Las pymes y autónomos del transporte también entran en guerra con la patronal CNTC
Exigen hilo directo con el Gobiermo y cambios en las condiciones de la subcontratación de los servicios
Las pequeñas empresas y autónomos del transporte de mercancías por carretera siguen este lunes en pie de guerra contra el encarecimiento del combustible y la imposición de contratos a pérdidas por parte de las grandes plataformas del sector, según asevera la Plataforma de Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera, promotora de los actuales paros.
La situación, agravada por la invasión rusa de Ucrania, ha enfrentado a los pequeños transportistas con la gran patronal CNTC, que es la que ha vuelto a negociar esta mañana con el Gobierno y a la que no reconocen y descalifican desde la Plataforma. Con el cartel de minoritaria puesto por el Ejecutivo, el colectivo exige interlocución directa en una jornada en la que tres ministras se han sentado con representantes de la CNTC: la vicepresidenta Nadia Calviño, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, y la de Transportes, Raquel Sánchez. El Gobierno ha elevado su representación ante las dificultades que está causando el conflicto.
Mediada la jornada de negociación, Calviño ha asegurado que están tratando medidas concretas y ha trasladado su confianza en que llegue a un acuerdo a lo largo del día. La vicepresidenta económica dice solidarizarse con el sector, al que ha calificado de "estratégico e indispensable".
Para los convocantes del paro, que cumple hoy su octavo día consecutivo, no será suficiente con rebajas puntuales en el precio del gasoil sino que se demanda un nuevo marco para la contratación de los servicios de transporte para evitar el trabajo a pérdidas. Son muchos los que exigen desde hace años la fijación de un precio mínimo referenciado a la evolución del combustible. Una vieja reivindicación que se reconvierte ahora en la adaptación de la contratación de los servicios de transporte a la referencia oficial que marca el Observatorio de Costes publicado trimestralmente el Ministerio de Transportes.
De este modo, se exige al departamento que lidera Raquel Sánchez la regulación de dicho observatorio con la introducción de variables como el precio del combustible, del seguro de los vehículos, los costes de amortización y financiación, los salarios de los conductores, los impuestos aplicables al vehículo, el coste de mantenimiento y reparación e incluso el de los peajes.
El observatorio fue creado en abril de 2021 tras la interlocución entre la Dirección General de Transporte Terrestre, la CNTC y las principales asociaciones de cargadores (Aecoc, ACE y Transprime). Fue el Real Decreto 70/2019 por el que se modificó el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, el que mandató al ministerio de Transportes a poner en marcha este tipo de observatorio de costes tanto para el tráfico de mercancías como de viajeros.
Su objetivo es orientar a los distintos agentes que intervienen en la contratación de los servicios de transporte de mercancías por carretera (transportistas, cargadores y operadores de transporte), en la determinación de las condiciones económicas de los contratos y convenios. De carácter informativo, no interviene en la fijación de precios entre las partes. El Gobierno ya describió el año pasado que el observatorio solo pretendía ser punto de referencia o elemento de juicio para pequeñas empresas en la con figuración de su política comercial.
En la revolución del sistema que busca la Plataforma de Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera también se urge que el pago por el transporte se realice en un máximo de 30 días por Ley y sin posibilidad de pactos en contra. Otras medidas que califican como prioritarias son la habitación de fondos ICO al 0% de interés para cubrir impagos a las transportistas; un mayor control por parte de la Inspección de Transportes para la comprobación del cumplimiento por Ley de los convenios de los conductores asalariados; la creación de un convenio estatal con las condiciones económicas y laborales actualizadas, o la jubilación a los 60 años para conductores profesionales al tratarse de una actividad de riesgo, entre otras muchas reivindicaciones.
Concentraciones y afectación
A escasos kilómetros del centro de Madrid, donde se llevan a cabo las negociaciones entre Gobierno y patronal, hay decenas de camiones protagonizando una marcha lenta en el entorno de San Fernando de Henares. Se ven afectadas las autovías A2, A3, A42 o la M50. Los convocantes cifran en más de 1.500 vehículos el número de participantes.
La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, de la que forman parte Anfac, AOP, Aspapel, Feique, FIAB, Oficemen y Unesid, lleva días hablando de situación crítica y contando los paros de fábricas ante el desabastecimiento de materias primas y la dificultad para sacar las mercancías de los polígonos industriales. También se han visto seriamente afectadas las explotaciones agrícolas y ganaderas, las lonjas de pescado, grandes mercados de abastos, supermercados, etcétera
En este contexto, todo el sector del transporte, incluida la CNTC, está urgiendo la aplicación de principios de la Ley de la Cadena Alimentaria para garantizar que los transportistas no trabajen por debajo de costes. También se exige el adelanto del paquete de medidas para amortiguar la escalada del transporte y que el Gobierno ha anunciado para el día 29 de marzo.
El ministerio de Transportes ha perdido el colchón que le ofrecía la aprobación del Real Decreto Ley 3/2022, por el que se permite trasladar las variaciones en el precio del gasoil a los contratos de transporte o se prohíbe la participación del conductor en operaciones de carga y descarga. Los transportistas que son subcontratados por las grandes plataformas logísticas quieren más.
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