Aena depende ya de una solución regulatoria para salvar su sobrecoste eléctrico

La CNMC vetó una revisión tarifaria para 2023 basada en el coste real del suministro, mientras la factura sube en 150 millones hasta septiembre

Infografía: Belén Trincado

El coste energético resalta como uno de los principales problemas de Aena en el tramo final del año. La compañía tiene en análisis la contratación de coberturas sobre el precio de la electricidad, tal y como le aconsejó la CNMC, pero se trata de una solución cara en estos momentos. El nuevo plan estratégico, que verá la luz el miércoles, aborda la cuestión con la apuesta por el autoconsumo, que se conseguirá en 2026, pero hasta entonces la compañía mira a Aviación Civil. Solo un cambio regulatorio puede aliviar esta carga ahora.

Al cierre del tercer trimestre, Aena había engordado sus gastos operativos hasta los 1.566 millones, 462 millones más que en el periodo comparable. La partida “otros gastos de explotación”, en la que se incluye la energía, se disparó un 66% o en 431 millones, lo que dejaba entrever una mayor actividad aérea y el salto en de la factura de la luz. Esta última sumaba 220 millones a 30 de septiembre, lo que supone un aumento de casi 150 millones respecto a septiembre del pasado ejercicio.

Pese al derecho de recuperar sus gastos de explotación a través de las tarifas que cobra a las aerolíneas, Aena tiene vetado por la CNMC, en resolución del verano, repercutir buena parte de este coste extra sufrido en sus aeropuertos. El supervisor de las tarifas aéreas permite la actualización teniendo en cuenta la variación del índice de precios industriales, IPRI (Clase 3514. Comercio de energía eléctrica), que publica el INE, rechazando el del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), al que Aena tiene indexado sus contratos eléctricos.

La norma recoge la revisión del precio energético basado en el índice IPRI del INE

Al calcular las tarifas de 2023, Aena demandó la aplicación excepcional de la tasa de variación real de los costes unitarios de la energía, pero la CNMC fue tajante al rechazar cualquier revisión distinta del IPRI al no estar reflejada esa posibilidad en la Ley 18/2014 que introduce el conocido como índice P, que recoge las fluctuaciones anuales en precios de inputs fuera del control del operador, pero que afectan a su actividad regulada.

De hecho, Aena trató de demostrar la excepcionalidad argumentando que el Gobierno ya había dictado varios reales decretos leyes para amortiguar el incremento de precio de la electricidad en los mercados mayoristas en 2021. Y esa batería normativa solo puede aprobarse ante un caso de extremada urgencia.

Corsé normativo

Aena fijó en septiembre de 2021 su senda tarifaria para 2022-2026. Entonces la incógnita era determinar cuándo se produciría la recuperación del tráfico tras la pandemia, pero no se avistaba el riesgo de un conflicto bélico y su repercusión en unos costes energéticos que ya subían. Por tanto, la base tarifaria no incluye ni de lejos las actuales cargas de Aena. Eso sí, ejercicio por ejercicio tiene la oportunidad de actualizar los precios que cobra a las aerolíneas con el citado índice P, que también recoge la evolución de los precios de navegación aérea, personal, seguridad, conservación, tributos locales o de la limpieza.

En el caso de la energía, incluida en el subíndice E, Aena repercute la variación de costes con un decalaje de dos ejercicios. Es decir, las tarifas de 2023 incluyen la variación del IPRI entre 2020 y 2021, cuando se produjo una tasa de variación interanual del 19,2%. Muy lejos del aumento real del 135% en sus costes.

El gestor pide la aplicación excepcional de la tasa de variación real del coste

En la resolución sobre las tarifas de 2023 la CNMC “considera que solo sería excepcionalmente aplicable el coste real en el caso en que el índice específico del servicio no recogiera el impacto de la subida de precios y se tratase de incrementos sobre los cuales el gestor no tuviera ninguna capacidad de previsión o negociación”. Y es en este punto donde se recuerda a la empresa pública la posibilidad de contratar coberturas de riesgo.

El supervisor también lanzó un mensaje desaconsejando cambios regulatorios: “Estas decisiones [por la contratación de coberturas] son, de hecho, las que pretende el legislador que Aena se plantee y adopte, en su caso, comportándose de la manera más eficiente posible, sin esperar que la normativa le cubra de toda eventualidad y todo riesgo”.

El consumo de Aena ronda los 950 gigavatios hora procedentes de fuentes renovables. Su principal suministradora es Endesa, con cinco de los siete lotes. Los otros dos los tiene Iberdrola.

Las aerolíneas dejan de pagar los 0,8 euros por viajero por ‘costes Covid’

El incremento del tráfico aéreo de los últimos meses en la red de aeropuertos de Aena acaba de tener una derivada igualmente positiva para las compañías aéreas: dejarán de pagar por el momento los costes incurridos por Aena para frenar el Covid-19.

El director general del negocio regulado de Aena, Javier Marín, se ha dirigido por carta a las aerolíneas para indicar que “el importe de los gastos Covid a recuperar se alcanzará a lo largo del mes de noviembre, por lo que Aena dejará de facturar dichos gastos a partir del próximo 1 de diciembre”.

Las usuarias de los aeropuertos españoles pagan 0,80 euros por viajero desde el 1 de marzo de este año, tal y como se acordó en el periodo de consultas que el gestor aeroportuario mantuvo con las compañías para calcular las tarifas de 2022. Se trataba de reintegrar los 138 millones de euros que Aena dedicó entre enero de 2020 y septiembre de 2021 a acciones como la instalación de paneles informativos y mamparas, la señalización sobre la distancia de seguridad, la adaptación de los baños y un largo etcétera. También se incluían los gastos para reforzar los controles sanitarios que ya venía realizando Sanidad Exterior.

Esos 0,80 euros, que Aena ha podido cobrar en virtud de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de Medidas Urgentes de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria, fueron estimados en función de una previsión del tráfico que ha sido superada tras un verano de explosión en la demanda de viajes.

Durante todo este tiempo, las aerolíneas han demandado sin éxito al Gobierno que corriera con esos costes vía subvención, que era otra de las posibilidades que contemplaba la citada ley. Desde la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) se estimó que las tarifas podrían haber bajado un 10,99% en 2022, en lugar de hacerlo un 3,17%, de no haberse imputado el citado coste de los controles y medidas de seguridad e higiene.

A Aena le restan por repercutir 56,8 millones de euros en acciones por el coronavirus, soportados desde el mes de octubre de 2021 hasta marzo de este 2022. En este caso, las tarifas aplicables a partir del 1 de marzo de 2023 incluirán un recargo de 0,27 euros por viajero que las compañías clientes del gestor aeroportuario tendrán que volver a soportar hasta cubrir la cifra.