un entramado con un objetivo, hacerse con la mayor parte del patrimonio de Abengoa, despojando a los accionistas minoritarios de lo que les pertenecía por su condición de tales. Ahora tras la quiebra de Abengoa, su disolución y en su liquidación, el valor que tiene Abengoa sobre las filiales que titulan las actividades de negocio rentables, ha quedado reflejado en el plan para su liquidación en sede concursal, y es textualmente de 0,00 euros", denuncian.

En su querella, el despacho hace referencia a la "discordancia de las actas de las votaciones que aprobaron las reestructuraciones, la entrega de activos a acreedores y su reventa en poco tiempo con impúdicas plusvalías, el pago de favores a ciertos consejeros, el intento de venta del patrimonio de Abengoa a empresas insolventes, en la que, incluso una de ellas cobró por el simple hecho de ofertar".

"Engaño a los inversionistas"

Asimismo, en el escrito "se relata ese fin de despatrimonialización en perjuicio de los propietarios de Abengoa, incluidos los planes I y II llamados del Vellocino" que, según el despacho "pretendían unos el oro a costa de la miseria de los otros; la toma de acuerdos societarios en perjuicio propio y en beneficio de terceros".

"Se presentan otros hechos para su investigación como la firma dubitada que han marcado el decurso de la empresa, en particular, la solicitud de concurso; la información privilegiada de la que se han prevalecido ciertos consejeros, las sanciones de la CNMV por no presentar la empresa sus cuentas anuales, inaudito en cualquier país de nuestro entorno, con el propósito de que terceros no pudiesen conocer la realidad de la empresa provocando error, por engaño, a los inversionistas", explica el bufete.

Adicionalmente, se hace hincapié en la presunta existencia de "uno o varios entramados para enriquecerse con la destrucción de Abengoa SA", un mecanismo que se habría utilizado para llevarse "por delante, el patrimonio y las esperanzas de quienes habían confiado en las promesas de los consejeros que animaban a invertir a los que crédulamente las creyeron".

Investigación paralela

Cabe recordar que el juez Moreno se encarga, de forma paralela, del caso conocido como 'Abengoa II'. En el mismo, investiga si dos filiales del grupo --Abengoa Solar y Abengoa Bioenergía-- habrían ocultado mediante "artificios" su realidad económico-financiera en los ejercicios de 2014 a 2016, que contendrían "groseras inexactitudes" con efectos perjudiciales para socios, accionistas y terceros.

El juez sospecha que de forma sistemática se habrían ocultado sustanciales pérdidas de activos e incluido certificaciones de obras no suficientemente acreditadas --por valor de al menos 4.514 millones de euros-- para provocar una "notable alteración de la real apariencia de la situación económico-financiera de la entidad". Según ha explicado el despacho Iuris&Factor, se espera que los hechos que se relatan en su querella se investiguen de forma independiente a estos últimos por su disparidad.

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