Transportes se abre a resolver el impacto de la inflación en los contratos de flota de Renfe
Alstom, Stadler, CAF y Talgo se reparten pedidos por 4.300 millones con presupuestos que han saltado por los aires por el encarecimiento de los materiales
La visita de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, el pasado jueves a la planta valenciana de Stadler finalizó con una declaración en Twitter que sirve de acuse de recibo para una reclamación generalizada entre los fabricantes de trenes: “Nos hacemos cargo de su preocupación por el incremento de costes de producción provocados por la coyuntura internacional”.
La representante del Gobierno tuvo constancia a pie de fábrica de cómo está afectando el encarecimiento desbocado del cobre, acero, aluminio, del precio eléctrivo o la carencia de chips, a una industria que atiende pedidos por más de 4.300 millones de la pública Renfe.
Entre las afectadas están la citada Stadler, Alstom, CAF y Talgo, de donde salen peticiones de mecanismos de compensación. Algo que a primeros de año no entraba en los presupuestos del Gobierno, y que ahora cuenta con apoyo de Transportes y pleno conocimiento en el entorno de la vicepresidenta económica Nadia Calviño. La patata caliente deberá pasar por Hacienda.
Raquel Sánchez dice hacerse cargo de la preocupación entre proveedores de Renfe
Renfe mantuvo en pie sus concursos en plena crisis del coronavirus como palanca de actividad y empleo, pero el posterior problema de inflación está poniendo en riesgo la rentabilidad de los contratos. “Si no se activa un mecanismo de revisión de precios corremos el riesgo de perder mucho dinero”, explica un alto directivo de un proveedor de Renfe.
Lo que no cuadra en los planes de las compañías es el aplazamiento en la producción y entrega de los trenes en busca de un mejor momento económico. Y a la propia Renfe le urge la entrada de este material rodante después de aparcar desde 2007 la adquisición de trenes de Cercanías por la crisis financiera.
Tres meses atrás fue el presidente de Alstom España, Leopoldo Maestu, quien alarmó de la situación en una entrevista concedida a Cinco Días: “La situación para el sector industrial es insostenible; no hay capacidad para absorber estos impactos [por el encarecimiento de las materias primas]. Y retrasar las entregas no ayudaría a nadie. Por ello, lo que pido a Hacienda y Transportes, conscientes de la situación, es que pongan la solución cuanto antes”. Por esas fechas, en Adif ya se incluía la revisión de precios en los contratos de obra, ante lo que el responsable de Alstom urgió que Renfe “lo hiciera también en la parte tecnológica sobre contratos que fueron otorgados con una base de costes de 2019”. Cuando los fabricantes presentaron sus ofertas, el cobre, aluminio, acero y los componentes electrónicos estaban en otra dimensión.
Los cuatro grandes afectados están yendo por separado con sus reivindicaciones pese a distintos intentos de abrir un foro común para canalizar esta emergencia. Los contratos de material rodante de Renfe, que fueron recibidos como maná por todos ellos, carecen de cláusula de revisión de precios, tal y como explicitaban los pliegos. Y el operador no tenía previsto “hacer nada distinto a lo que determinan los correspondientes contratos”, señalaban semanas atrás fuentes de la pública.
Los fabricantes no ven solución en una eventual extensión de los plazos de entrega
Una situación que tiene visos de cambiar tras el guiño de la ministra de Transportes, lo que requeriría el paso del mecanismo de reequilibrio por el BOE con la modificación de la Ley de Desindexación.
Encargos históricos
Renfe ha adquirido en plena pandemia 305 trenes y tiene opciones firmadas sobre otras 178 unidades. La inversión es de 3.228 millones en Cercanías, 241 millones en trenes de ancho métrico, y dedica 673 millones a modelos eléctricos de media distancia y Cercanías. En total, son 4.142 millones en un programa histórico después de que el anterior Gobierno encargara a Talgo 30 trenes de alta velocidad, ya en proceso de homologación y que comenzarán a entregarse en los próximos meses. Se trata del refuerzo ante la liberalización del transporte de viajeros y en busca del esperado salto a Francia.
Entre las principales adjudicaciones entre 2020 y 2021 figuran la de 152 trenes de Cercanías a Alstom por 1.442 millones; el pedido de 59 unidades a Stadler, también para Cercanías, por 988 millones; 40 cabezas motrices encargadas a Talgo por 281 millones para crear nuevas composiciones de alta velocidad, y los 31 trenes de ancho métrico contratados a CAF por 258 millones.
Otro sector en contra de la Ley de Desindexación
Modificación normativa. El sector industrial del ferrocarril demanda la modificación de la ley de Desindexación de 2015 (Ley 2/2015) para permitir la revisión de precios cuando se da un alza en los materiales básicos en los contratos de suministros. En el negocio de las infraestructuras también se reclama una reforma de la misma Ley para evitar que los rendimientos de posibles concesiones estén ligados al bono español.
Temor a la inflación. En la actualidad hay un nuevo pedido a concurso de 57 trenes eléctricos para Cercanías y Media Distancia por 483 millones. Solo CAF ha presentado oferta y en el sector cunde la opinión de que la ausencia de un mecanismo de revisión de precios ha ahuyentado a posibles competidores.
Cambio de planes. Renfe frenó en abril del año pasado dos concursos de flota (72 trenes), por 1.300 millones, para evitar comprar unidades con tracción diésel cuado el Gobierno trata de impulsar políticas de transición energética.
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