Cuando declarar no basta para preservar

España es el país que más aporta a la Red Natura 2000, el 27% de su territorio, pero la diversidad de figuras y los problemas de gestión reducen su eficacia

Infografía: Belén Trincado

La ecologista mexicana Julia Carabias, una de las autoras del informe Hacer las paces con la naturaleza, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), sostiene en un vídeo publicado por la agencia que el instrumento de política pública más efectiva para conservar la biodiversidad es la creación de espacios naturales protegidos. Es decir, grandes extensiones de territorio donde las especies puedan relacionarse libremente con la menor intervención humana posible.

La celebración este 5 de junio del Día Mundial del Medio Ambiente es una buena oportunidad para evaluar el uso que España hace de esta herramienta.

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En todo el mundo existen 271.791 áreas protegidas que ocupan alrededor de 50 millones de kilómetros cuadrados y cubren 245 países, según datos a junio de Protected Planet, plataforma del PNUMA y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Europa es la región que más aporta a esta contabilidad, con 162.401 en 62 países, seguida por América del Norte (52.958) y Asia Pacífico (35.652).

España tiene, según Protected Planet, 4.108 espacios que cubren el 28% de su superficie terrestre y el 13% de su superficie marina, información que difiere de la oficial debido a diferencias metodológicas. De acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), el alcance del territorio protegido sería del 36% y el 12%, respectivamente.

En cualquiera de los dos casos, España cumpliría la recomendación de la UICN de que se proporcione amparo legal al 10% de la superficie terrestre y marina como mínimo.

El logro es parcial en el caso de la Estrategia Europea de Biodiversidad 2030, que establece que en ese horizonte cada país socio de la UE alcance un 30% de cobertura tanto para la superficie terrestre como marina. “En estos momentos cumpliríamos con los objetivos terrestres, mientras que queda trabajo por hacer en la conservación efectiva del ámbito marino”, afirma Rafael Mata, presidente de Europarc España, foro profesional donde se discuten propuestas para la mejora de las áreas protegidas.

Según Europarc, a diciembre de 2020 había declarados 16 parques nacionales, 152 parques naturales, 291 reservas naturales, 359 monumentos naturales, 61 paisajes, 2 áreas marinas y más de 800 espacios con designaciones autonómicas. A estas categorías locales hay que sumar las de instrumentos internacionales como la Red Natura 2000, el programa de conservación estrella de la Unión Europea, o las reservas de la biosfera y los geoparques de la Unesco.

Ventano del Diablo, en la Serranía de Cuenca. La superficie de este parque natural se amplió ligeramente en junio de 2020.Getty Images

Muchos de estos valores coinciden en todo o en parte, es decir, que físicamente se superponen, aunque los niveles de protección no son los mismos. “Esto genera un verdadero caos administrativo que necesita ser abordado de una forma transversal”, dice Alberto González, investigador del Instituto de Geociencias y Medio Ambiente de Grenoble (Francia).

La diversidad de figuras legales no solo no ayuda a conciliar la estadística nacional con la de Protected Planet, sino que también puede causar confusión en la ciudadanía sobre lo que se puede y no se puede hacer dentro de cada una de ellas.

“Hay actividades como la caza o la pesca que están prohibidas dentro de los parques nacionales, pero que dentro de la red Natura 2000 sí están permitidas mientras no dañen los hábitats o especies que intenta proteger”, explica Theo Oberhuber, coordinador de proyectos de Ecologistas en Acción. Otro tanto ocurre con la explotación forestal intensiva, que bajo ciertos límites es posible dentro del programa europeo, pero no dentro de un parque natural español.

Calidad, no cantidad

De ahí que lo importante no radique tanto en que España sea el país socio de la UE que más superficie aporta a la Red Natura 2000 –más de 22 millones de hectáreas, el 27% del territorio español–, sino en la gestión que se hace de ella y de la gran diversidad de instrumentos, considerando, además, que el máximo nivel de protección corresponde a los parques nacionales, que solo ocupan el 0,8% del territorio.

Las cifras

4.108 espacios naturales protegidos tiene España, de acuerdo con la base de datos autorizada por la ONU Protected Planet. Estas zonas dan cobertura al 28% de la superficie terrestre del país y al 13% de la marina.

66 millones de euros es el presupuesto total que recibió el conjunto de la red de parques nacionales, los de máxima protección, en 2019. La cifra supone una caída frente a los 100 millones de 2015.

43.661 millones es el beneficio económico que la conservación de los espacios incluidos en la Red Natura 2000 reporta para la ­sociedad española, según el Miteco.

“Desde nuestro punto de vista, la gestión es uno de los principales problemas”, comenta Oberhuber. “Por un lado, el reparto de competencias hace que esta recaiga en las comunidades autónomas y, como no se han establecido criterios comunes, en cada territorio el modelo es diferente. Y por otro, una parte importante de los espacios carece de planes de gestión adecuados o, si los tienen, se quedan en el documento y no terminan de aplicarse”, sostiene.

La reducción de los presupuestos que se destinan a su cuidado tampoco ayuda. De los más de 100 millones de euros con que contaba toda la red de parques nacionales en 2015 se ha pasado a unos 66 millones en 2019.

De acuerdo con Europarc, el 93% de los parques nacionales y el 88% de los naturales cuentan con un plan rector de uso y gestión, mientras que en el caso de los espacios incluidos en la Red Natura ese porcentaje llega al 80%. “Lo cierto es que muchos de ellos se han aprobado recientemente y se están empezando a desarrollar”, apunta Mata.

Para Oberhuber, la prueba palpable de que la cobertura no está siendo eficaz es que, si bien el número de zonas conservadas crece –solo en 2019 se declararon 31 nuevos espacios–, la pérdida de biodiversidad en España no se ha detenido y hay especies, como el urogallo o el gato gigante, que están a punto de extinguirse. “Y eso sin hablar de los insectos polinizadores, de los que dependen el 70% de los cultivos de nuestro país”, avisa.

El presidente de Europarc asegura que las presiones y amenazas que sufre la red tienen su origen en ciertas prácticas agrícolas, el urbanismo, la silvicultura y las invasiones biológicas. “La conservación efectiva de los hábitats y de las especies puede ser harto complicada en un marco o modelo territorial en el que priman actividades altamente impactantes”, puntualiza.

Los guardianes se rebelan

Las situaciones más polémicas se dan cuando las mismas autoridades no respetan los planes. Un caso muy sonado es el del embalse de Valdecañas, en la provincia de Cáceres. A pesar de que sus 7.178 hectáreas forman parte de la Red Natura 2000 y son una zona de especial protección de aves, la Junta de Extremadura aprobó en 2007 la construcción de un complejo turístico de lujo sobre una isla en medio del pantano. En febrero de este año, después de 14 años de litigio, el Tribunal Supremo ordenó la demolición del resort.

El Supremo ha ordenado la demolición de un ‘resort’ levantado en un embalse protegido en Extremadura

Ecologistas en Acción ha denunciado que, a raíz de esta sentencia, representantes de los Gobiernos de 13 comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, Valencia y País Vasco), además de Ceuta y Melilla, han firmado en abril un manifiesto en el que piden una reforma de la legislación para impedir que los jueces anulen sus planes urbanísticos por “vicios formales”.

En el manifiesto, las Administraciones critican el fallo desfavorable al proyecto de Valdecañas, argumentando que la normativa no determina una ordenación urbanística única para todos los suelos incluidos en la red porque eso “limitaría de forma grave las posibilidades de desarrollo y progreso socioeconómico” de los municipios ubicados dentro de las zonas resguardadas.

Retorno económico

Pero Ecologistas en Acción desmiente que conservación y desarrollo sean conceptos enfrentados, como lo demuestra el hecho de que por cada euro invertido en la Red Natura se obtiene un beneficio bruto de al menos 22 euros, según el último informe del Miteco. En el reporte oficial se calcula que el retorno del programa ronda los 43.661 millones de euros anuales, el 4% del PIB español. Además, evita la liberación a la atmósfera de 1.546 millones de toneladas de carbono, el equivalente a 17 años de emisiones.

La ampliación del aeropuerto de Barcelona se paralizó para proteger una laguna cercana

Los españoles también han sido testigos de Administraciones que renuncian a inversiones millonarias porque comprometen entornos protegidos. El ejemplo más encomiable ha sido la oposición de la Generalitat de Cataluña a la ampliación del aeropuerto de Barcelona porque la pista invadiría terrenos de La Ricarda, una laguna que integra la Red Natura por la riqueza de su biodiversidad, que incluye juncos y aves en peligro de desa­parición.

Ante la oposición autonómica, el Gobierno paralizó la obra, de 1.700 millones de euros, en septiembre pasado. “Gracias a esa decisión, el humedal se ha salvado, pero veremos por cuánto tiempo, porque en esa zona hay muchísimos intereses y las presiones van a continuar”, valora Oberhuber. En ecología, las victorias son temporales; las derrotas, definitivas.

La presión urbanística

Anillos. En los últimos 30 años se ha duplicado el suelo urbano asentado en los linderos de los espacios protegidos en España, según un estudio publicado en mayo por investigadores de las universidades Autónoma de Madrid, de Grenoble (Francia) y de Jaén. Así, de los 644 kilómetros construidos alrededor de los parques que había en 1990, se ha pasado a los 1.082 kilómetros en 2018.

Invasores. Alberto González, uno de los autores del estudio, explica las consecuencias del fenómeno: “En principio, el aumento de residencias en los entornos naturales está relacionado con un aumento de presencia de especies invasoras; por lo tanto, se genera un impacto negativo en el medio. Por otro lado, la superficie urbana acarrea ruido por desplazamientos, contaminación lumínica e impermeabilización de los suelos”.

Hiperconectados. El investigador recalca que, por mucho que se designe un área protegida, la naturaleza no entiende de límites. “Los territorios son sistemas hiperconectados y no se puede entender lo que sucede en un punto sin comprender lo que ocurre en otro, por muy lejos que esté. La primera ley de la geografía dice que lo más próximo es más importante. Por tanto, cuanto más se presionen las áreas protegidas desde su frontera, más efectos se verán en ellas”, expone. Cita el caso de la sierra de Guadarrama, “donde esto es más que evidente”, ya que recibe la enorme presión de la vecina ciudad de Madrid.

Enfoque sistémico. González sostiene que es necesario repensar lo que estamos haciendo en los espacios no protegidos para introducir una perspectiva más sistémica que entienda que, si tocas en un punto del territorio, los efectos se van a sentir a cientos de kilómetros.