REE financiará también la nueva tarifa social de la luz

El Gobierno aprobará un nuevo modelo de financiación del bono que el Supremo anuló en enero.

El consejero delegado de REE, Roberto García Merino, y la presidenta del grupo, Beatriz Corredor.

Entre las novedades del paquete de medidas que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana para contrarrestar las fuertes subidas del precio de la electricidad y el gas, figuraría una reforma del bono social de la luz al que tienen derecho los consumidores vulnerables (1,2 millones), que quedaría desligado de la tarifa regulada de los domésticos (PVPC) y, por tanto, del precio del mercado mayorista (pool). Se crearía una nueva tarifa social en función del tipo de conumidore vulnerables y con límites de consumo. En paralelo, el Gobierno tiene que aprobar un nuevo modelo de financiación de dicho bono, después de que una reciente sentencia del Tribunal Supremo anulara el que estaba en vigor, que sufragaban todas las comercializadoras eléctricas y suponía unos 200 millones de euros anuales.

El Supremo, que impone que se indemnicen las cantidades pagadas por las empresas desde 2018, año en que se instauró el actual bono social (y que no hayan trasladado al consumidor final), considera que imponer esta obligación a las comercializadoras y no al resto de empresas eléctricas, es discriminatorio.

La única salida que le queda al Gobierno, que se resiste a asumir vía Presupuestos el pago de lo que se considera un servicio público que la ley permite imponer a las compañías, es incluir entre los financiadores, además de a las comercializadoras, las generadoras y las empresas que gestionan las redes eléctricas: las del transporte en alta tensión, Red Eléctrica de España (REE), y las distribuidoras en media y baja tensión. Se da la circunstancia de que las grandes eléctricas del sector que recurrieron el mecanismo de financiación (Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP) deberán asumir también el coste del bono al ser propietarias de las citadas distribuidoras.

Aunque con una diferencia: al tratarse de compañías reguladas, cuya actividad se retribuye a través de la factura de la luz, el coste que les supondrá pagar el nuevo bono se le deberá incluir en su retribución, con lo que este beneficio lo terminarán pagando en parte los consumidores finales en los peajes. Este era el argumento del abogado del Estado para excluir de la obligación a unas empresas que, como REE y el resto de distribuidoras, no tienen clientes y actúan en régimen de monopolio natural. Pero el Supremo lo desoyó.

El nuevo modelo de financiación y, lo que es más importante, la reforma del propio bono, cuyos beneficiarios están ahora obligados a contratar el PVPC para acogerse a unos descuentos que, aunque el Gobierno los ha subido hasta un 40% y 70%, desde el 25% y el 60%, respectivamente, podrían incluirse en el real decreto ley que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana. El bono podría convertirse en una tarifa social de precio reducido, en función del tipo de colectivo vulnerable, y con límites de consumo.