El CES critica la bonificación a la gasolina por “regresiva” y contraria a la transición verde
Pide medidas compensatorias específicas para los hogares con rentas más bajas
El Consejo Económico y Social de España (CES) ha cargado contra la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible que disfrutan todos los contribuyentes desde el pasado mes de marzo y que podría prorrogarse más allá del 30 de junio. En la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de 2021, presentada este miércoles, el órgano consultivo resalta que la economía española se encuentra entre dos aguas. A un lado está la corriente expansiva iniciada tras el golpe inicial de la crisis sanitaria del Covid-19. Al otro, una vertiente cada vez más adversa y que coge fuerza ante el encarecimiento de los precios de la energía, unas tensiones geopolíticas que continúan al alza y la dificultad de controlar la espiral.
En este contexto, explica el CES, una de las medidas más relevantes para combatir la escalada inflacionista "ha sido la fijación del precio máximo del gas para la generación de electricidad y así controlar el aumento de los precios". También se ha previsto una bonificación extraordinaria para todos los usuarios de 20 céntimos por litro de combustible que, sin embargo, "ha resultado ineficaz en su objetivo de reducción de precios, además de tratarse de una medida fiscal regresiva que choca con el objetivo de descarbonizar la economía".
El aviso del CES se produce un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya abierto a la puerta a la prórroga de las medidas que componen el plan de choque impulsado para combatir los efectos provocados por la guerra en Ucrania tras la invasión rusa. De ampliarse, el paraguas de protección estaría vigente durante al menos tres meses más, hasta el 30 de septiembre. Entre las medidas más reseñables, el paquete incluye las rebajas fiscales para abaratar el precio de la electricidad, una bonificación de 20 céntimos al combustible por litro o el establecimiento de un límite del 2% a las revisiones anuales de los alquileres de vivienda. También hay un aumento del 15% en la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y una extensión del bono social eléctrico para beneficiar a 600.000 familias más de las habituales, con lo que se cubre a casi dos millones de hogares. En los tres primeros meses, las medidas han supuesto un coste de 16.000 millones de euros.
El presidente de la Comisión de Trabajo para la elaboración del documento, Raymond Torres, señaló que a falta de conocer el impacto concreto y final de las medidas todo hace indicar que la más útil para combatir la escalada inflacionista ha sido la fijación del precio máximo del gas, "que permite controlar los encarecimientos y reducir los beneficios extraordinarios de las empresas". La bonificación de 20 céntimos por litro en gasolina y diésel, por el contrario, "es ineficaz para controlar los precios, además de ser regresiva por afectar por igual a todos los usuarios y chocar con los objetivos de descarbonizar la economía".
La tendencia al alza de los precios, que se refleja en la escalada del IPC subyacente, junto con la incapacidad de controlar la situación, aseguró Torres, provocará los temidos efectos de segunda ronda. Por todo ello, detalló, la Memoria insiste en la necesidad de "repartir los costes de la crisis" entre empleados y empleadores mediante un pacto de rentas y en hacer uso de mecanismos específicos que alivien el alza de los precios en los hogares más vulnerables.
Resulta obvio, explicó el presidente del CES, Antón Costas, que "la inflación tiene efectos desiguales en los hogares". Por ello, desde el Ejecutivo deberían impulsarse mecanismos de compensación directos y específicos que mitiguen los efectos y el desgaste adquisitivo en los hogares que "están en los tres o cuatro deciles más bajos de renta". La administración española, recordó, tiene capacidad para poder hacerlo impulsando herramientas similares al IMV.
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