Una ley del Gobierno permitirá funcionar a un 40% de los puntos de carga que hasta hoy no podían usarse

Ahora se puede poner una estación con una simple declaración responsable

VW aplaude la medida que “va en la buena dirección”

Una persona carga un coche eléctrico.
Una persona carga un coche eléctrico.

El sector del automóvil aplaude los últimos cambios legislativos del Ejecutivo para flexibilizar la instalación de puntos de carga públicos. Según cálculos de Aedive, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, el decreto ley aprobado por el Gobierno a finales de diciembre de 2021 que permite la instalación de un punto de carga con una mera declaración responsable, permitirá que el 40% de los puntos de carga actuales puedan empezar a funcionar.

“Incluye varias modificaciones normativas que acelerarán y facilitarán el despliegue de la infraestructura de recarga (...) eliminando y simplificando la obtención de licencias y autorizaciones previas para la instalación de puntos de recarga, sustituyéndolas por una declaración responsable”, señala Arturo Pérez, presidente de Aedive.

En la misma sintonía se mostró el presidente de Volkswagen Group España Distribución, Francisco Pérez Botello, quien advirtió de que a finales de 2023 serán necesarios 70.000 puntos de carga públicos, cuando en la actualidad hay en torno a unos 13.000 (no hay una cifra oficial). “Tenemos que acelerar a fondo, pero hay que reconocer que los pasos dados por el Gobierno [con este decreto] van en la buena dirección”, indicó el directivo de la compañía alemana. Sin embargo, este decreto del 21 de diciembre aún no ha podido desplegarse en su totalidad ya que, advierten desde Aedive, ha pasado desapercibido para muchas administraciones públicas que siguen exigiendo los mismos requisitos que se pedían antes de la nueva ley.

“Se están produciendo una serie de situaciones con algunos Ayuntamientos y otras administraciones que o no conocen, o no interpretan el alcance del RDL 29/2021, lo que hace necesario promover su conocimiento para evitar distorsiones, en especial cuando hay en torno a un 40% de puntos de carga afectados por alguno de los trámites para la obtención de esos permisos y licencias”, añade Pérez.

Además de la mencionada ley, en Aedive destacaron otro decreto que permite que las gasolineras franquiciadas puedan instalar puntos de recarga de otros operadores. Dicha norma, que aprobó el Consejo de Ministros el pasado noviembre, tiene por objetivo dar libertad al titular de las estaciones de servicio abanderadas o franquiciadas para instalar puntos de recarga eléctrica, al impedir que éstos se vinculen al contrato de suministro en exclusiva que mantienen con los operadores de productos petrolíferos que les abanderan.

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