Con el gas hemos topado

Hay que distinguir entre el llamado tope al gas para generar electricidad, el de consumo doméstico (TUR) y el que quiere fijar la UE para el precio internacional

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No resultaría extraño que la RAE designara tope o gas (el verbo topar, en el sentido de fijar un límite, no lo recoge el diccionario) como palabras del año. Sin embargo, estos nombres, que definen una de las medidas más relevantes contra la crisis energética derivada de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, siguen generando gran confusión. El pasado 15 de junio comenzó a aplicarse, tras más de dos meses de duras negociaciones entre España y Portugal con la Comisión Europea, pero muy especialmente entre los dos Gobiernos ibéricos, un mecanismo temporal para evitar los beneficios extraordinarios que, debido al sistema marginalista del mercado, se embolsan la energía nuclear, la hidráulica y algunas renovables.

Dicho sistema de precios marginales (suspendido desde esa fecha hasta mayo de 2023) implica que estas tecnologías cobran la energía que venden en el pool al precio más alto que resulta casado, esto es, el de la electricidad producida con gas natural que, pese a no suponer ni el 20% de la demanda, venía contaminando el precio final del mercado hasta niveles nunca vistos debido a las restricciones de la oferta por parte de Rusia, primer productor mundial de un combustible que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha utilizado como otra arma bélica. El precio de esta materia prima en los mercados internacionales se ha llegado a disparar hasta los 300 euros/MWh, cuando la producción del gas asociado al petróleo puede tener un coste entre cero y, como máximo, 15 euros/MWh. Y un margen del 5% se considera ya eficiente.

El mal llamado tope al gas, que la Unión Europea autorizó a España y Portugal dentro de la llamada excepción ibérica, sigue generando confusión: no es al precio del gas al que se ha impuesto un límite (las centrales de ciclo combinado siguen recibiendo el que ofertan en el mercado), sino al resto de energías antes citadas (las inframarginales), que solo recibirán un precio medio de 48,8 euros/MWh hasta mayo de 2023.

La excepción ibérica es un parche que solo se justifica por una urgencia. La UE debe abordar una reforma del mercado eléctrico

Aunque por razones técnicas todas las energías cobran diariamente este precio, al gas se le compensa el suyo real a posteriori. Concretamente, a través de la factura de la luz de los consumidores con tarifa regulada (PVPC) y a todos los del mercado liberalizado que hayan renovado o prorrogado sus contratos a partir del pasado 26 de abril, en que entró en vigor la norma de tan enrevesado mecanismo. De ahí la sorpresa de tantos clientes del mercado libre que han visto aflorar una partida en su recibo, por cambio “regulatorio”, al que llaman “el nuevo impuesto” y que, habiendo coincidido con un verano de calor extremo, ha resultado no poco oneroso para muchos ciudadanos: en algunos casos, hasta la mitad de la factura.

Aunque la medida beneficia a los usuarios del PVPC, una tarifa ligada a dolor con el precio diario del pool, esta sigue siendo, según el comparador de la CNMC, la más elevada del mercado, cuando, paradójicamente, se diseñó para proteger al pequeño consumidor. Además, no hay manera de comprobar el beneficio del mecanismo ibérico para estos clientes pues su precio varía cada hora del día y está sometido a una alta volatilidad. Por fin, para enero, el Gobierno va a abordar una reforma del PVPC, mecanismo sin parangón en el resto del mundo y dejará de estar ligado al mercado diario. Una consecuencia positiva colateral de dicha reforma es que los medios dejarán por fin de informar cada día de los precios de la luz en el pool, que, aunque solo afecta a un 38% de los usuarios (los del PVPC), ha quitado el sueño a una gran mayoría ajena a dichas cotizaciones.

El fuerte acopio de gas para el invierno (la capacidad del sistema gasístico español está casi al 100%) y la caída de la demanda, entre otras razones, por las elevadas temperaturas del otoño y la crisis económica, han provocado que, por primera vez, el precio marginal que marca el gas se haya situado por debajo de los 40 euros y, por tanto, no haya sido necesario aplicar el llamado tope. Una buena noticia para los usuarios que lo financian pero que, según los expertos, no se prolongará en el tiempo.

Estas previsiones que se basan en los precios de futuros del hub español, Mibgas, que marcan para el último trimestre de este año una media de 120 euros/MWh y para 2023, de 123 euros/MWh, frente a los 146 euros/MWh entre julio y septiembre. No faltan, sin embargo, quienes auguran un derrumbe sin precedentes del precio internacional del gas en cuanto se atisbe una solución real a la guerra de Ucrania. Y es que todo lo que supera los citados 15 euros/MWh de coste la producción de esta materia prima “es un precio de guerra” o pura especulación.

Otro tope, este de verdad, es el que se aplica desde hace un año al gas para consumo doméstico. El Gobierno fijó en octubre de 2021 una subida límite trimestral de entre el 4% y el 5% para los consumidores en el mercado regulado, con tarifa de último recurso (TUR). Aunque los costes reales se pagarán a las comercializadoras como déficit tarifario a futuro, con intereses incluidos, por el momento, el gas para calefacción y el resto de usos domésticos no será mucho más elevado que el año pasado. Además de la tarifa semicongelada, los usuarios se beneficiarán de la reciente rebaja del IVA del 21% al 5% decretada por el Gobierno. Amén de la extensión de la TUR a las comunidades de vecinos.

Y hay un tercer tope en ciernes: el que algunos países de la Unión Europea quieren imponer al precio de referencia del principal hub europeo, el TTF holandés. Durante muchos años, ante la falta de liquidez en el mercado del gas, los vendedores y compradores utilizaron como referencia los del petróleo. A medida que aumentó la liquidez, gracias al gas natural licuado (GNL) transportado en barco, se comenzaron a utilizar otros índices (el hub estadounidense, el británico, el holandés y, en España, el Mibgas), habitualmente, el más próximo a la descarga. La posibilidad de que la UE fije un tope al precio del TTF (el más utilizado ahora) provocaría, según algunos analistas, una avalancha de arbitrajes internacionales por parte de los vendedores de gas no europeos, cuyos contratos están acordados al índice de dicho mercado.

Otra discusión comunitaria sin visos de prosperar es la de aplicar la excepción ibérica al resto de países. Dado que se trata de una chapuza, solo justificada por una urgencia temporal y para evitar una reforma precipitada del mercado marginalista, lo razonable es que la UE aborde dicha reforma.