La cadena agroalimentaria avisa: no podrá aguantar otra huelga del transporte por carretera
La Plataforma en Defensa del Transporte llama a una consulta para reactivar los paros de marzo
La pequeña asociación que paró el transporte de carga por carretera en España entre el 14 y el 30 de marzo, la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera, vuelve a advertir de posibles movilizaciones a la vuelta de la esquina. El colectivo ha convocado una consulta a los transportistas y conductores en todo el país este domingo para determinar si se reactiva el paro.
La reacción de los cargadores ha sido inmediata asegurando que un nuevo conflicto en las carreteras sería insoportable para sus sectores, la sociedad y la economía. Organizaciones agrarias como Asaja, Coag y UPA; cooperativas agroalimentarias, y las asociaciones empresariales FIAB, Aecoc, ACES, ANGED, Asefas, Cedecarne, Fedepesca y Hostelería de España y Marcas de Restauración, han firmado un comunicado conjunto mostrando “máxima preocupación” desde la cadena agroalimentaria y la industria.
Representantes de la plataforma de transportistas mantuvieron un encuentro el jueves de la semana pasada en el Ministerio de Transportes para trasladar sus reivindicaciones y exigir el cumplimiento de los compromisos que la ministra Raquel Sánchez adquirió en marzo para el levantamiento de la huelga. De la negociación entre Gobierno y sector salió hace tres meses la bonificación de 20 céntimos por litro de gasoil entre el 1 de abril y el 30 de junio; la devolución mensual del gasóleo profesional, y ayudas por 1.600 millones a las empresas de transporte, entre otras concesiones. Además, se puso en marcha la maquinaria legislativa para sacar adelante la Ley que aplique al sector del transporte los principios de la ley de la cadena alimentaria. E reto es evitar un abuso de la subcontratación e impedir que se abone por los servicios un precio inferior al de sus costes.
Entre los asuntos urgentes se destaca ahora desde la plataforma de transportistas el del cobro de las horas de espera en operaciones de carga y descarga, garantías de que los conductores no participan en las mismas, la jubilación a los 60 años, o la entrada en vigor de la citada Ley que evita los servicios a pérdidas. Como mar de fondo ruge el imparable incremento en los precios del carburante.
En un comunicado de la plataforma sobre el resultado de la reunión con el ministerio se puede leer que “los transportistas estamos hartos de promesas que no terminan de ser efectivas y que a pesar de la publicidad que desde el Comité Nacional de Transporte pretenden vender, nosotros los afectados principales no terminamos nunca de palpar materialmente”. El colectivo dice seguir al margen del “juego sucio” del citado Comité, que es interlocutor válido por Ley para el Ministerio de Transportes en lo que afecta al transporte de mercancías por carretera.
También se carga contra las comisiones “abusivas” cobradas por muchos cargadores y se avisa de que “se hace imposible que podamos replantear mantener la actividad en los próximos meses”. De salir adelante una movilización en las votaciones que tendrán lugar este domingo, la plataforma supedita la convocatoria a que se llegue al 30 de este mes sin una Ley o Decreto Ley “que proteja nuestros costes de explotación cuando realicemos un servicio”.
Crisis sobre crisis
Las protestas de marzo por idénticas cuestiones motivaron problemas de abastecimiento en mercados, supermercados y en la industria, además de dificultar la salida de mercancías de los puertos y del campo. A la protesta de la plataforma, inicialmente minoritaria, terminaron sumándose asociaciones como Fenadismer, Fetransa y Feintra, colectivos del taxi, de vehículos de alquiler, empresas de ambulancias y autobuses de transporte discrecional. La situación rozó el caos.
Las asociaciones empresariales y organizaciones agrarias han recordado que el abastecimiento de productos de alimentación, y el propio acceso a esos bienes, son derechos y servicios esenciales. Durante ese marzo caliente, el Ministerio del Interior tuvo que proteger con fuerzas policiales a los transportistas que prestaban sus servicios durante la huelga.
También se remarca que los productores agrarios se encuentran en plena campaña de fruta de verano y que puede verse afectada la exportación con el consiguiente impacto en el prestigio. Además, existe el riesgo de pérdida de productos alimenticios y carencias de los mismos en todo el país en plena temporada alta para el turismo.
La cadena agroalimentaria destaca que la inflación desbocada afecta a toda la economía y hogares, haciéndose “un gran esfuerzo para tratar de repercutir lo menos posible al consumidor el alza de los precios de la energía, del coste del combustible y sus derivados como los fertilizantes, del precio y la dificultad de acceso a las materias primas, de la presión fiscal y el coste regulatorio que sufre el sector", y se añade que "algunas cadenas de suministro no han podido aún recuperarse” de los efectos del anterior paro del transporte.
Los firmantes concluyen pidiendo a todo el sector del transportes “que no sometan a la sociedad a una nueva amenaza y que tengan en consideración la difícil situación en la que se encuentra un sector esencial, como es el agroalimentario, que trabaja para garantizar en todo momento el abastecimiento de alimentos y de productos esenciales a toda la sociedad en cualquier rincón del país”.
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