El día después si el Gobierno no logra sacar adelante la reforma laboral: vuelta a empezar
Si el Real decreto no se convalida, decaería y se volvería a la normativa del PP en 2012; pero si sale adelante y se tramita como proyecto de ley, se perdería el apoyo de CEOE
El Gobierno de coalición se ha mostrado siempre tan seguro de que podrá sacar adelante su reforma laboral de una manera u otra en el Parlamento que pocos hasta ahora se han hecho una pregunta: ¿qué ocurriría si el Ejecutivo no lograra los apoyos necesarios para salvar esta norma? Quedan solo diez días para que el Congreso de los Diputados someta a votación para ser convalidado el Real Decreto Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, más conocido simplemente como la nueva reforma laboral pactada entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos.
Los llamamientos de numerosos miembros del Gobierno así como de dirigentes socialistas y de Unidas Podemos a los socios parlamentarios de la coalición de Gobierno son una constante cada día desde la aprobación del real decreto a finales de diciembre. A pesar de este clamor del Ejecutivo por pedir a sus socios de investidura (PNV, ERC y EH Bildu) el apoyo para su reforma del mercado de trabajo, a medida que pasa el tiempo, en lugar de allanarse el camino de la convalidación, este aparece cada vez con más obstáculos.
Y es que, de no lograr el respaldo necesario para convalidar esta norma –que ya está en vigor desde el pasado 29 de diciembre, salvo el capítulo de la nueva contratación temporal que empezará a aplicarse a partir del 31 de marzo–, lo que ocurriría parece claro: el real decreto decaería automáticamente y volvería a estar vigente la reforma laboral aprobada unilateralmente por el Gobierno del PP en 2012, según confirman desde el Ejecutivo. La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también advertía el viernes pasado que esto pasaría. Esto requieriría empezar de cero otra tramitación.
No obstante, es también probable que el Gobierno logre convalidar el decreto y, por tanto siga en vigor, pero, acto seguido, en una votación que se produciría ese mismo día, uno de los grupos decida que el texto se debe tramitar como proyecto de ley y, por tanto, podrían tener cabida modificaciones de la norma ya pactada y en vigor. De hecho, es lo que persigue ERC, quienes, no obstante, para convalidar el real decreto quieren el compromiso escrito del Ejecutivo de que incluirán en el texto la prioridad aplicativa de los convenios autonómicos –como también quiere el PNV y Bildu– y, además, la vuelta a la autorizacion administrativa en los ERE por parte de la autoridad laboral catalana. Pero el Ejecutivo les ha negado esta posibilidad.
Interrogantes
Si no se lograra convalidar la norma o se abriera a incorporar nuevos cambios, se abre un amplio abanico de interrogantes y ninguno halagüeño para el Gobierno de coalición, en el ecuador de su mandato.
El primero de ellos es qué opinaría Bruselas, que, en teoría, ya tiene el acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales para reformar el mercado de trabajo español que exigía como uno de los requisitos imprescindibles (junto a la reforma de pensiones y otros hitos comprometidos) para desembolsar una nueva partida de 12.000 millones de euros de los fondos europeos de reconstrucción. Así, si España tuviera que reiniciar la tramitación de la reforma laboral, incluyendo algún cambio respecto a lo pactado para sumar el respaldo de alguno de sus socios de investidura, con toda seguridad perdería el apoyo de los empresarios a la nueva ley, ya que han reiterado que no aceptarán “ni el cambio de una sola coma”. De hecho, en el Ejecutivo argumentan que el texto no se puede tocar porque tiene ya el aval de Bruselas.
En segundo lugar, una nueva tramitación retrasaría sustancialmente la puesta en marcha de una nueva normativa laboral definitiva, lo que también afectaría a la propia marcha del Gobierno y, sobre todo, podría ser un nuevo golpe para la salud de la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.
Las negociaciones para sacar adelante la reforma ya están tensando de alguna manera esta relación, ya que mientras que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se empeña en lograr los apoyos, o al menos la abstención de sus socios de investidura, varios ministros de la parte socialista han apelado reiteradamente a “todos los partidos” sin excepción, en un guiño a la posibilidad de aceptar, entre otros, el apoyo ofrecido por Ciudadanos.
El diálogo social sigue hoy con los autónomos
Hay prisa. Los responsables de la Seguridad Social volverán a reunirse hoy con las asociaciones de autónomos para intentar cerrar un acuerdo con el colectivo para cambiar el sistema de cotización de estos trabajadores, impidiendo que puedan seguir escogiendo su base de cotización y, por el contrario, que estén obligados a hacer sus aportaciones en función de sus ingresos reales. En el ministerio que dirige José Luis Escrivá hay prisa por aprobar esta reforma, que se ha comprometido a tener lista en el primer trimestre del año y en vigor en enero de 2023.
Fondo público de pensiones. Otra de las reformas que verá la luz próximamente será la regulación del nuevo fondo colectivo de pensiones de promoción pública, que aprobará el Consejo de Ministros ya en segunda lectura y lo enviará al Parlamento.
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