Crisis energética

El bono social se amplía pero sigue ligado a la tarifa regulada

600.000 nuevas familias tendrán derecho a los descuentos de la luz

Facturas eléctricas.
Facturas eléctricas.

El Gobierno va a ampliar el número de beneficiarios del bono social de la tarifa eléctrica en 600.000 familias adicionales, hasta un total de 1,9 millones, según aseguró ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Se trata de una de las medidas de un paquete más amplio que el Consejo de Ministros va a aprobar hoy para aliviar los precios de la electricidad.

Aunque el Ejecutivo tenía previsto desligar el bono de a actual tarifa regulada (PVPC), la más afectada por la subida de los precios del mercado mayorista, finalmente, ha optado por mantener el actual mecanismo pues espera una bajada relevante de los precios del pool como consecuencia de la fijación de un tope en el precio de las ofertas de la generación con gas en el mismo. Se prorrogará, eso sí, los descuentos aprobados en noviembre, cuya vigencia termina el 31 de marzo y que pasaron del 25% al 60% y del 40% al 70%.

En estos momentos, existen tres tipos de consumidores con derecho al mismo: los vulnerables, los vulnerables severos y los que están en riesgo de exclusión social, en función de la renta y de determinados requisitos (familias numerosas, discapacitados, jubilados y víctimas de terrorismo o género). Para los consumidores en riesgo de exclusión social, con apoyo de los servicios sociales, la luz es gratuita.

Para recibir el bono social, una familia debe ingresar al mes menos de 1,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem) de 14 pagas en el caso de que no forme parte de una unidad familiar o no haya ningún menor en la unidad familiar (11.279 euros). O dos veces el índice en el caso de que haya un menor en la unidad familiar (15.039 euros). Para ampliar el número de bonista se cambiarán estos parámetros.

Por otra parte, el Gobierno tiene previsto modificar el sistema de financiación del bono social. Hasta ahora los financiaban, como servicio público, las comercializadoras eléctricas, tanto libres como reguladas, que suministran el PVPC y su coste anual ronda los 200 millones de euros. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo anuló en enero esta obligación por considerarla discriminatoria, e impuso que se indemnice a las afectadas con las aportaciones que hayan realizado desde 2018, en que entró en vigor el modelo, salvo las que lo hayan repercutido a los clientes finales el coste del bono, que se repartía en función del número de clientes.

Para atenerse al fallo del Supremo, la reforma incluye la obligación de que todas las empresas del sector, comercializadoras, generadoras, la distribuidoras y la transportista REE, deberán financiar esta ayuda a los vulnerables.

 

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