La bola de la obra pública desierta va a más y la CNC ve en riesgo los fondos europeos
El colectivo reclama la exclusión de los contratos de obra de la Ley de Desindexación para recuperar la revisión de precios vigente desde 1965
El sector de la construcción ha vuelto a lanzar esta mañana una voz de alarma a la Administración ante el creciente problema de las licitaciones de obra pública que se están saldando sin ofertas por todo el país. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha detectado 1.455 casos de contratos desiertos por un total de 653 millones en lo que va de año, y su presidente, Pedro Fernández-Alén, lo atribuye a presupuestos de licitación muy bajos y a un ineficaz sistema de revisión de precios de los materiales de construcción.
La CNC ya lanzó esta advertencia meses atrás, cuando detectó 430 contratos desiertos entre noviembre de 2021 y enero de 2022. Pero la bola ha ido a más: en el año móvil, de octubre del año pasado a este septiembre, los proyectos sin ofertantes son 1.939 y sus presupuestos suman 883 millones de euros. “Al margen de este problema, hay obras que se están ralentizando o paralizando mientras los costes de materiales básicos no dejan de subir”, se ha sentenciado desde la patronal, "o se establece una revisión eficaz de precios o se amplían los plazos de ejecución de los fondos europeos, si no no llegaremos a la fecha objetivo de junio de 2026 para agotar el plan de ayudas".
El sobrecoste en la ejecución de obra pública, según la CNC, se ha ido al 33%, ante lo que se urgen medidas de reequilibrio que eviten un mayor quebranto a las empresas que tienen los proyectos en ejecución y hagan que las nuevas contrataciones atraigan competencia a través de ofertas.
“La ejecución de los fondos europeos está en riesgo”, ha aseverado Fernández-Alén en rueda de prensa, a la vista de que muchos de los proyectos varados, promovidos en su mayor parte por Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, cuentan con aportaciones del plan Next Generation.
"Parches temporales"
Todo el sector recibió con esperanza los reales decretos aprobados entre marzo y agosto de este año en que se establecían mecanismos de revisión de precios, pero el tiempo ha demostrado, según las palabras del representante de las constructoras, “que se han mostrado ineficaces y no son más que parches”.
La CNC demanda que los contratos de obra queden al margen de la Ley de Desindexación y, con ello, se restaure la fórmula de revisión de precios que estuvo vigente desde 1965. “El actual mecanismo apenas afecta a proyectos en ejecución en 2021 y 2022, sobre desviaciones del 5% al 20%, y atiende a la variación de solo cuatro materiales, sin tener en cuenta, por ejemplo, el coste de la energía”. De este modo, solo están a resguardo de la inflación de las materias primas un 3% de los contratos en ejecución, según valora el colectivo.
La patronal del sector ha reconocido la “sensibilidad” del Ministerio de Transportes con la problemática que afecta a la contratación de obra pública, pero no encuentra la misma sintonía en Hacienda ni en Economía. Incluso se ha quejado esta mañana de que la Administración General del Estado haya frenado, con amenazas de judicialización ante el Constitucional, la intención de Comunidades Autónomas como Extremadura, Andalucía y Galicia de establecer sus propias disposiciones de revisión de precios.
Revisión de los pliegos
La CNC reclama una revisión de los presupuestos de las obras que salen a concurso porque muchos “forman parte de una biblioteca de proyectos realizados tiempo atrás y que deberían ser actualizados ante la subida de costes”, ha explicado el secretario general de la CNC, Mariano Sanz Loriente.
Sobre la mesa se ha puesto un ejemplo gráfico, como es el del concurso de la ampliación y reforma del Hospital Universitario de Cabueñes, en Gijón. La mesa de contratación de la Consejería asturiana de Salud no tuvo oferta alguna en noviembre, cuando el contrato partía con un presupuesto de 45 millones, y fue declarado desierto. La revisión al alza de esa cifra ha concluido ahora con la adjudicación por más de 65 millones, según se ha relatado ante los medios.
La Comunidad Autónoma más afectada por obras desiertas es Cataluña, con 378 casos y 130 millones de presupuesto. Castilla-La Mancha tiene 226 obras sin ofertas, valoradas en 101 millones; en el País Vasco las licitaciones sin ofertantes son 168 por un valor de 62 millones, y en Andalucía y Castilla y León se han frustrado 147 contratos en cada una de ellas con presupuestos agregados de 105 y 56 millones, respectivamente.
El informe presentado esta mañana en Madrid apunta que la mayor obra sin ofertas tenía un presupuesto de 28 millones de euros: la rehabilitación del antiguo hospital El Carmen en Ciudad Real.
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